CIPER en tus Oídos

El concejal de La Calera Karim Chahuán está en la mira de la Fiscalía por ilícitos mucho más graves que participar en un saqueo a fines de octubre. Desde septiembre la policía tenía interceptado su teléfono por prestar colaboración a una banda de narcotraficantes que también ejecutaron asaltos y robos. Informes de la PDI indican que facilitó autos para cometer delitos, los que provenían de la automotora que él administraba y que es controlada por una sociedad de su padre, el ex alcalde y actual CORE Roberto Chahuán. También es indagado por la desaparición de videos de seguridad que registraron a miembros de la misma banda en un tiroteo.

Un informe de la Universidad de Chile comprobó que los perdigones que utiliza Carabineros para controlar el orden público están compuestos en un 80% por plomo, silicio y sulfato de bario. Médicos que han atendido a los heridos insisten en la presencia de componentes metálicos en los balines. Lo mismo señalan los radiólogos que han analizado escaners de esas personas. Esto contrasta con la versión oficial del gobierno y Carabineros, que han insistido en que los perdigones son de goma. Hasta ahora 217 personas han sufrido daños oculares causados por estas municiones.

Son 9,5 millones de tarjetas de crédito con deudas las que amasa la industria del retail financiero en Chile. No solo es el sector de la economía con más deudores morosos, también uno de los que concentra la mayor cantidad de reclamos por vulneraciones. Conversamos con clientes y nos convertimos en titulares de tarjetas en cinco multitiendas para poner a prueba las  prácticas de la industria del crédito fácil: ventas atadas de seguros; firma a ciegas de contratos; cobros abusivos y tráfico de información desde las AFP, fue lo que encontramos. Una alerta roja más en medio del profundo malestar que hoy sacude al país impulsado por la desigualdad y los abusos del sistema.

La multitudinaria protesta contra el sistema político y económico puso en marcha un proceso constituyente que no estaba en los cálculos de la elite. El acuerdo parlamentario para una nueva Carta Magna instaló una comisión técnica que afinará los detalles de ese pacto. La comisión fue “cuoteada” por los partidos, lo que atizó las críticas de quienes acusan que el acuerdo no representa a la ciudadanía. ¿Cuáles son los nexos entre los intereses del poder público y privado y los integrantes de la comisión? CIPER rastreó esos vínculos. Lobistas y asesores de grandes empresas -incluyendo el rubro de los tragamonedas-, ex funcionarios de gobierno y un ex diputado investigado por financiamiento político ilegal, integran la comisión que pretende rayar la cancha del debate constitucional.

Una pesada estructura legal permite a Carabineros mantenerse al margen del  control efectivo de las autoridades civiles y del escrutinio de la  ciudadanía. Los autores de esta columna de opinión describen cómo  funciona ese entramado y analizan sus efectos. Se trata, dicen, “de un  régimen jurídico sumamente diferenciado al resto de la administración  pública que fomenta el actuar autónomo y opaco de Carabineros de Chile”.  Reformar este blindaje, señalan, es una tarea urgente tras el mega  fraude interno de 2017 y las graves vulneraciones de derechos humanos  que ha protagonizado la policía en el periodo reciente.

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20 generales, coroneles, mayores y  tenientes del Ejército han estudiado en prestigiosas universidades  estadounidenses gracias al financiamiento del Grupo Luksic, el que desde  2012 se encarga de pagar los cursos y másters con que se capacitan los  oficiales chilenos, los que cuestan varias decenas de miles de dólares.  El financiamiento empresarial de la formación de los oficiales viene a  sumar antecedentes a la estrecha relación de los Luksic con el Ejército,  cuyos pormenores ya están siendo indagados por la justicia.

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El académico Claudio Nash destaca que,  en esta nueva visita, el CIDH encuentra a un Poder Ejecutivo que “sigue  sin hacer cambios de fondo en su política represiva” y que “ha  intensificado la criminalización de la demanda social”, cuestión que la  CIDH ya había criticado en su informe de diciembre. El autor cuestiona  al Congreso por no haber puesto freno al Ejecutivo y advierte que “el  Poder Judicial, cada vez más, se aleja de su rol de control de los  abusos ejercidos contra el pueblo de Chile y se suma a una política de  impunidad respecto de los abusos policiales”.

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Un peritaje elaborado hace siete años por el Departamento de Criminalística recomendó disparar a más de 30 metros del blanco y solo apuntando al tercio inferior del cuerpo de los manifestantes. Disparos a menor distancia, advirtió el informe, pueden  ser letales –si impactan en el cuello– o provocar estallido ocular, fractura craneal y laceraciones hemorrágicas en el abdomen, entre otros efectos. El documento demuestra que Carabineros conocía los riesgos de  usar esta arma y que las advertencias fueron ignoradas en las manifestaciones recientes, en las que ya se han registrado más de 220 lesiones oculares.

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El cambio de Chadwick por Blumel en el ministerio del Interior “no tuvo impacto alguno en reducir las violaciones generalizadas a los derechos  humanos”, afirman los autores de este estudio. De hecho, con Blumel los  abusos han aumentado, según muestran en un ilustrativo cuadro de este  informe. Se ofrece también un recuento de las demandas sociales que se  acumularon por más de 30 años y cómo han sido contestadas con 60 días de  violencia. Los autores llaman a democratizar la ciencia que, en su  opinión, debiese respaldar los cambios profundos que la sociedad está  exigiendo hoy.

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El autor de esta columna analiza las fortalezas y silencios del informe  del INDH sobre las violaciones a los derechos humanos. Cuestiona en  particular dos omisiones “inexplicables”: que el informe no entregue  cifras consolidadas que permitan tener un panorama completo de los  abusos cometidos; y la falta de una conclusión clara acerca de las  responsabilidades civiles en esta crisis. Es decir, de las autoridades que son responsables de la actuación de Carabineros: el Ministerio del Interior y el Presidente de la República.

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