La tesis del anarco-narco como el actor tras los saqueos “es cognitivamente confortable” para la elite. La tranquiliza porque le  ofrece un malo a quien echarle la culpa de todo, explica el autor de  esta columna. Sin embargo, al hacer eso, la elite chilena ni comprende  bien lo que está detrás del 18/O; ni toma conciencia de que la verdadera  amenaza narco no está en el saqueo, sino en cómo coopta y corrompe a  las autoridades y a las policías.

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El masivo desprecio a los partidos políticos es merecido. Pero también es  un problema. “Sin organizaciones políticas legítimas es imposible  restablecer el orden democrático y lograr estabilidad”, explica el  politólogo Fernando Rosenblatt. En este crucial 2020, los viejos y los  nuevos partidos tendrán una oportunidad única de recuperar legitimidad.  Para aprovecharla, el autor recomienda partir por “evitar la tentación  del pequeño partido propio y las ganancias de corto plazo”.

La autora de esta columna sostiene que el 18/O no es un “estallido” sino  un “levantamiento popular” que comenzó con la “desobediencia civil” de  los estudiantes en el Metro y que sigue hasta hoy. Miradas desde ahí,  las normas anti-encapuchados y anti-saqueos que impulsa un gobierno con  82% de rechazo, tienen un objetivo claro: “someter al levantamiento y  prevenir futuros brotes de descontento”. Estas normas no serían, como se  ha dicho, ejemplos de “populismo penal”, pues este se caracteriza por  perseguir a los oligarcas; serían más bien, ejemplos de “fascismo penal”  dado que buscan castigar al que se subleva. Advierte que, si este  fascismo no se denuncia y detiene, “puede convertirse en la nueva  normalidad en la sociedad chilena”.

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Con veinticuatro votos a favor  y doce en contra, fue rechazada la semana pasada la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional  sobre dominio y uso de aguas. Se selló, de esta manera, por lo menos  momentáneamente, una larga tramitación originada en 2008, que pasó  varias comisiones y donde el proyecto original fue refundido con otras iniciativas similares en 2016.

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“Para Kant, la caridad y la beneficencia  no dejan de ser una impostura. La necesidad de ejercerlas proviene de  alguna injusticia social cometida previamente, al acaparar los recursos  disponibles en pocas manos y privar de los mismos a la inmensa mayoría”.  Opinión del historiador de las ideas Roberto Aramayo, para The Conversation, en el día mundial de la justicia social.

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El  hombre de 55 años estaba manifestándose en la Plaza Ñuñoa, en Santiago,  cuando fue atacado por un piquete de Fuerzas Especiales. Las  consecuencias para su salud fueron graves: tres meses después aún no  recupera la vista. Además quedó con un pulmón perforado, cinco costillas  fracturadas, un hombro dislocado, un diente menos, dos astillados y su  nariz rota. Los 12 policías involucrados entregaron a la justicia una  versión falsa, la que fue desestimada por una investigación interna de  Carabineros, por la PDI y por testigos. Hace unos días una jueza liberó a  todos los involucrados de la prisión preventiva. La familia, el INDH y  la Fiscalía ya presentaron una apelación. Los uniformados eran  investigados por el delito de torturas.

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Quienes apoyan el “rechazo” a la nueva  Constitución aseguran que con algunas reformas el actual texto puede  satisfacer las demandas sociales. Para Miriam Henríquez,  constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, los fallos del TC  desmienten esta idea: consistentemente éste impide reformas sustantivas,  argumentando que contradicen la Carta Fundamental. La autora explica  que eso se debe a que la Constitución no es neutra: promueve un Estado  subsidiario que por principio considera como servicios provistos por  particulares aquello que se quiere transformar en “derechos sociales”.  Por ello, la actual Constitución y las demandas sociales no son  compatibles, explica.

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