CIPER en tus Oídos

Discriminación por clase y nacionalidad, baja eficacia y un uso cada vez más masivo por parte de las policías, son algunos de los problemas que detectan los expertos en seguridad respecto del control preventivo de identidad, vigente en el país desde 2016. La muerte del malabarista Francisco Martínez, en Panguipulli, a manos de un sargento de carabineros durante un control, reflotó el debate sobre la utilidad de la medida. Los datos indican que en 2020 solo el 2% de los controles resultó en una detención, y que estos se enfocan en ciertos grupos de la ciudadanía. Y a pesar de que es ilegal, los carabineros siguen realizando miles de controles a menores de edad. Solo entre enero y septiembre de 2020 controlaron a 27 mil adolescentes.

Nunca en la historia de Panguipulli había pasado algo así. La noche del viernes 5 de febrero los vecinos de la ciudad sureña vieron arder los edificios de la municipalidad, del juzgado local, del registro civil y de varios otros servicios públicos y privados. Cinco horas antes un sargento de Carabineros había acribillado en una esquina del centro de la ciudad al malabarista Francisco Martínez, a vista y paciencia de todos. Nadie se lo esperaba, pero la rabia se expandió como la pólvora. Otra vez la policía uniformada está en el centro de un escándalo social, judicial y político.

Entre 1992 y 2007, cinco ex seminaristas del Pontificio Mayor San Rafael de Lo Vásquez fueron víctimas de abusos sexuales y de conciencia por parte de diversos sacerdotes de la Quinta Región. También lo fueron de una red de encubrimiento en la diócesis de Valparaíso, con el ex obispo Gonzalo Duarte a la cabeza. El 5 de agosto de 2020 los ex seminaristas interpusieron una demanda en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por $1.250 millones en contra del obispado. Un mes antes, el 17 de julio, otra denuncia había sido presentada en sede canónica. Hace pocos días, y por primera vez a 12 años de que estallara el caso de abusos en Valparaíso, una de las víctimas fue citada a declarar. Por vía paralela, el ex obispo Duarte, quien reside en un departamento de $190 millones propiedad del obispado, sigue siendo investigado como imputado por la Fiscalía Centro Norte.

El sistema de compras adoptado en Chile para responder a la emergencia sanitaria, permitió que más de cien empresas que tenían menos de un mes de existencia se adjudicaran contratos millonarios con servicios públicos por trato directo, es decir, sin ninguna competencia. En esta investigación, realizada por Salud con Lupa y Connectas, se analizaron todas las órdenes de productos para el Covid-19 publicadas en el portal de Mercado Público en 2020 y se descubrieron adquisiciones con sobreprecios y contratos con empresarios vinculados a funcionarios públicos.

En un 2020 azotado por la crisis económica, tras el estallido social y la pandemia, San Sebastián Inmobiliaria inició acciones para quedarse con las casas de sus deudores que no pudieron seguir pagando y que habían cedido sus inmuebles como garantía. La empresa dice que esto afecta solo al 2% de sus clientes y que en pandemia dio facilidades. CIPER revisó los registros del Poder Judicial: 252 solicitudes de juicio arbitral ingresaron después de decretado el estado de Emergencia por Covid. Abogado de deudores dice que la fórmula es similar a la de Eurolatina, condenada años atrás por estafar a través de préstamos imposibles de pagar, para quedarse con las casas: “Ni Eurolatina ni San Sebastián pedían documentación que comprobara la capacidad de pago”.

CIPER investigó durante semanas un call center de la campaña del alcalde Miguel Ángel Aguilera (ex PS), quien busca su tercer período. Accedimos a audios y otros registros que revelan cómo funcionarios municipales dejan sus labores habituales para trabajar en la campaña: llaman a los vecinos para medir preferencias electorales, presentándose como operadores de una consultora. En uno de los audios, el jefe del call center ofrece licencias médicas para justificar el ausentismo laboral en el municipio. Encargado de comunicaciones de la municipalidad respondió a CIPER: negó la existencia del call center y anunció querellas.

Lee la investigación completa aquí bit.ly/2JO5gb4

Cuando la Fiscalía acreditó que la precampaña de Michelle Bachelet fue financiada por SQM, el SII dejó de hacer denuncias ante la justicia penal. Solo SQM, Penta y Corpesca fueron investigadas y al resto de las empresas las enviaron a los Tribunales Tributarios, donde se les aplicaron multas. A algunas, como Ripley y Cencosud, ni siquiera se les sancionó por el total de las boletas. CIPER revisó esos procesos y detectó 28 empresas involucradas. Entre las boletas rectificadas figuran pagos a personas o sociedades vinculadas a los presidentes de la DC y UDI, a un ministro del Tribunal Constitucional, a parlamentarios, a ex ministros, a Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera, entre otras figuras públicas. Una nómina a tener en cuenta en época de elecciones.

En diciembre del año pasado la junta de accionistas de Volcom Servicios Financieros reconoció que adeudaba casi $500 millones a Inversiones San Crescente, sociedad en la que participa Sebastián Piñera Morel. José Miguel Bulnes, quien al mismo tiempo es socio de Volcom y de Piñera Morel, confirmó a CIPER que el préstamo “se ha ido pagando gradualmente”. El monto fue facilitado en 2015, según Bulnes, cuando Piñera Morel aún participaba en la propiedad de Volcom: “Se originó en el inicio de la sociedad (Volcom), para financiar su constitución, sus garantías y los recursos para co-invertir en los feeders”.

Según un estudio del COES (2018), la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante se producen en las regiones donde el índice de desigualdad es igual o superior al promedio nacional. La presente columna le pone números a esa relación “desigualdad-conflicto”. Según el cálculo exploratorio propuesto por los  autores, y considerando el carácter multidimensional de los orígenes del conflicto social, “reducir la desigualdad de Chile de 0,49 a 0,43 (GINI) podría significar una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional”

Los Gatica Villarroel han vivido un mes de angustia. Dos días antes de que el hijo menor, Gustavo, perdiera sus ojos por un escopetazo de Carabineros, a su padre le diagnosticaron cáncer. Gustavo salió de la clínica después de 18 días y su papá se internó para iniciar el tratamiento. Acá, el hermano mayor, Enrique, habla de la fortaleza de Gustavo para sobrellevar la pérdida de la visión, de la solidez de sus convicciones, de lo bien que le hacen los mensajes de aliento, de la responsabilidad de las autoridades y de sus deseos de contactar a Fabiola Campillay (la trabajadora que quedó ciega por una bomba lacrimógena) para brindarse apoyo mutuo.