A la Universidad de Costa Rica le estalló una crisis multifactorial reputacional debido al empecinamiento de un grupo en el control del poder, de llevar adelante decisiones desacertadas, dejando de lado criterios técnicos en su gestión administrativa, que han desnudado ante la opinión pública nacional, no solo pugnas intestinas sino también presuntas violaciones legales. Veamos de manera sucinta:

En diciembre 2023 sus autoridades superiores aprobaron -saltándose las disposiciones de la ley marco de empleo público- un nuevo reglamento denominado “Régimen Salarial Académico”(RRSA).

Este hecho provoca enfrentamientos entre los defensores de la concreción de esa anomalía y quienes se oponían, advirtiendo los impactos de la ejecución de un nuevo régimen salarial, cuyo más connotado defensor es don Carlos Araya Leandro, tanto en su cargo como miembro del Consejo Universitario allá por 2023, como desde la silla de rector que estrenó en enero pasado. Ante las críticas crecientes Araya invoca la autonomía universitaria y una supuesta narrativa de ataques en su contra.

La cuestión es que el nuevo reglamento pretendía sustituir el sistema de salarios compuestos y flexibles, por uno de salario global con sus categorías. A simple vista todo parecía bien, pero lo cierto es que la construcción del reglamento no se apegó a criterios técnicos, es decir no tuvo el respaldo indispensable para sustentarlo y, por tanto, no era viable y tan no lo era que jurídicamente se decretó su nulidad absoluta.

Pero el Consejo Universitario por mayoría logró imponer su voluntad al ahora ex rector Gustavo Gutiérrez, quien se vio obligado a ejecutar bajo protesta el reglamento, dejando sin operatividad tres transitorios cuestionados del controversial RRSA.

Ahora sabemos que todo el 2024 se vivió a lo interno en la UCR una batalla campal entre los acérrimos defensores del reglamento y los que apegados a criterios técnicos, jurídicos y éticos lo adversaban (adversan) aunque para sorpresa de no pocos, todo aquello transcurría de puertas para adentro, pues nadie quería un escándalo público, peor aún jugándose un proceso electoral, pues justamente terminaba su período el rector Gutiérrez Espeleta.

Entonces Araya venció en segunda ronda y para sorpresa de nadie emitió una resolución en la que dejó sin efecto la decisión de Gutiérrez que impedía aplicar los transitorios de la discordia. A partir de entonces recrudecen los cuestionamientos de favorecimiento para algunas personas e inclusión en las listas de aumentos a otras que no cumplían requisitos.

Este es un resumen insuficiente y por supuesto aún inacabado, de una larga trama que hoy investiga la Procuraduría de la Ética Pública ante una denuncia por las posibles irregularidades en la tramitación del reglamento. También habrá que esperar lo que señalara en su día la Contraloría General de la República. Es decir, falta mucho, mucho aún para cerrar este amargo episodio.

Lamentablemente, este caso, que no es el único que afecta la transparencia en la gestión de la UCR, pero sí el más sonado de las últimas semanas, deja al descubierto un desdén por la seguridad jurídica y financiera que puede tener implicaciones muy severas para la casa de estudios superiores más reconocida del país con incuestionable afectación a su reputación.

Para abordar este tema conversamos con William Méndez Garita, miembro del Consejo Universitario y una de las personas que desde el inicio advirtió acerca de las implicaciones de estos hechos.