Si por la víspera se saca el día, un decreto ejecutivo emitido en enero pasado para alterar las disposiciones legales del crecimiento controlado de desarrollo del polo turístico del Golfo de Papagayo (Guanacaste) camina hacia la declaratoria de inconstitucionalidad.

Aunque evidentemente esto tendría que ser establecido por la Sala IV que está evaluando la acción presentada por el ciudadano Sergio Ortíz contra el decreto del gobierno Chaves Robles, resulta que ya la Procuraduría General de la República en su calidad de abogado del Estado, respondió a los magistrados que el decreto sí deviene en inconstitucional, puesto que alteró la densidad constructiva aprobada en la concepción misma del proyecto, priorizando la maximización constructiva y la eficiencia económica, por encima de la durabilidad del territorio y el equilibrio ecológico que demanda la Carta Magna.

¿Qué significa todo esto que parece tan complicado y por qué es importante?

Lo conversamos este martes con el especialista en derecho ambiental Edgardo Araya, con quien también aprovecharemos para abordar otro tema siempre vigente: Crucitas, la posible legalización de la explotación minera y los elevados precios del oro en el mercado internacional.