De acuerdo con conocidísimos cánones diplomáticos, resulta del todo improcedente que autoridades de un país se refieran a asuntos de la política interna de otro Estado, máxime cuando se trata de temas no públicos y delicados. Por ello, no fue menor el bochorno que hemos pasado dadas declaraciones, digamos que muy espontáneas del Presidente Rodrigo Chaves sobre la Primera Dama de Guatemala y el estado de la "fiscalía corrupta" de esa nación del istmo.

Lo cierto es que más allá del desmentido del gobierno hermano respecto de la condición de ausencia del país de la esposa del Presidente Arévalo, vale la pena aprovechar el traspié para observar en retrospectiva las inmensas diferencias que existen entre nuestro Ministerio Público y el de Guatemala; esto último a juicio del Presidente Bernardo Arévalo "uno de los principales focos de asedio a la democracia".

Y es que en la dolorosa historia de ese país el gravísimo deterioro del sistema de justicia llevó a una situación de impunidad tal que en el año 2006 luego de un pronunciamiento constitucional el mismo gobierno de entonces acordó con Naciones Unidas la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), con el objetivo de combatir la impunidad, desarticular los cuerpos de seguridad ilegales y los aparatos clandestinos con el fin de luchar contra la corrupción y restablecer el Estado de derecho. La Comisión desempeñó un crucial papel mientras pudo. Casi 13 años. Porque en el año 2019, bajo el gobierno del comediante Jimmy Morales, fue disuelta, expulsada del país. El poder del denominado Pacto de Corruptos, le cortó las extremidades a la Cicig.

Desde entonces y hasta hoy que la Fiscalía está controlada por la poderosa Consuelo Porras la justicia sigue luchando arrodillada, fiscales y jueces honestos han debido huir del país, periodistas sufren asedio y prisión ... En fin, lo que sucede en los denominados "regímenes híbridos" que están solo una categoría por encima de los estados autoritarios.

Lo cierto es que la elección de Bernardo Arévalo a mediados de 2023, en medio de tremendas dificultades devino en una especie de "primavera democrática". Pero el mandatario chapín tiene muy estrechos márgenes de maniobra y reconoce que debe actuar midiendo sus pasos, no por temor, sino para asegurar el mandato tratando de no dejar ningún resquicio que permita su destitución, no sin al menos poder adelantar algunas de las reformas que se necesitan en un sistema tan asediado.

Hacemos una visión retrospectiva de la historia reciente de profunda vulnerabilidad institucional del hermano país con uno de los actores determinantes de la Cicig, su primer Comisionado y ex Fiscal General de Costa Rica, Francisco Dall'Anese Ruiz.