Como bien sabemos, uno de los pilares fundamentales de la democracia es la separación de poderes y su correspondiente balance de pesos y contrapesos que permita controlar el ejercicio del poder. Es decir, aunque las elecciones sean libres y garantizadas (riquísimo elemental) ello no resulta suficiente para darle viabilidad al proyecto democrático.

Ese equilibrio está hoy amenazado severamente en democracias asediadas por el ímpetu de la autocracia populista. Veamos el más reciente caso de los Estados Unidos: Donald Trump no solo está abiertamente enfrentado a jueces federales con algunas decisiones que desobedece, sino que con su mayoría en el Congreso, está desafiando el sistema de contrapesos como nunca antes en la historia de esa democracia, a decir de los expertos.

Hay varios ejemplos que podríamos tomar: el del juez federal de Washington James E. Boasberg que prohibió la deportación de un grupo de venezolanos hacia El Salvador, el del juez Theodore Chuang, que ordenó paralizar el cierre de la agencia de ayuda al desarrollo USAID, la de jueza Ana Reyes que bloqueó la orden para prohibir a las personas transgénero servir en el Ejército, etc.

Más allá de cada caso en particular, lo que está en el centro de la cuestión es un debate sustantivo respecto de, ¿sí los jueces deben poder limitar al Poder Ejecutivo o no? Por supuesto para Trump y su círculo de confianza la respuesta es negativa y a punta de exabruptos rechazan las órdenes que tratan de frenar los ímpetus de las arremetidas de la Casa Blanca. Que los jueces están "fuera de control" "desquiciados" que "no ganaron ninguna elección" para comportarse como se comportan, y en definitiva "no me importa lo que piensen los jueces" como dijo el zar de la frontera, Tom Homan.

En otros contextos, los presidentes autocráticos o con tendencia manifiesta a serlo, tenían un poco más de contención a la hora de burlar los contrapesos al ejercicio de su poder. Incluso tenían preocupaciones de ser castigados en las urnas por hacerlo. El temor es que hoy no sea así, pues sus bases los aplauden por ser "fuertes" y enfrentarse al establecimiento político, digamos que a los "otros con corona".

Tal vez por eso los autoritarios como Trump se pavonean caminando por los límites de sus competencias. Tanto que se atrevió a decir este fin de semana que no es ninguna broma que podría buscar un tercer mandato, cuando eso lo tiene abiertamente prohibido por la Constitución de los Estados Unidos.

¿Qué riesgos corren las democracias con constantes los ataques al Poder Judicial? Para ampliarlo conversaremos con el constitucionalista, Marvin Carvajal.

Con muy diferentes grados y niveles de asedio, en los cinco países del Istmo el ejercicio del periodismo libre e independiente muestra un peligroso retroceso en cuanto a las garantías para el desempeño seguro de la profesión, que obviamente se traduce en una vulneración de las garantías de libertad de expresión y también, de las garantías de acceso a la información y del derecho del público a saber, entre otros.

Esto es lo que concluye el Tercer Informe sobre el estado de la libertad de expresión y la seguridad del ejercicio periodístico en Centroamérica 2024, que confirma que los principales ataques hacia la prensa y los periodistas emanan del poder político.

El estudio analiza a fondo las circunstancias de cada país y destaca una advertencia que enciende las alertas de un presente y un futuro con complejos desafíos para mejorar en la defensa de estas libertades básicas para la convivencia democrática.

Para ampliar y hacer lectura de esta situación conversamos con Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación y con Óscar Jiménez del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información Proledi UCR.

Como sabemos bien, la inseguridad ciudadana y la desigualdad en el acceso a las oportunidades de una educación de calidad son dos de los grandes desafíos que debe encarar el país. Son al mismo tiempo determinantes para la calidad de vida de la población, primordiales para mejorar la competitividad nacional que está estancada, de acuerdo con el Índice de Competitividad Nacional 2024.

Elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) el informe evidencia que únicamente 14 cantones lograron aumentar su competitividad en forma significativa, en tanto 33 presentaron reducciones.

Al diseccionar en materia educativa determina que la calidad del aprendizaje de una persona adulta desmejora cuando no se cumple desde la educación básica y la secundaria ni siquiera con la malla curricular completa, pues ello tiene un impacto directo en el desarrollo de habilidades y destrezas, en un entorno que obliga a nuevos conocimientos y capacidades. Por eso no es de extrañar que los cantones menos competitivos son aquellos en los cuales hay desigualdad en el acceso a las oportunidades educativas.

Otro tema de extrema urgencia es la atención integral de la inseguridad focalizando esfuerzos en zonas costeras, fronterizas y algunos cantones específicos de la Gran Área Metropolitana, en los que se superan los 100 homicidios por cada 100 mil habitantes. Una cifra escandalosa.

El estudio concluye que son los cantones del GAM y los costeros los que muestran la tendencia a mayor crecimiento de la inseguridad. Un 57% del total de delitos contabilizados en el año 2024 ocurrieron en el GAM y otro 25% en las costas.

Para perfilar con mayor profundidad la incidencia de estos temas estructurales conversaremos con el presidente del CPC, Alejandro Batalla y con el economista, Andrés Fernández.

¿Qué es la posverdad y por qué debemos hablar sobre ella?

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la posverdad es la "distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales" Y agrega además "los demagogos son maestros de la posverdad".

Claro, la distorsión de la realidad es tan añeja como la humanidad misma. La mentira, la otra cara de la moneda, tiene vida propia. Pero entonces, ¿por qué fue apenas hace nueve años, en el 2016, que el Diccionario Oxford escogió "posverdad" como la palabra del año?

La posverdad camina plácidamente entre la verdad y la mentira y en estos tiempos de vertiginosas transformaciones de la info tecnología de las comunicaciones se ha convertido en una poderosa arma destructiva de los cimientos de la convivencia democrática. "La posverdad es el prefascismo" asegura Timothy Snyder, uno de los cronistas más reputados en dictaduras contemporáneas.

Por eso, de acuerdo con otro de los grandes especialistas en la materia, Moisés Naím, es imperioso "restablecer la capacidad de los ciudadanos a la hora de distinguir entre la mentira y la verdad" si es que queremos preservar la democracia y garantizar que los sistemas políticos trabajen en beneficio de las sociedades.

¿Cómo lograrlo cuando vivimos -literalmente- inundados de posverdades y hechos alternativos que nos hacen imposible distinguir la paja del grano? Hoy sabemos que los sofisticados sistemas de la desinformación han sido capaces de penetrar sistemas electorales y hasta "orientar" voluntades ciudadanas. Y sabemos también qué democracias enteras están sometidas al ejercicio del poder político que se sustenta justamente en la demagogia de la posverdad.

Posverdad, un fenómeno que debemos comprender y asimilar para contar con las herramientas necesarias para el ejercicio de ciudadanías bien informadas. Con el especialista, Gustavo Román Jacobo, doctor en Sociedad de la Información, Análisis Crítico del Discurso de la Universidad Complutense de Madrid conversamos en Hablando Claro.

Llevamos décadas padeciendo un problema sistémico con la mora judicial en Costa Rica. Peor aún, la dificultad para cumplir con el precepto constitucional de justicia pronta y cumplida, es cada vez mayor.

Muchas razones intervienen en la mora judicial: hay obstáculos de gerenciamiento de procesos, calidad de los jueces, sobresaturación de litigios, aparición de nuevos tipos penales, insuficiencia de recursos y también, sí, maniobras a ultranza de algunos litigantes para evitar el avance de los juicios.

Con la intención de enfrentar el atascamiento, la Sala Tercera elaboró un proyecto de reforma al Código Procesal Penal que la Corte Plena remitió para su tramitación a la Asamblea Legislativa y ya ha provocado una airada reacción por parte de abogados penalistas.

Las iniciativas que persigue justicia eficiente propone, entre otros cambios, declarar en rebeldía a imputados que no asistan a las audiencias preliminares, permitir que un solo juez conozca delitos con penas de hasta diez años, acortar plazos para reemplazar a defensores ausentes y que el procedimiento abreviado pueda aplicarse durante la audiencia preliminar. Algunos de estos cambios han sido señalados reiteradamente por el Informe Estado de la Justicia.

No obstante, conocedores del derecho rechazaron ad portas la propuesta de separar del cargo a abogados defensores particulares que aludan choques de agenda y accionen cambios de señalamientos para la continuidad de los procesos judiciales. Tanto así que el penalista Gerardo Huertas con quien conversaremos mañana, asegura que es una grosera violación al derecho de defensa y, por tanto, una violación constitucional al derecho de elección de defensor de confianza, quitarle su abogado a un cliente en el transcurso de un proceso.

Entonces, ¿cómo blindar los procedimientos para impedir la mayor cantidad posible de maniobras dilatorias sin restringir la esencia del debido proceso que debe protegerse?

Al respecto los invitamos con el Dr. Gerardo Huertas Angulo.

Créalo o no Costa Rica es el país más feliz de toda América y el sexto del mundo, de un total de 147 naciones, de acuerdo con el Reporte Mundial de la Felicidad del año 2025 dado a conocer la semana pasada.

Nuestra nación alcanza así la puntuación más alta de la última década, según los datos recopilados entre 2022 y 2024; justamente el periodo posterior a la pandemia, cuando en el mundo se activaron los procesos de restauración tras esa traumática experiencia global.

Las calificaciones del Índice de Felicidad Global se obtienen a partir de siete variables: la esperanza de vida, el nivel de la democracia, el producto interno bruto por habitante, el soporte social existente para enfrentar situaciones difíciles, la libertad para tomar decisiones, la percepción de la corrupción y la generosidad de las personas.

Claro “medir” la felicidad es un tema controvertido. Hay toda una discusión respecto de si es posible calcularla, ya que la felicidad es un estado de ánimo individual, un concepto por lo demás complejo que involucra emociones pasajeras como la alegría, el buen humor y otras vivencias que tienden a ser efímeras o transitorias.

Es cierto que la valoración científica de la felicidad tiene limitaciones, pero para establecerla se investiga su relación con factores más estables asociados al bienestar personal o de una población. Esto es lo que hacen precisamente el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la empresa Gallup, que vinculan en el estudio a expertos en diferentes áreas del conocimiento.

Para profundizar en las razones y los factores que hacen que los ticos sigamos siendo felices conversaremos con Rodrigo Sánchez, Máster en neurofelicidad aplicada y con el sociólogo José Carlos Chinchilla.

¿Por qué Donald Trump lleva adelante una cruzada contra los migrantes, aun contra aquellos que tienen permisos legales de permanencia en los Estados Unidos? ¿Es solo xenofobia? O hay también un complejo industrial privado de sistemas de detención que ganan millones de dólares con esa política de criminalización de migrantes?

En sus primeros 50 días de mandato, Trump logró que fueran expulsados 32.800 inmigrantes. Pero claro, a la nueva administración le parecen muy pocos.

Así que el gobierno de Washington invocó de facto la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para ampliar los poderes del Ejecutivo y así radicalizar las medidas como si se tratara de un estado de guerra por una invasión de migrantes que ponen en riesgo la seguridad del país.

En pocas palabras, Trump pretende entonces ir más allá con una política de vulneración de los derechos humanos y civiles ya en marcha y para ello ha decretado espacios de excepción donde las personas pueden ser detenidas, sin acceso a los mecanismos mínimos de protección. Costa Rica, como bien sabemos, es parte de esa política de supuesta emergencia de expulsiones.

Sin embargo, los desafíos legales, los altísimos costos de los procesos de deportación y la misma reacción de parte importante de la opinión pública estadounidense, así como el impacto de la pérdida de mano de obra imprescindible para la economía, podrían servir de salvaguarda para que la expulsión de migrantes no se convierta en una política que normalice el miedo a vivir en un país que pretende convertir una política de excepción en caso de guerra, en una política pública permanente de persecución y terror para millones de personas.

Sobre todo esto conversamos con la Dra. Sarah England, de la Universidad Soka de Estados Unidos, quien ofreció la clase inaugural del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central de la Universidad de Costa Rica.

No es un partido político nuevo ni pretende llegar a serlo. Se llama “Agenda Viva” y es una plataforma de encuentro, diálogo y propuestas para reconstruir Costa Rica.

Convoca lo mejor de los valores costarricenses para combatir los discursos de odio, que intentan dividir y profundizar la polarización social.

Desde la esperanza, la ilusión y la construcción colectiva, 120 personas de diversos pensamientos ideológicos, especialidades y edades conjuntaron 200 propuestas en nueve áreas prioritarias para el desarrollo nacional y en su lanzamiento este miércoles formularon un llamado a los partidos políticos y los liderazgos nacionales y sectoriales, para encauzar la discusión nacional y sumarse a las bases de un remozamiento del contrato social.

“O nos unimos o nos destruimos”, sintetizó con este llamado a la acción conjunta la expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos doña Elizabeth Odio.

Los planteamientos se construyeron en 10 mesas de trabajo, para dar integralidad a los desafíos nacionales en seguridad y violencia, educación, salud, igualdad de género, culturas, desarrollo económico y social, reformas electorales y de Estado, deporte y recreación, ambiente y desarrollo humano con el propósito de enfrentar la desigualdad social, la pobreza, el desempleo juvenil, la ola de violencia, la inseguridad, el empobrecimiento del campesinado y los desafíos del cambio climático, entre otros.

Para conocer más de esta propuesta conversamos con la ex presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada y el ex ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Emilio Arias.

Aranceles. Una de las palabras preferidas de Donald Trump. La utiliza como advertencia, como amenaza y como arma negociadora. No son otra cosa que impuestos que se pagan al gobierno que los establece, pero que las empresas que importan las mercaderías los trasladan a los consumidores.

A diciembre pasado, datos de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) señalan que el comercio global de mercancías y servicios alcanzó el gigantesco récord de 33 billones de dólares; de allí la incidencia que tiene el asunto arancelario.

En el estilo que ya le conocemos, Trump anuncia aranceles, luego los suspende y después amenaza con decretarlos nuevamente duplicados o triplicados, según el humor del día. Este decir y desdecirse atiza un ambiente de incertidumbre y avizora una guerra comercial que ya registra implicaciones en las bolsas de valores y el comercio internacional.

Además de aranceles puntuales a China, México, Canadá y la Unión Europea, desde la semana pasada impuso impuestos del 25% al acero y al aluminio, pese a que su país es el mayor importador mundial de ambos metales.

Trump sostiene que con sus aranceles impulsará la manufactura local y protegerá el empleo, reactivando y reconstruyendo la industria manufacturera, que en los últimos 40 años perdió muchos empleos que migraron a países con salarios inferiores. También, asegura, le ayudará a bajar el enorme déficit comercial estadounidense.

¿Cuál podría ser el efecto de cola de esa política arancelaria para una economía abierta, pequeña e interconectada como la nuestra? Para saberlo conversamos con Alexander Mora, exministro de Comercio Exterior y ex embajador ante la OCDE.

En quince días entrará en vigencia el nuevo esquema de inversiones para el régimen de pensiones complementarias del país (ROPC), que administran las seis operadoras existentes.

El nuevo esquema denominado Fondos Generacionales pretende optimizar aún más las inversiones para los 3 millones de afiliados al sistema; de los cuales 60 mil ya reciben fondos mensuales de su ahorro como trabajadores formales pensionados.

Desde que el régimen fue creado en el año 2000, las operadoras de pensiones han recibido los dineros de todas las personas afiliadas y los han administrado en una sola cartera de inversión.

La nueva reforma dividirá esa cartera única en cuatro fondos, que se ajustarán de acuerdo con grupos de edad, cada 10 años.

El objetivo es justamente que de acuerdo con la edad las personas jóvenes tengan mayor rentabilidad y quienes sean mayores jubilados o cerca de alcanzar esa condición, aseguren su estabilidad.

Fondos generacionales ya operan en países Dinamarca y México. Su implantación ahora en Costa Rica no implica costo alguno para los afiliados, ni tampoco trámites ante las operadoras, que ya han venido ajustando su gestión a la normativa ahora remozada.

Para aproximarnos a este cambio conversaremos con el Superintendente de Pensiones, Tomás Soley.