CIPER en tus Oídos

Un trutro de pollo compartido por tres, caldo de huesos y los productos de la caja que la Junaeb entrega a escolares. Eso es parte del menú de muchas familias golpeadas por la crisis social y la pandemia. CIPER recorrió algunas escuelas que mostraron un aumento de niños con señales de desnutrición, según los datos del Mapa Nutricional 2020 de la Junaeb. Ese estudio evidenció un incremento del indicador de 0,8 puntos porcentuales y, aunque es bajo, los expertos lo miran con preocupación. Apoderados, profesores y directivos de colegios atendidos por la Junaeb contaron a CIPER cómo las  cajas se han convertido en tabla de salvación para familias que las  reciben como un beneficio para todo el hogar.

CIPER investigó cómo se trazan los contactos de las personas con covid. En 14 comunas –del norte, centro y sur del país– consultamos a municipios, servicios de salud y trazadores. La conclusión es sorprendente: hay al menos tres sistemas distintos para seguir la ruta del contagio. En siete de estas comunas el sistema de trazabilidad diferencia entre pacientes Fonasa y de isapres. Y en ellas se consigue ubicar entre 1,7 y 3 contactos por cada caso positivo. En otras comunas, donde no hacen esa distinción, se rastrean de 2,8 a  4,4. Aunque los expertos insisten en que una correcta trazabilidad es clave para frenar la pandemia, Chile sigue lejos de lo recomendado por la OMS: cinco contactos por cada positivo.

En 2020 se promulgó una norma para  impedir que las empresas que suspendieron los contratos a sus trabajadores –obligándolos a pagarse con sus fondos de cesantía–, repartieran utilidades. Pero seis grandes constructoras ya anunciaron que lo harán de todas formas. Esto, porque la ley dejó la puerta abierta para que las empresas puedan hacer la repartición si no han suspendido contratos en el año comercial en curso. Si las suspensiones se hicieron en 2020 y no se han reiterado en 2021, tienen luz verde. El año pasado tampoco se les pudo aplicar la ley, porque se promulgó después de que las empresas ya habían anunciado la repartición. ­

Para justificar la intervención de ese tribunal, uno de los principales argumentos es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones ocurridas desde octubre de 2019. La Corte Penal Internacional podría tardar años sólo en declarar la admisibilidad del recurso. La Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) también suscribieron el escrito, el que fue presentado este jueves a las 11:00 de Chile.

CIPER entrevistó a transportistas de la empresa de reparto Starken, controlada por los dueños de Tur Bus y una de las más solicitadas en la pandemia. Todos han sido asaltados y la empresa les cobra por la carga que les roban. Sus liquidaciones muestran descuentos que llegan hasta $790 mil mensuales. Pablo Valdés murió de un balazo en el pecho el 24 de marzo pasado porque defendió la carga. Los repartidores dicen que ganan entre $600 mil y $1,2 millones al mes, por lo que si son asaltados deben escoger entre pedir préstamos para sobrevivir o enfrentar a los ladrones.

En esta nueva investigación de las “zonas ocupadas” actualizamos los datos de infraestructura y equipamiento de las poblaciones, villas y barrios más expuestos al crimen organizado en la Región Metropolitana. La mayoría de estas 174  zonas son catalogadas como de “alto riesgo” por prestadores de servicios esenciales (agua, luz, correos, ambulancias y delivery). Muchas de ellas están lejos de farmacias, consultorios, comisarías y supermercados, entre otros servicios. En conjunto con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP, para este reportaje revisamos bases de datos y hablamos con trabajadores que proveen estos servicios en la ciudad. El resultado es un retrato de la violencia y desprotección que sufren los sectores más vulnerables de la capital, plasmado en una detallada visualización con mapas y datos de cada zona.

Primero en 2009 y luego en 2012, CIPER identificó las zonas controladas por el narcotráfico en la Región Metropolitana. Las llamamos “zonas ocupadas”, porque sus habitantes viven prácticamente al margen de la acción del Estado, expuestos a la violencia y con escaso acceso a equipamiento urbano. Ahora, en alianza con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP, presentamos la tercera versión. Revisamos bases de datos, entrevistamos a pobladores y preparamos una visualización con los mapas y el detalle de cada zona. El resultado es desalentador: las “zonas ocupadas” pasaron de 80 a 174. Y sus habitantes, que hace algunos años aún consideraban que los tiroteos y “balas locas” eran episodios graves y extraordinarios, finalmente se acostumbraron a la violencia. Este es el relato de quienes conviven con el crimen organizado.

Un funcionario de la Dirección de  Inteligencia del Ejército (DINE) ya declaró en la investigación judicial y admitió que solicitó por correo electrónico al Registro Civil información de Mauricio Weibel y de un ex militar que denunció corrupción. Ese dato es clave, porque desde la misma dirección IP utilizada por ese funcionario se requirieron antecedentes sobre otros periodistas que investigaban corrupción militar y violaciones de  derechos humanos. Las solicitudes al Registro Civil fueron investigadas por la PDI: aparecieron otras direcciones IP, nuevos correos electrónicos y los nombres de al menos cinco periodistas. Ya está  identificada otra funcionaria de la DINE que también solicitó ese tipo de antecedentes.

Al menos en cuatro ocasiones el Partido Socialista recibió antecedentes que alertaban sobre las denuncias de  acoso y abuso sexual contra el alcalde Arturo Aguirre, lo que no impidió que la colectividad patrocinara su candidatura a la reelección. En  enero de 2020 un estudio jurídico que representa a una de las afectadas los entregó por escrito en la sede partidaria, donde les pusieron el timbre de recepción de la colectividad. En las mismas fechas el militante socialista Sergio Castillo también presentó los testimonios. Luego, en enero de este año, volvió a ingresarlos en la sede del PS en una carta dirigida al Comité Central, en la que también quedó impreso el cuño de la recepción.

Un informe elaborado por la Fiscalía, con datos actualizados al 28 de enero pasado, indica que originalmente se abrieron 8.581 causas por violaciones de derechos humanos ocurridas  durante el estallido social. De ellas, 2.013 fueron reagrupadas con otros procesos. En total quedaron activas 6.568. Pero el 46% de ellas, 3.050 causas, ya fueron cerradas sin formalizaciones y en su mayoría prácticamente sin avances. Las principales razones: falta de pruebas y víctimas inubicables. El informe indica que solo una se cerró con sentencia condenatoria.