En quince días entrará en vigencia el nuevo esquema de inversiones para el régimen de pensiones complementarias del país (ROPC), que administran las seis operadoras existentes.

El nuevo esquema denominado Fondos Generacionales pretende optimizar aún más las inversiones para los 3 millones de afiliados al sistema; de los cuales 60 mil ya reciben fondos mensuales de su ahorro como trabajadores formales pensionados.

Desde que el régimen fue creado en el año 2000, las operadoras de pensiones han recibido los dineros de todas las personas afiliadas y los han administrado en una sola cartera de inversión.

La nueva reforma dividirá esa cartera única en cuatro fondos, que se ajustarán de acuerdo con grupos de edad, cada 10 años.

El objetivo es justamente que de acuerdo con la edad las personas jóvenes tengan mayor rentabilidad y quienes sean mayores jubilados o cerca de alcanzar esa condición, aseguren su estabilidad.

Fondos generacionales ya operan en países Dinamarca y México. Su implantación ahora en Costa Rica no implica costo alguno para los afiliados, ni tampoco trámites ante las operadoras, que ya han venido ajustando su gestión a la normativa ahora remozada.

Para aproximarnos a este cambio conversaremos con el Superintendente de Pensiones, Tomás Soley.

Lo que al sistema multilateral internacional le costó ocho décadas de dificultosa construcción tras la Segunda Guerra Mundial, a Donald Trump le ha tomado escasos dos meses socavar.

Los hechos de todos los días lo evidencian. Para Trump "hacer grande a América otra vez" pasa indefectiblemente por trastocar todo el tinglado global. Política y comercialmente hablando.

Trump cerca de Putin, lejos de la defensa de la avasallada democracia ucraniana. Creyendo que podía terminar una guerra de tres años en unas cuantas horas, amenazando a sus principales socios comerciales con aranceles, haciendo gala de ímpetu expansionista queriendo -dizque - recuperar el Canal de Panamá, anexarse Canadá, hacerse con Groenlandia o convertir Gaza en un resort de lujo.

De todo lo acontecido los analistas destacan el efecto severo del resquebrajamiento de las relaciones con la Unión Europea, hoy obligada a redinamizarse y recobrar brío para fortalecer su defensa. Europa ahora toma conciencia que está sola.

Y claro, como una consecuencia de todo ello, el desmantelamiento de USAID, la agencia internacional de ayuda al desarrollo, el brazo extensivo estadounidense de su diplomacia suave. Un golpe de timón a medio ejecutar gracias a la acción de jueces y tribunales, que tiene no obstante serias implicaciones a lo interno, dado el cierre de programas, despidos y procesos de reestructuración que apuntan nadie sabe hacia adonde.

Para poner en perspectiva estos primeros 60 días de la convulsa administración Trump conversamos con el Dr. Constantino Urcuyo Fournier.

Costa Rica estableció ambiciosas metas para descarbonizar la economía y para alcanzarlas requiere de la expansión y diversificación de energías renovables que apoyen, por ejemplo, la electrificación del transporte; una acción angular de la estrategia hacia una economía verde.

Esta diversificación es fundamental para reforzar la seguridad energética, al reducir la dependencia de combustibles importados.

Por otro lado, tenemos grandes desafíos en la gestión del agua para renovar la infraestructura hídrica y mejorar su recolección, así como el tratamiento de las residuales. Otro pendiente es la gestión de los residuos sólidos que nos permitan garantizar una recolección eficiente en todo el territorio nacional.

Estos temas fueron parte de la presentación, esta semana, de la evaluación país que presentó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Sin duda los desafíos en materia ambiental son urgentes para la adaptación al cambio climático. Hay iniciativas que avanzan en esta ruta, como las desarrolladas por el proyecto “Transición hacia una economía verde urbana” (Tevu Costa Rica), en el que participan 18 organismos internacionales e instituciones públicas y comunales.

Ya tienen resultados en electrificación del transporte público, tendientes a mejorar la movilidad e impactar las insoportables presas que padecemos. Otro avance atiende las inundaciones urbanas y los problemas que genera la inadecuada infraestructura y los cambios en los usos del suelo.

Para analizar este capítulo ambiental del informe OCDE y las soluciones en proceso, conversaremos mañana con Fernando Rodríguez, economista y miembro de Tevu Costa Rica.

Costa Rica, junto con Uruguay, siguen siendo las únicas democracias plenas del continente americano y eso hay que destacarlo. Particularmente cuando en el mundo únicamente hay tan solo 25 democracias con esta alta calificación (menos del 7 % de la población) de acuerdo con el último Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia Económica de la prestigiosa revista británica The Economist, dado a conocer en días pasados.

La investigación, que abarcó 167 naciones establece que hay solamente 71 democracias en el orbe, 25 plenas y 46 defectuosas (por ejemplo Estados Unidos, Chile, Panamá, República Dominicana, Argentina, Brasil) en las que viven el 45% de la población mundial, lo que no es una buena noticia, sino, por el contrario, la constatación del deterioro de la democracia que ha impedido una recuperación pospandemia y ha visto impotente cómo estallan las guerras y los conflictos geopolíticos de diversa índole.

Así, casi el 40 % de la población del mundo vive bajo una bota autoritaria (Cuba, Venezuela, Rusia, Nicaragua, Irán, China) y 15 % vive en regímenes híbridos que son sistemas (caso El Salvador, Honduras, Guatemala y México) en los que conviven elementos democráticos con prácticas autoritarias.

El Índice de Democracia considera cinco categorías: libertades civiles, proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, cultura política (nuestra más baja calificación, por cierto) y participación política.

En el top 25 junto con uruguayos (15) y ticos (18), Noruega, Nueva Zelandia, Suecia, Islandia, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Taiwán, Alemania, Canadá Japón, Reino Unido, Austria, Mauritania, Estonia, España, República Checa, Portugal y Grecia.

Con el Dr. Rotsay Rosales Valladares, director del Observatorio para la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica, analizamos los desafíos democráticos actuales.

Hicimos una muy difícil, aunque acotada reforma fiscal en el 2018, pero como ya sabíamos no nos alcanza para mucho más y tenemos que redoblar los esfuerzos. Y los sacrificios también. Nos lo puntualiza así el informe que sobre el país ha dado a conocer este martes aquí en la capital, el equipo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE que evaluó nuestro desempeño y nuestros desafíos socio ambientales.

Cierto, tenemos un buen desempeño económico gracias a décadas de apuesta por la atracción de inversiones y la diversificación exportadora, pero nuestro éxito es insuficiente. Hay que aumentar los ingresos de las arcas públicas porque no tenemos garantizada la sostenibilidad fiscal, por lo que tendremos que decidir, entre un menú de opciones, ya todas bastante conocidas y en el pasado adversadas por diversos grupos de interés. Como sucede siempre con los impuestos.

Por ejemplo según el informe OCDE, podríamos eliminar las tasas reducidas del IVA en educación privada y salud, podríamos por fin eliminar la exoneración de renta a las cooperativas, aumentar el impuesto de bienes inmuebles, suprimir excepciones a la renta, reducir la fragmentación en el pago de tributos y el sistema de recaudación. También podríamos llevar adelante una gran reforma para transferir al Estado la responsabilidad del aporte patronal a entidades como el INA y FODESAF, para fomentar el empleo formal. Algo novedoso sería crear un esquema de precios al carbono.

Pero también la evaluación apunta al fortalecimiento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, el mejoramiento de la inversión y la reducción de la informalidad con una mezcla de políticas públicas que logren ampliar el acceso a la educación y el cuidado infantil temprano, para combatir la desigualdad y la pobreza.

También necesitamos expandir y diversificar las fuentes renovables para la producción energética y atender la gestión del agua y de los residuos sólidos, trabajar seriamente en las metas fijadas de reducción de emisiones de carbono y fortalecer la adaptación al cambio climático.

Para hacer un repaso comprensivo del informe conversaremos mañana con Alberto González Pandiella, economista senior del departamento económico de la OCDE y Alonso Alfaro, economista Jefe del Banco Central.

Los resultados del índice de Progreso Social Global 2025 -cuyos indicadores evalúan salud, seguridad, educación, infraestructura y derechos- vuelven a colocar a Costa Rica (39) en el tercer puesto latinoamericano, detrás de Chile (36) y Uruguay (38).

Es una nota alta pero con deficiencias significativas entre el desempeño económico y el progreso social.

En nuestro caso implica que teniendo estabilidad macroeconómica y buenos índices de salud, arrastramos un grave problema con la inversión educativa, especialmente en educación avanzada, que es fundamental para fortalecer la economía del conocimiento y la innovación, básicas para la atracción de inversiones de alto valor.

¿Dónde se origina esta circunstancia? Costa Rica tiene una buena condición en el acceso a la educación primaria (92.49) y secundaria (98.28). Pero es la permanencia en el tercer nivel (educación diversificada 53.66) donde enfrentamos el desafío, puesto que ello ralentiza el acceso a la educación superior de calidad (50.32) que nos lleva hasta el puesto #72, de la medición hecha a 170 países del orbe.

Esa brecha que se abre en la educación secundaria y el efecto directo para el acceso a la universitaria, nos coloca en desventaja para los requerimientos de un mercado laboral que necesita de personas con conocimientos y habilidades en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas.

Para conocer qué estrategias son viables para enfrentar con sentido de urgencia el déficit de talento humano especializado en Costa Rica conversaremos con Jaime García, director del Índice de Progreso Social para América Latina.

Es algo muy peculiar que debe ser resaltado: en el actual período constitucional, suman ya cinco las diputadas que han debido declararse independientes y si añadimos el también inédito caso de la diputada Luz Mary Alpízar a quien su bancada entera dejó sola al frente de Progreso Social Democrático (PSD), llevamos a seis la cifra de legisladoras que trabajan en condición de solitarias. ¿Qué está ocurriendo aquí?

Deserciones parlamentarias y transfuguismo siempre ha habido en todo el mundo democrático. (Claro en dictadura no hay tales libertades). De modo que eso no resultaría mucha novedad. Pero aquí estamos hablando de otra situación. A fuerza de normativa, llegamos a cumplir con la paridad de género en la composición del Congreso. Eso está muy bien. Pero ¿cuál es realmente el papel que se les permite desempeñar a ellas en algunas de sus estructuras partidarias? ¿Tienen libertad de ejercer sus posiciones o deben plegarse a la imposición de posturas? ¿Dónde radica la delgada línea?

El caso más reciente de las diputadas del Partido Liberal Progresista (PLP) Kattia Cambronero primero y Johanna Obando y Cinthya Córdoba después, ¿cómo debemos leerlo? Antes de ellas, se declararon independientes, María Marta Padilla (PSD) y Gloria Navas de Nueva República.

Entiéndase que todas ellas, llegaron a las curules con partidos nuevos que no habían tenido representación parlamentaria, rigurosamente hablando, antes del proceso electoral que desembocó justamente en la actual constitución parlamentaria.

¿Cómo avanzamos de las cuotas de paridad a la garantía plena las condiciones de igualdad en el ejercicio del poder político de las mujeres?

Para analizar este fenómeno de la realidad política que estamos viviendo, conversamos con las diputadas Cambronero, Obando y Córdoba.

La historia de vida de Jineth Bedoya Lima es excepcional. Entrelaza su valentía, su compromiso para con el ejercicio del periodismo libre y su poderosa sensibilidad en la defensa de los derechos humanos de las mujeres ultrajadas sexualmente y violentadas de cualquier forma.

Es, al mismo tiempo, una historia estremecedora, perturbadora y cruel, y por ello, cada vez que alza la voz para relatarla enfrenta con coraje la inevitable revictimización. Una y mil veces, sí, porque el punto de inflexión de su vida ocurrió el 25 de mayo del año 2000 cuando fue secuestrada, torturada y violada.

A ese ultraje se sumó el abandono de la justicia de su país Colombia, que a la fecha no ha llevado a juicio a los autores intelectuales de su secuestro a quienes ella conoce perfectamente por su trabajo periodístico.

Ese hecho hilvana otro capítulo que se desarrolla a partir de su decisión de romper el silencio y hablar de la violación sexual de la que había sido víctima, lo que calló por nueve años.

Eso le abre el camino al sistema interamericano de protección de derechos humanos y logra tras once años de esfuerzos en octubre 2021 un fallo histórico a su favor por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por primera vez establece el riesgo diferenciado mujeres periodistas y determina que la violencia sexual contra ellas es una práctica que subsiste para silenciar a la prensa.

Jineth Bedoya, que decidió convertir su dolor personal en una lucha colectiva con su campaña “No es hora de callar” es hoy un referente continental y por ello ha sido merecedora de una enorme cantidad de premios y reconocimientos.

“Mi tiempo se acaba”, nos dijo el martes, cuando grabamos esta conversación, tres horas antes de regresar a Bogotá donde de nuevo vive amenazada de muerte por negarse a guardar silencio.

Su poderosa historia la compartimos gracias a su disposición y generosidad, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Fue toda una conmoción en Argentina el mes recién pasado, protagonizado en no poca medida por el propio presidente Javier Milei.

Sin más, una noche promocionaba en su cuenta de X la criptomoneda Libra y horas después el espejismo de la supuesta maravillosa inversión se esfumó. ¿Qué fue lo que sucedió?

La firma investigadora Nansen -según Bloomberg-, aseguró que los operadores conocidos como "francotiradores" o "robots" que son quienes adelantan las ganancias con nuevas criptomonedas, comenzaron a operar desde la publicación de Milei, a punto tal que el valor de mercado del token llegó a $4.500 millones.

Pero aquello fue fugaz. Y lo que quedan hoy son las denuncias de quienes creyeron, invirtieron y ahora enfrentan pérdidas por $250 millones.

Este hecho nos convoca a acercarnos a entender sobre las criptomonedas, empezando por los conceptos que se usan en ese mundo de reciente creación.

Algunas personas las usan como método de pago, para evitar los costos de transacciones bancarias y mantener el anonimato. Otras las adquieren para conservarlas como una inversión, con la expectativa de obtener ganancias. Pero la realidad muestra otras caras.

Un informe del Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI de los Estados Unidos publicado en septiembre pasado, determinó que hubo 69 mil denuncias de fraude con criptomonedas, en el año 2023, por $5.600 millones, cifra aún mayor que la denunciada en el 2022.

En decir, conforme aumenta el uso de las criptomonedas en el sistema financiero global, los problemas afloran dada la poca regulación, la velocidad de las transacciones, la capacidad de transferir en todo el mundo y la dificultad para recuperar los dineros, por la rapidez con la que la moneda digital se pasa a una cuenta en el extranjero para convertirla a efectivo.

Pese a todo la fiebre de las criptomonedas continúa. Donald Trump, por ejemplo, firmó en enero cinco activos digitales que espera incluir en una reserva estratégica de criptomonedas en Estados Unidos: Xrp, Sol, Ada y añadió a Bitcoin y Ether (las más conocidas), lo que hizo que el valor de mercado se disparará.

Lo cierto es que las criptos tienen implicaciones políticas, económicas, financieras y hasta filosóficas y para entenderlas conversaremos con el economista José Luis Arce.

“Esto va a ser gran televisión”, dijo Donald Trump tras el amargo desencuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en lo que experimentados reporteros han calificado como 50 minutos inéditos.

Por supuesto, no es que los líderes políticos no discutan acaloradamente en citas álgidas y determinantes para la conducción de la política mundial. Pero no lo hacen a vista de la prensa. Es decir, del público. No, si no se persigue ese objetivo.

Y Trump lo dejó claro al final del episodio de humillación a Zelenski. Palabras más palabras menos, “he dejado alargar la reunión todo lo necesario para que quede en evidencia que eres alguien que no quiere negociar la paz”.

Acostumbrado a sus puestas en escena, a su permanente exposición televisiva, la tensa reunión fue una demostración más de la habilidad de Trump de inundar la agenda informativa. Esa mezcla efectiva de verdades, mentiras y hechos alternativos van cimentando las condiciones de los efectos que estos acontecimientos generan.

En el fondo de estas teatralizaciones emerge la encarnizada guerra comercial, la disminución del campo de acción que está provocando a Europa, la débil posición de Ucrania frente a la invasión rusa y la concreción, sí, del cobro de aranceles a sus principales socios comerciales, por supuesto con las deportaciones también mediatizadas y todo lo que se le vaya ocurriendo como parte del nuevo tinglado.

Mucho se está cocinando aderezado con embustes, amenazas, mentiras y desinformación. Para conocer qué es grano y qué no, conversaremos con el periodista y ex embajador en Naciones Unidas Eduardo Ulibarri.