CIPER en tus Oídos

En su solicitud de desafuero, fiscalía hace una acusación desconocida hasta ahora: que el diputado Lavín no transfirió a proveedor $34 millones reembolsados por el Congreso y el Servel. Su defensa asegura que los pagos sí se realizaron. Diego Ortiz te cuenta los detalles.

El expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica, entregó a CIPER su opinión sobre el proceso de remoción del magistrado Antonio Ulloa: "Una persona de esa naturaleza no puede estar en el Poder Judicial". Paulina Toro te cuenta más detalles de esa entrevista.

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30 diputados y un senador, desde comunistas a republicanos, han pagado anuncios en Facebook o en Instagram para promocionar candidaturas de manera anticipada al periodo que permite la ley. Recién este 17 de septiembre se inicia oficialmente la campaña para hacer propaganda electoral, pero la evidencia revisada por CIPER muestra que esta práctica viene ocurriendo al menos desde hace cinco meses. Las publicaciones de los parlamentarios promueven sus propias candidaturas o las de sus presidenciables, pero también critican a postulantes contrarios. Si bien no hay regulación sobre “contracampaña”, en el Servel señalaron a CIPER que esos mensajes podrían considerarse propaganda. Las normas de ese servicio también aclaran que no es requisito que la publicación haga un llamado expreso a votar para determinar que se trata de publicidad electoral.

🔎 Fiscalía archiva investigación por chat de Telegram que difundía imágenes de explotación sexual infantil entre miles de usuarios. La periodista Catalina Olate te cuenta los detalles de este caso.

Un convenio del GORE Metropolitano, por $1.900 millones, financió un proyecto encabezado por un amigo del entonces jefe de gabinete de Claudio Orrego. Al igual que en el Caso Procultura, había un nexo previo entre personas de ambas partes.

Nuestro periodista Diego Ortiz te explica cómo la salmonera Australis pretendía mitigar la sobreproducción de miles de toneladas de salmones con una compensación ambiental ficticia

El Ministerio Público comunicó a través de un correo electrónico dirigido a intervinientes, que desiste de perseguir por cohecho y prevaricación a Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro supremo del mismo nombre. Según ese mensaje, el fiscal a cargo, Felipe Sepúlveda, sí formalizará al abogado, pero por delitos tributarios. Valderrama Escobar, quien fue defendido por el actual fiscal nacional, era investigado porque, siendo juez arbitral, habría recibido dinero de una de las partes en conflicto sin que la contraparte lo supiera y por organizar una subasta de bienes que fue cuestionada por intervinientes en el proceso. La decisión del Ministerio Público beneficia también al representante legal de Minera Santa Laura, Juan Cristi, quien fue defendido por el exfiscal Manuel Guerra.

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Una reservada diligencia solicitó la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, al Banco Central en septiembre pasado. Lo hizo en una causa en que se investiga a la exjueza Ángela Vivanco. La fiscal pidió conocer las operaciones de cambios internacionales realizadas por 11 personas naturales y tres sociedades desde 2018. Entre estas se cuentan Vivanco, su marido, el abogado Luis Hermosilla, los representantes del consorcio bielorruso Belaz-Movitec y abogados que defendieron a esa empresa. En la nómina figuran los exdiputados y abogados Eduardo Lagos y Gabriel Silber. En su respuesta, el banco señaló que siete personas de esa nómina registraban operaciones. Entre ellas figura la exsuprema y Hermosilla. Desde el 5 de junio pasado la investigación se amplió a lavado de activos y, por lo mismo, se decretó su reserva.

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CIPER revisó documentos y videos que muestran que las autoridades edilicias sabían que existían otras empresas en el mercado, pese a lo cual decidieron evitar una licitación y realizar una “búsqueda activa” de un proveedor de confianza, como explicó ante los concejales el jefe de producción del municipio, Andrés Chadwick Costa. El argumento principal es que la empresa elegida ya tenía registrados los derechos de un show de drones alusivo a la comuna. Pero, ese registro en realidad se concretó después de que la municipalidad empezara el proceso de búsqueda y adjudicación. El dueño de la empresa dijo a CIPER que fue contactado por la municipalidad en marzo, dos meses antes de que registraran los derechos de su espectáculo. Desde Providencia también reconocieron que no hubo inscripción sino hasta mayo.

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La calidad de vida en Estación Central se desplomó luego de que la administración del exalcalde Rodrigo Delgado (UDI) permitiera la construcción de 54 edificios mega densos. Estas construcciones fueron prohibidas en 2016 por Contraloría y se ordenó invalidar los permisos pendientes. Pero, no se hizo, permitiendo que nuevos proyectos fueran aprobados aún cuando no cumplían las normas. Hoy, cuatro de estos edificios –propiedad del grupo Su Ksa– piden su recepción. La municipalidad se ha opuesto. En paralelo, Su Ksa se reunió por Ley de Lobby con la senadora Ximena Rincón, quien posteriormente ha denunciado que se estarían exigiendo coimas a la inmobiliaria. El senador Fidel Espinoza respaldó aquello. Requeridos por CIPER, los senadores no entregaron pruebas de la acusación. El dueño de Su Ksa que se reunió con Rincón, Armando Ide, dijo que “no le interesa” hablar del tema.

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