CIPER en tus Oídos

Originalmente, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga. Junto a Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones. Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

La encuesta encargada por el INDH estuvo lista en enero, pero solo se publicó ayer, tras las consultas de CIPER. El 26% de los encuestados dijo que recurriría a Carabineros en caso de sufrir una vulneración de derechos y el 16% mencionó al INDH. Un 14% señaló que el instituto “protege los derechos humanos de todas las personas en Chile”, lo que implica una caída de 26 puntos respecto de la encuesta anterior (2018). El deterioro de la imagen de la entidad se conoce cuando surge una denuncia sobre un eventual incumplimiento del instituto a su obligación legal de enviar dos informes al sistema internacional de protección a los DD.HH. En tanto, la asociación de funcionarios de la entidad denunció ante la Contraloría una contratación excesiva de asesores que ganan entre $1 millón y $4 millones mensuales.

CIPER accedió a las cifras de exámenes PCR informadas por tres regiones y detectó que el Minsal ha difundido índices de positividad –factor clave para decidir cuarentenas– más bajos que los que se calculan con los reportes locales. El ministerio envió un correo a laboratorios que procesan PCR en el que reconoció desorden en las cifras: los exámenes ingresados a su plataforma oficial difieren de lo que reportan a diario los propios laboratorios. Autoridades regionales de Salud, directores de laboratorios y encargados de salud de 14 municipios indican que se ocupan tres sistemas paralelos para registrar los PCR. Se sigue privilegiando el uso de planillas Excel para  transmitir los datos, aunque hace un año la Contraloría alertó sobre el riesgo de que esos archivos sean manipulados.

Los dos policías que venían llegando al fundo de Forestal Mininco para reforzar a la pareja de Carabineros que resguardaba el lugar, dijeron a la Fiscalía que se enteraron del ataque por radio y decidieron ingresar a pie. Mientras avanzaban agazapados, relataron, un encapuchado salió repentinamente al camino y les apuntó con un fusil. Uno de los funcionarios le disparó a la cabeza. Pablo Marchant, militante de la CAM, falleció de inmediato. A diferencia de los policías que repelieron el ataque dentro del predio, ellos declararon que no llevaban cámaras Go Pro. El trabajador que recibió un tiro en el tórax en medio de la balacera sigue en riesgo vital. Informes de inteligencia policial a los que accedió CIPER indican que el fundo es considerado zona de alto conflicto al menos desde 2014.

La Comisión Interamericana de Derechos  Humanos (CIDH) resolvió recomendar al Estado de Chile que la Corte Suprema deje sin efecto 14 sentencias en que aplicó la media prescripción a 50 condenados por violaciones de derechos humanos. Los denunciantes que presentaron el caso al organismo internacional sostienen que deberán dictarse nuevas sentencias acordes a la gravedad de los delitos y a los tratados que ha firmado nuestro país. También indican que la CIDH resolvió que el Estado chileno no podrá alegar cosa juzgada o prescripción para justificar el incumplimiento de esta recomendación.

Un empresario con negocios en el área de la educación que fue parte de la Lista del Pueblo. Una integrante de la lista de Independientes No Neutrales con una sociedad en un paraíso fiscal. Al menos 21 constituyentes que no declararon sociedades comerciales aún vigentes en el SII. Doce con derechos de agua a su nombre o al de sus familiares o de sociedades con las que están relacionados (once de ellos anuncian que no se inhabilitarán cuando se discuta el tema). Estos son algunos de los datos que surgieron tras revisar las declaraciones de patrimonio de los 155 elegidos para la Convención Constitucional y cruzarlas con los registros del Diario Oficial, el SII y la Dirección General de Aguas. Los resultados –y las  explicaciones que dieron a CIPER los convencionales que podrían presentar un conflicto de interés– se plasmaron en este reportaje y en  las 155 fichas que lo acompañan con datos de cada constituyente.

La PDI confirmó a CIPER que el jefe de policía civil, Héctor Espinosa, está citado a declarar ante la Fiscalía de Magallanes. El director general es investigado por la compra de un inmueble en Las Condes, el que fue adquirido por su esposa en 2018 por $398 millones. En esa operación se pagaron $254 millones al contado –mediante vales vista­– y los $143 millones restantes fueron cubiertos con un préstamo bancario. Espinosa figura como codeudor y fiador solidario de esa deuda, pero no incluyó estos antecedentes en su declaración de patrimonio. Ahora debe explicar ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, el origen del dinero.

La irrupción de grupos estrechamente vinculados a empresas forestales, la dura ofensiva de ataques incendiarios desplegada por la WAM y una baja votación de mapuche inscritos en el padrón de los pueblos originarios, son algunos de los factores aparejados al reciente proceso electoral constituyente. Entre las organizaciones más relevantes que canalizan sus demandas por vías institucionales, al menos cinco participaron en la elección y dos se mantuvieron al margen.

El objetivo que la centroderecha no alcanzó –manejar un tercio de la convención constitucional– fue superado con holgura por las listas que encarnan propuestas de transformación del modelo. Estos grupos también sobrepasaron a la centroizquierda, dejando a la ex Concertación como cuarta fuerza en la convención. Al menos 77 de los constituyentes provienen del pacto del FA y el PC (28), de la Lista del Pueblo (27), de listas locales (7) y de pueblos originarios (15). Todos impulsan políticas para poner fin al rol subsidiario del Estado, superar la economía extractivista, instaurar la plurinacionalidad, profundizar derechos laborales y cambiar el sistema previsional, entre otras.

La centroderecha contó con $5,5 mil millones para su campaña constituyente y logró 37 cupos, con un gasto promedio de $148 millones por cada postulante electo. La Lista del Pueblo solo recibió $110 millones para repartir entre 130 candidatos e instaló 27 nombres. Su gasto promedio fue de $4 millones por aspirante  electo. El candidato con más aportes privados, René Cortázar (DC, $141 millones) fue derrotado por una postulante que solo contó con $340 mil. Entre los candidatos con más recursos que lograron un cupo se cuentan Marcela Cubillos, Bernardo Fontaine, Hernán Larraín, Arturo Zúñiga, Alfredo Moreno Echeverría, Cristián Monckeberg, Constanza Hube, Luis Mayol y Bernardo de La Maza.