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Hasta ahora la discusión constitucional se ha concentrado en cómo lograr que la “convención” refleje la diversidad de Chile. El autor destaca aquí otros temas irresueltos, por ejemplo, que las candidaturas independientes a la convención recibirán menos financiamiento público que los postulantes de los partidos; y que los candidatos pueden recibir donaciones de privados. El autor sugiere medidas para “nivelar la cancha y estimular un debate programático”, tales como prohibir donaciones y aumentar el aporte público a las campañas independientes y financiar franjas radiales.
La tesis del anarco-narco como el actor tras los saqueos “es cognitivamente confortable” para la elite. La tranquiliza porque le ofrece un malo a quien echarle la culpa de todo, explica el autor de esta columna. Sin embargo, al hacer eso, la elite chilena ni comprende bien lo que está detrás del 18/O; ni toma conciencia de que la verdadera amenaza narco no está en el saqueo, sino en cómo coopta y corrompe a las autoridades y a las policías.
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El masivo desprecio a los partidos políticos es merecido. Pero también es un problema. “Sin organizaciones políticas legítimas es imposible restablecer el orden democrático y lograr estabilidad”, explica el politólogo Fernando Rosenblatt. En este crucial 2020, los viejos y los nuevos partidos tendrán una oportunidad única de recuperar legitimidad. Para aprovecharla, el autor recomienda partir por “evitar la tentación del pequeño partido propio y las ganancias de corto plazo”.
La autora de esta columna sostiene que el 18/O no es un “estallido” sino un “levantamiento popular” que comenzó con la “desobediencia civil” de los estudiantes en el Metro y que sigue hasta hoy. Miradas desde ahí, las normas anti-encapuchados y anti-saqueos que impulsa un gobierno con 82% de rechazo, tienen un objetivo claro: “someter al levantamiento y prevenir futuros brotes de descontento”. Estas normas no serían, como se ha dicho, ejemplos de “populismo penal”, pues este se caracteriza por perseguir a los oligarcas; serían más bien, ejemplos de “fascismo penal” dado que buscan castigar al que se subleva. Advierte que, si este fascismo no se denuncia y detiene, “puede convertirse en la nueva normalidad en la sociedad chilena”.
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Con veinticuatro votos a favor y doce en contra, fue rechazada la semana pasada la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional sobre dominio y uso de aguas. Se selló, de esta manera, por lo menos momentáneamente, una larga tramitación originada en 2008, que pasó varias comisiones y donde el proyecto original fue refundido con otras iniciativas similares en 2016.
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“Para Kant, la caridad y la beneficencia no dejan de ser una impostura. La necesidad de ejercerlas proviene de alguna injusticia social cometida previamente, al acaparar los recursos disponibles en pocas manos y privar de los mismos a la inmensa mayoría”. Opinión del historiador de las ideas Roberto Aramayo, para The Conversation, en el día mundial de la justicia social.
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El hombre de 55 años estaba manifestándose en la Plaza Ñuñoa, en Santiago, cuando fue atacado por un piquete de Fuerzas Especiales. Las consecuencias para su salud fueron graves: tres meses después aún no recupera la vista. Además quedó con un pulmón perforado, cinco costillas fracturadas, un hombro dislocado, un diente menos, dos astillados y su nariz rota. Los 12 policías involucrados entregaron a la justicia una versión falsa, la que fue desestimada por una investigación interna de Carabineros, por la PDI y por testigos. Hace unos días una jueza liberó a todos los involucrados de la prisión preventiva. La familia, el INDH y la Fiscalía ya presentaron una apelación. Los uniformados eran investigados por el delito de torturas.
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Quienes apoyan el “rechazo” a la nueva Constitución aseguran que con algunas reformas el actual texto puede satisfacer las demandas sociales. Para Miriam Henríquez, constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, los fallos del TC desmienten esta idea: consistentemente éste impide reformas sustantivas, argumentando que contradicen la Carta Fundamental. La autora explica que eso se debe a que la Constitución no es neutra: promueve un Estado subsidiario que por principio considera como servicios provistos por particulares aquello que se quiere transformar en “derechos sociales”. Por ello, la actual Constitución y las demandas sociales no son compatibles, explica.
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