CIPER en tus Oídos

Uno de los dos hombres que figuran en el video que CIPER difunde junto a este reportaje es César Neira Medina, sargento primero del regimiento de Inteligencia “Soberanía”. En las imágenes vigilan el despacho de la magistrada Romy Rutherford, quien investiga causas sobre corrupción militar. Lo reconoció en la calle, mientras hacía el “punto fijo”, un antiguo camarada: el ex sargento Juan Pablo Díaz, uno de los testigos en los procesos que lleva Rutherford. Los agentes fueron grabados y Díaz entregó el material a la jueza. La denuncia por espionaje llegó al Ministerio Público y la indagatoria está  en manos del fiscal Jaime Retamal.

En 2017 la Dirección Nacional de  Inteligencia del Ejército (DINE) pidió al ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Poblete, que autorizara la intervención telefónica de una agente extranjera que buscaba “antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile”. El magistrado lo aprobó, sin saber que el número del celular escrito en ese documento era del periodista Mauricio Weibel, que entonces investigaba corrupción militar. Esa operación fue respaldada ante la Cámara de Diputados por el Ejército y por el ex ministro de Defensa, Alberto Espina, actual miembro del Consejo de Defensa del Estado, quien dijo que se ajustaba a la legalidad.

Tocaciones, relaciones bajo amenaza de perder el empleo, besos forzados, caricias y llamadas nocturnas, son parte de las acusaciones contenidas en las declaraciones de cinco mujeres ante la PDI. La defensa del alcalde Aguirre acusa un montaje político en medio de la campaña municipal, pero un informe policial concluyó que si bien “podría haber intereses creados”, los relatos de afectadas y testigos “son concordantes” y “darían cuenta de un patrón conductual común del imputado”. Cuatro de las denunciantes conversaron con CIPER y accedieron a que se conocieran sus historias, bajo la reserva de sus identidades. La Fiscalía confirmó que la investigación está en proceso, pero aún desformalizada. El Partido Socialista también recibió los antecedentes.

Hoy se cumple un año de la primera muerte en Chile por Covid-19 y el Minsal sigue sin entregar copia de sus reportes a la OMS con el recuento de fallecidos por la pandemia. Esto, a pesar de que fueron pedidos por CIPER bajo la ley de acceso a información pública y el Consejo para la Transparencia (CPLT) falló a favor del requerimiento hace dos meses. Las cifras del CPLT indican que, del total de subsecretarías, las dos del Minsal –Salud Pública y Redes Asistenciales– son las que exhiben más reclamos en relación a las solicitudes recibidas. El consejo ordenó un sumario en cada una de las subsecretarías de la cartera. Las cifras del CPLT indican que hay 73 decisiones de amparo incumplidas por la Subsecretaría de Salud y 17 por la de Redes Asistenciales.

Tras la “ola feminista” iniciada en 2018 se abrió un ciclo de visibilización de la violencia contra la mujer, se adoptaron nuevas políticas para frenarla y se amplió la tipificación del femicidio, A pesar de esto, los femicidios no han descendido y los tiempos para lograr justicia siguen siendo largos. CIPER analizó los casos de los años 2018 a 2020 y el estado de esas causas. De un total de 131 femicidios reconocidos por SernamEG, sólo el 14,5% de los juicios está concluido y el 51% se encuentra en proceso. En el 27% de los casos los imputados se suicidaron, lo que originó el sobreseimiento. En 2020, en medio de la pandemia, se registraron 151 femicidios frustrados, el número más alto en los últimos ocho años.

A un año de la llegada del coronavirus a Chile sigue sin conocerse el real impacto del encierro por la cuarentena en los índices de violencia contra la mujer. Un estudio preliminar, realizado por el Instituto Milenio para el Estudio de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas, ha dado las primeras luces. En 2020 los llamados al Fono Familia #149 de Carabineros sumaron 24.806 entre enero y septiembre, marcando un fuerte aumento de 43,8%. En el mismo periodo las denuncias formales ante las policías cayeron en un 9,6%, registrando un total de 65.466. El peak de llamadas de auxilio al #149 se alcanzó en mayo, con un 314% más que en el mismo mes de 2019.

Una de las principales demandas de las movilizaciones feministas de 2018 fue terminar con el acoso. Aunque se visibilizó el acoso callejero y el que ocurre en las aulas, el que sufren las mujeres en sus trabajos no es fácil de enfrentar: el miedo de víctimas y testigos a perder el empleo y la revictimización que sufren las afectadas durante el proceso judicial, desalientan la denuncia. Entre 2018 y 2020 en Chile se registraron 1.597 denuncias por acoso sexual laboral en el sector privado. En el sector público, se contabilizaron 225 entre 2018 y 2019 (los datos de 2020 aún no están disponibles). El año pasado, en medio de la pandemia, la Dirección del Trabajo recibió 279 denuncias.

Informes de Asuntos Internos de Carabineros indican que investigó al menos a 40 policías por vínculos con bandas de narcos y asaltantes entre 2014 y 2016. Los documentos incluyen audios de llamadas de carabineros que protegían a narcos, actuaban contra sus bandas rivales y se quedaban con dinero y droga decomisada. Al menos cinco investigados continuaron activos. Las cifras corresponden sólo a ocho casos indagados en dos años en la Región Metropolitana, lo que contrasta con los casos informados por la prensa entre 2010 y 2020, los que suman 66 funcionarios investigados a nivel nacional. CIPER pidió a Carabineros, Fiscalía y Ministerio del Interior los datos actualizados. Los dos primeros respondieron que deben pedirse por Transparencia. Desde Interior no hubo respuesta oficial.

La existencia de redes transnacionales dedicadas al tráfico de personas es el dato imposible de soslayar en medio de la crisis migratoria de Colchane. Hasta ahora nadie ha logrado desarmar esas redes, incluso las autoridades chilenas reconocen que no saben demasiado sobre ellas. Culpan a los migrantes por no hacer las denuncias, y quienes migran acusan que los coyotes los estafan y les roban. CIPER reconstruyó la ruta que recorren los miles de migrantes venezolanos que desde fines de 2020 abarrotan la frontera norte del país. Esta es una historia de voluntades de hierro y de viajes sin papeles.

El Valle del Elqui no escapa a la grave sequía que afecta al país, provocando problemas para los pequeños agricultores de la zona, que la pandemia agrava. En diciembre un grupo de ellos denunció que, en el extenso Fundo Cerrito, la empresa agrícola de Andrónico Luksic (Agrícola El Cerrito) tenía instalada una bomba de extracción de agua irregular. La agrícola del empresario reconoció la falta y la retiró. Los agricultores acusan que esa bomba llevaba varios años operando sin permisos provocando merma del vital suministro para el resto. La misma agrícola ha enfrentado sumarios sanitarios por el uso de agroquímicos en sus plantaciones de uva y los vecinos de Paihuano denuncian que esos químicos los intoxican. Este verano las protestas han ocupado la calle llegando incluso a las puertas de la casa que Luksic tiene cerca de Pisco Elqui.