Causa y Efecto — Bio Bio

El Caso Audio ha dado para todo y dentro de ello, han aparecido algunas confesiones que van a cuentagotas.

A mitad de esta semana, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció que mantuvo una reunión con el abogado Luis Hermosilla y con el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Esto habría ocurrido previo a su llegada al Ministerio Público.

En agosto del presente año, Valencia fue entrevistado por La Radio y en ese momento, fue consultado por su relación con los colegas mencionados. En dicha oportunidad, solo indicó que los conocía, pero no mencionó nada más.

Este martes, se confirmó que el exministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, renunció a la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido del cual era uno de sus fundadores. Aparentemente, no era sostenible su permanencia.

Mientras tanto, sigue avanzando la investigación del Caso Audio, en donde las referencias y menciones de Chadwick abundan. Esta situación, ciertamente lo tiene abollado, contra las cuerdas.

Cabe mencionar que actualmente, la situación judicial del primo del fallecido presidente Piñera está en un limbo. No obstante, hay una serie de elementos que lo complican y comprometen notablemente.

Las filtraciones de los chats de Hermosilla seguramente van a dar “para largo”. En el camino y a medida que se van dando a conocer nuevos intercambios de mensajes, se van erosionando las instituciones y diferentes personajes.

Durante las últimas jornadas se han revivido antiguos fantasmas que golpearon duramente a la derecha, tales como SQM, Penta, Caso Cascadas, entre otros.

Asimismo, las conversaciones entre Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra han desatado una fuerte polémica. Nadie dentro de los equipos de la Fiscalía levantó la mano para denunciar en su momento.

Una nueva arista del Caso Convenios que involucra a la expareja del Presidente Boric, Irina Karamanos, salió a la luz a mitad de esta semana.

Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) reveló movimientos bancarios sospechosos realizados por la exprimera dama a la cuenta de la Fundación ProCultura. Con estos nuevos antecedentes, la Fiscalía Regional de Coquimbo abrió una investigación de oficio.

El Ministerio Público debe asumir el rol que constitucionalmente tiene y además la importancia de una sana investigación. Tras la filtración, se informó de manera inmediata el inicio de la indagatoria, a diferencia de cómo ocurrió en la primera etapa del Caso Audio, pese a que su desarrollo ha sido exitoso.

Este miércoles, el CEP (Centro de Estudios Públicos) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública N°92, la cual fue aplicada entre agosto y septiembre del presente año.

Los números que arrojó el estudio en esta oportunidad, son claramente muy malos para la política en general. Entre los 10 políticos mejor evaluados, el promedio de voto positivo es de un 35% y la valoración negativa es de un 33%.

De cara a las elecciones municipales que vienen en algunas semanas más, un 53% “no está seguro”, lo cual deja en evidencia que hay una débil adhesión a las propuestas políticas. Asimismo, la confianza hacia las instituciones del Poder Judicial y legislativo es mínima.

En el Poder Ejecutivo y en el Judicial, existen las acusaciones y severas instancias de fiscalización. Pero en el caso de los parlamentarios, ¿Qué espacio existe para poder reprocharlos?

“Les sale gratis el hacer o no hacer”; el acertar, equivocarse, o “sobregirar su rol”. Por otra parte, la ciudadanía es responsable de evaluar su desempeño y de elegirlos, aunque muchas veces, se olvida de ciertas situaciones.

En la tarde de este viernes, el General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, presentó su renuncia al cargo. Esto ocurrió a pocos días de su audiencia de formalización por el delito de omisión en apremios ilegítimos.

El sucesor de Yáñez será quien hasta la fecha se desempeñaba como general Subdirector, Marcelo Araya. Esto lo confirmó el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, quien con esta decisión da una cierta continuidad a la institución, que no deberá ser “descabezada” del todo.

Durante el último tiempo, se ha encendido el debate en torno al llamado “criterio Tohá”, que apunta a que cualquier autoridad que sea formalizada por un ilícito debe dar un paso al costado.

Esta discusión surge en relación a lo que sucede con el General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, quien termina su mandato en noviembre, pero acudirá en las próximas jornadas a su audiencia de formalización por el delito de omisión en apremios ilegítimos.

Este “criterio” tiene un punto y razón que lo sustenta. Lo que podría estar en juego en este tipo de situaciones es el tiempo que la figura pública le dedicaría a defenderse, lo cual tiene como costo de oportunidad el dejar de gestionar y tomar decisiones claves para una institución.

La exministra Marcela Cubillos se ha visto envuelta en una fuerte polémica tras darse a conocer el sueldo de $17 millones que percibía por su cargo como docente en la Universidad San Sebastián.

Si bien la ex secretaria de Estado ha argumentado que se trata de una institución privada y que “en Chile existe libertad de trabajo y contratación“, quedan una serie de preguntas en el aire.

En primer lugar, surge la interrogante si acaso otros académicos del mismo rango han recibido esa misma remuneración en el establecimiento mencionado.

En la tarde de este lunes, la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio a conocer nuevos cargos en el cuaderno de remoción en contra su colega, Ángela Vivanco.

Los redactores de la Tercera Sala rompieron el silencio y contaron cosas. De ahí nace la decisión de ampliar el tiempo de investigación y la incorporación de nuevos elementos al caso. Al interior de la Suprema, hay testimonios.

En un tono risueño y cómplice, Chevesich dijo en esta misma jornada que ella no tenía chats con Hermosilla. ¿Querrá decir que hay otros más que sí? ¿Cuántos más que sí?

La gran pregunta a esta altura es ¿Cuántos Luchos Hermosilla habrá dando vuelta a diario por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema? Además de los operadores judiciales, pueden haber abogados que lideran casos y terminan, también, en amistosos eventos sociales con los ministros.