CIPER en tus Oídos

CIPER accedió a registros de cámaras de seguridad que se suman a videos y fotos difundidas por diversos medios. El análisis de las imágenes indica que al menos 11 personas abrieron fuego en los violentos incidentes ocurridos en la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores. Mientras una reportera del canal de TV Señal 3 de La Victoria lucha por su vida tras haber recibido un tiro, la PDI detuvo ayer a un tercer acusado de disparar. Los dos primeros ya volvieron a sus casas, porque ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior solicitaron prisión preventiva y solo quedaron con arresto domiciliario. No se consideró que uno de ellos mantenía una orden de detención vigente y que incumplió el arresto domiciliario en otra causa.

Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel)

Producción: Matías Jara

Son agencias venezolanas y colombianas que ofrecen sus servicios a personas que burlan los controles fronterizos. Hacen propaganda en redes sociales, cobran de US$ 700 a US$ 830 y una de ellas recibe los pagos en una cuenta del Banco Falabella. Sus pasajeros atraviesan entre tres y cuatro países antes de entrar al norte de Chile por pasos no habilitados. Para evitar que les apliquen las normas sobre tráfico de migrantes, en cada país ocupan empleados locales que nunca traspasan las fronteras: dejan al cliente cuando está punto de cruzar a un nuevo territorio y apenas logra pasar lo recibe otro “asesor”. CIPER confirmó la existencia de siete de estas agencias. Al menos dos de ellas ofrecen a sus pasajeros trasladarlos en avión desde Arica o Iquique a Santiago, lo que fue confirmado por la Fiscalía y la PDI. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha establecido que en una de las muertes en la frontera estuvo involucrada una agencia.

Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel)

El anunciado nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, aparece en un documento reservado hecho por SQM. La minera puso a la consultora de Frigolett entre las receptoras de pagos riesgosos que hizo y que podían ser incluidos en la investigación en su contra por financiamiento político ilegal. La sociedad de Frigolett recibió $83 millones de SQM por un informe sobre el litio. Frigolett hizo ese estudio con otros cuatro autores relacionados con Chile 21, la ONG ligada al socialismo que fue investigada por recibir $441 millones de SQM. Entre ellos figuran Carlos Ominami y Gonzalo Martner. Ahora, bajo el mando de Frigolett, el SII debe tramitar solicitudes de las sociedades cascada relacionadas con la minera para que se les condonen millonarias multas e intereses de 13 reclamos tributarios.

Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel)

Al amparo de la Ley de Inteligencia, Carabineros interceptó las llamadas de cientos de personas en La Araucanía entre 2007 y 2018. Mientras algunas eran investigadas por supuestos nexos con delitos, otras solo eran consideradas “blanco de interés”. Archivos de inteligencia policial revisados por CIPER indican que, con la excusa de intervenir las conversaciones del actor Daniel Alcaíno, la Dipolcar “pinchó” a una productora de eventos y grabó sus conversaciones con humoristas, como Álvaro Salas, y periodistas, como Carlos Zárate, además de los representantes de otros comediantes y cantantes, como Kramer, Jorge Alis, Denise Rosenthal y Camila Gallardo. También se intervinieron las comunicaciones del alcalde Juan Carlos Reinao, del historiador Fernando Pairican, de abogados que alegaron en causas contra Carabineros y de los ahora constituyentes Francisca Linconao, Adolfo Millabur y Manuela Royo.

Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel)

En el primer mes de las protestas iniciadas en octubre de 2019, funcionarios de inteligencia de Carabineros revisaron los antecedentes de 23.221 extranjeros que habían ingresado o salido en los últimos meses. Siguiendo la tesis de que agentes venezolanos y cubanos estaban tras el estallido, se dedicaron importantes recursos a seguir esa pista. Recién el 18 de noviembre de ese año un informe interno desistió de ese camino y asumió que la revuelta fue gatillada por la acción espontánea de organizaciones sociales y ciudadanos. Así lo indica la revisión de miles de documentos policiales reservados a los que CIPER tuvo acceso. Los informes también demuestran que Carabineros monitoreó a decenas de observadores de derechos humanos, encargados de fiscalizar que la policía no cometiera abusos en el control del orden público.

Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel)

A pesar de que la Fiscalía contabiliza 112 carabineros formalizados por delitos de narcotráfico entre 2010 y 2020, en la institución uniformada insisten en que no tienen un conteo propio. CIPER revisó decenas de informes del Departamento de Asuntos Internos de la institución y encontró que la infiltración del narco no es el único problema al interior de las filas uniformadas: funcionarios que colaboran con bandas de asaltantes, otros que hacen negocios con grúas y también los que modifican registros de las comisarías para reducir artificialmente la tasa de delitos violentos. Muchos de estos carabineros siguieron en sus puestos luego de que fueran detectados por los agentes de contrainteligencia.

Informes reservados de la inteligencia de Carabineros incluyen fichas de un intendente de La Araucanía, gobernadores, seremis, jefes de la Conadi y asesores del Ministerio del Interior, entre otros funcionarios. Uno de los registros es sobre el exministro de Educación y presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín. También hay una nómina de militantes del FPMR confeccionada en 2019, en la que se incluye al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo: “La inteligencia de Carabineros está muy perdida, con razón nunca pillan a los capos del narcotráfico”, dijo a CIPER el edil. En los documentos figuran fichas de militantes del PS y PPD, dos partidos que han integrado coaliciones de gobierno durante tres décadas, pero que la inteligencia policial califica como “asistémicos”.

Los nombres, direcciones y teléfonos de informantes reclutados por la inteligencia de Carabineros en La Araucanía aparecen en decenas de archivos que forman parte de la mayor filtración de documentos de la policía uniformada, a la que CIPER tuvo acceso. La lista la componen comuneros mapuche, estudiantes, funcionarios de universidades, de la Conadi, de Junaeb, de municipalidades, gendarmes y también un oficial de la PDI. La revisión de los documentos permite entender cómo operan los agentes de la policía para reclutar colaboradores, los pagos que realizan a cambio de información y la desprolijidad con que Carabineros maneja esos delicados antecedentes.

El general Luigi Lopresti, director de Inteligencia de Carabineros, fue uno de los oficiales encargados de poner en marcha el monitoreo y la elaboración de informes sobre los líderes estudiantiles que ahora conformarán el núcleo central del gobierno. Reportes sobre actividades de Gabriel Boric y Camila Vallejo, una ficha con antecedentes de Giorgio Jackson y datos acerca de las organizaciones que dieron origen a la alianza que ahora llega a La Moneda, forman parte de la mayor filtración de documentos de inteligencia de Carabineros, a la que CIPER tuvo acceso. Los documentos muestran como la policía infiltró el movimiento estudiantil, reclutando informantes entre alumnos y funcionarios de universidades. Esta es la primera entrega de la serie de reportajes “Archivos secretos de Carabineros”, una revisión de 220 GB de registros de inteligencia policial.

La caja de Pandora abierta por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) guardaba nuevas revelaciones sobre las sociedades de la familia del Presidente Sebastián Piñera en paraísos fiscales. Por un lado, confirman que los  activos que manejan sus hijos provienen de donaciones de Piñera y de las ganancias de sus negocios. Eso abre la pregunta sobre si se pagaron los impuestos por el traspaso de ese dinero. Además, los documentos dan cuenta de que poco antes de asumir su segundo mandato trasladó la sociedad dueña del Parque Tantauco a Islas Vírgenes. Luego la  disolvería, al igual que otras dos empresas que tenía en esa jurisdicción y una que estaba en Luxemburgo.