Ilegalmente, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) acordaron dar por cinco años permiso a una empresa privada para explotar espacios publicitarios en postes de alumbrado eléctrico.

La resolución del caso emanó de la Contraloría General de la República tras la presentación de una denuncia anónima. El marco legal vigente prohíbe específicamente colocar anuncios publicitarios en servicios públicos. No obstante, de acuerdo con el gerente general de la CNFL, Luis Fernando Andrés Jacome, el ilegal contrato se hizo porque tenía el visto bueno del presidente de la República quien es cercano del señor Geovanni Vásquez Vega, dueño de Publiex, la empresa que estaba ya explotando esos espacios y que habría prometido a la compañía eléctrica jugosas ganancias de $46 millones en 5 años. Jugosas ganancias ilegales.

El mandatario directamente, también habría sido el impulsor de otro negociado, aunque este no fructificó, pues a decir (bajo juramento) del exministro Luis Amador, Rodrigo Chaves habría presionado fuertemente al MOPT y al Banco Interamericano de Desarrollo para que se le cediera a la empresa mexicana Tradeco, el contrato de ampliación de la carretera Barranca-Limonal, que tenía el consorcio H.Solís-La Estrella. De igual forma habría presionado al Banco Nacional primero y al INS después para que le otorgaran garantía al traslado contractual. El Banco Nacional se negó por falta de capacidad financiera de la empresa y el INS hizo lo propio al rechazar extender póliza de seguro al acuerdo: uno de los motivos por los cuales habría sido despedida la anterior presidenta ejecutiva, Mónica Araya.

De estos temas conversamos con Christian Campos, reconocido experto en Contratación Administrativa.