CIPER en tus Oídos

La situación del concejal de La Calera Karim Chahuán, detenido inicialmente por un saqueo, se agrava. Ahora es investigado por sus  nexos con Pedro Melo Cartagena, líder de la banda que en 2011 cayó en la  Operación Ballena con 211 kilos de droga. La Fiscalía presentó al  tribunal el testimonio de un imputado que relata que Chahuán recibía a  Melo Cartagena en su automotora, donde los vio pesar droga. Las  pesquisas indican que le facilitaba vehículos a cambio de cocaína y que intercedía ante Carabineros para que autos involucrados en delitos de drogas pasaran al corral municipal solo por infracciones de tránsito.

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Al abogado alemán Jörg Stippel, las protestas chilenas le recuerdan las  manifestaciones no autorizadas que todos los lunes se realizaban en la  RDA y que concluyeron en la reunificación alemana. El autor piensa que  lo que ocurre en Chile es clave para nuestro futuro y es necesario que  los chilenos “puedan hacer uso de su derecho a reunirse, aunque causen  problemas en el tránsito”. Revisando la legislación alemana, europea y  chilena afirma que declarar “tolerancia 0” ante manifestaciones no  autorizadas “constituye un límite desproporcionado e injustificado al  ejercicio de uno de los derechos constitutivos de un sistema  democrático.”

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El gobierno ha sido duramente criticado  por asegurar que, usando tecnología de Big Data, detectó influencia  extranjera en el 18/O. Este interesante texto del doctor en Ciencias de  la Computación, Claudio Gutiérrez, profesor de la Universidad de Chile e  investigador del IMFD, nos introduce al mundo del Big Data. Tras  aclarar sus alucinantes posibilidades, riesgos y límites, el autor  concluye citando a uno de los expertos mundiales en Inteligencia  Artificial: “No se puede hacer ‘inteligencia’ con datos no estructurados  de redes públicas y quien diga que puede hacerlo, vende humo”.

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Un 11% de los detenidos durante el estallido social son menores, según las  cifras del gobierno. Entre ellos hay muchos adolescentes vulnerables  que pertenecen a la red del Sename. Al menos 115 jóvenes atendidos por  ese servicio han denunciado maltrato policial grave e irregularidades en  sus detenciones. De esta forma, menores que están bajo tutela del  Estado acusan haber sido víctimas de agentes del mismo aparato público.  El 28 de octubre el Sename activó circulares en toda su red para que se  registren los casos, se denuncien a la Fiscalía y al INDH, y se informe a  la Defensoría de la Niñez.

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¿Qué condiciones debe tener el proceso  constituyente para ser legítimo para los pueblos indígenas? El Centro de  Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) reunió representantes de la  academia, del mundo social e indígena para discutir este asunto.  Destacan varios requisitos mínimos, entre ellos, escaños reservados en  el Constituyente que puedan ser ocupados con paridad de género; y que el padrón electoral permita votar por esos escaños a todos lo que se  autoidentifiquen como indígenas.

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Los y las autoras de esta columna asistieron a 72 audiencias de control de  detención tras el 18/O. A partir de sus datos afirman que el trabajo  judicial “no resguardó la integridad física y dignidad de los  detenidos”. Por ejemplo, en 46 audiencias no se preguntó a los imputados  sobre las condiciones de detención. En estas audiencias se debe  fiscalizar la legalidad de los procedimientos policiales, sin embargo,  la muestra indica que el Poder Judicial “está fallando en indagar  sistemáticamente posibles violaciones a DD.HH durante la detención”.

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Entre 2015 y 2019 más de 1.000 test de drogas aplicados a personal militar y policial dieron positivos para  marihuana y cocaína. A pesar de que se trata de una cifra marginal para  el total de exámenes realizados, CIPER halló una serie de  irregularidades: según la información que ellas mismas entregaron vía  Ley de Transparencia, Carabineros solo sanciona a suboficiales, la PDI  disminuyó el número de test aplicados en 2018 y 2019, y en el Ejército  se triplicó el número de casos positivos en medio del estallido social.  También hay zonas grises en las sanciones aplicadas a los efectivos  detectados como consumidores.

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La  información difundida por CIPER sobre las becas del grupo Luksic para  oficiales del Ejército, es un incentivo para debatir en el proceso  constituyente sobre “la naturaleza actual y el futuro de las Fuerzas  Armadas” y la manera en que deben estructurarse las relaciones entre  civiles y militares. Así lo plantea el autor de esta columna: “Debemos  promover que la ciudadanía (…) se relacione con la defensa nacional  subordinándola a sus intereses, si no queremos (…) que grupos económicos  de reconocida trayectoria de influencias, financien filantrópicamente  la formación de los conductores del instrumento militar”.

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Esta  columna muestra didácticamente cómo debería operar la convención  constituyente, usando como ejemplo el camino que debería seguir la propuesta de que el agua se consagre como derecho humano. El análisis  lleva al autor a sostener que “la hoja en blanco” sobre la que se  escribirá la nueva Constitución es la principal garantía de legitimidad  del proceso; y que el quórum de 2/3 para los contenidos de la  Constitución NO entrega poder de veto a la minoría sino que la incentiva  a negociar y “garantiza un texto para todos y todas”.

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El sistema penal chileno tiene profundos defectos estructurales, como el  sesgo clasista y la falta de proporcionalidad en las penas. Por ello,  argumentan los autores de esta columna, la criminalidad callejera recibe  altas penas, mientras la delincuencia de cuello blanco, solo sanciones  simbólicas; el robo, por su parte, tiene sanciones más drásticas que  delitos contra la vida. Argumentan que proyectos como “antiencapuchados”  y “antisaqueos” van a empeorar este desequilibrio y que lo que  corresponde es dejar de parchar el Código Penal e iniciar la discusión  de uno nuevo, a la altura del Chile del siglo XXI.

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