El actual presidente del Tribunal Constitucional ha sido durante décadas uno de los operadores del Derecho más sobrevalorados, aunque el PSOE le ha gratificado con una enorme generosidad por los servicios prestados. Ahora está a la espera del último pago, que es convertirse en consejero permanente del Consejo de Estado cuando abandone su actual cargo. Su adscripción a la izquierda y, sobre todo, a la concepción del uso alternativo del Derecho al servicio del poder político le ha permitido escalar en la carrera hasta ser magistrado del Tribunal Supremo, fiscal general del Estado y presidente del Tribunal Constitucional.