Carlos Cuesta y Nuria Richart conversan con Pedro F. Barbadillo sobre Pedro Velarde y Luis Daoiz, mártires del levantamiento del 2 de mayo de 1808.

Carlos Cuesta analiza los mensajes de Armengol con Koldo junto con Sandra León, Pablo Planas y Teresa Gómez.

Carlos Cuesta entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sobre el recibimiento a la líder venezolana y otros temas de actualidad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la entrega de las llaves de oro de la ciudad a María Corina Machado, ha respaldado el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura y ha cargado contra la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno, a la que ha calificado de "chapuza" diseñada únicamente para "amarrar los cuatro votos de Podemos".

En La Noche de Cuesta, Almeida ha descrito la recepción a la líder opositora venezolana como la más emotiva de cuantas ha presidido en sus años como alcalde. "He dado unas cuantas llaves de oro y ninguna ha sido tan emocionante ni tan concurrida, tanto dentro del salón de plenos como fuera en la calle", ha afirmado, relatando que Machado no pudo salir de la plaza de la Villa en 40 minutos por la multitud que la rodeaba.

El alcalde ha trazado una línea clara entre quienes han recibido a Machado y quienes han mirado hacia otro lado. "Viene una heroína de la libertad, una mujer que ha jugado su vida y su integridad física, y hay unos que estamos del lado de la democracia y la libertad y otros que se van a echar en brazos de un Petro o de un Maduro", ha afirmado. Sobre la actitud de Pedro Sánchez ha manifestado que "es la constatación de que ya no tiene más proyecto que el del populismo latinoamericano como forma de perpetuarse en el poder".

Ha rechazado además las acusaciones de racismo lanzadas desde la izquierda. "No hay ciudad más acogedora que Madrid. Es indignante que nos digan que somos racistas", ha afirmado. Para Sánchez los inmigrantes son un instrumento político, no una cuestión humanitaria: "Sánchez es una persona que se compadece única y exclusivamente de sí mismo".La chapuza de Sánchez

Almeida ha criticado con dureza el proceso de regularización masiva: "No hablamos de antecedentes penales, hablamos de antecedentes policiales, de si te han detenido y por qué, y eso no va a ser tenido en cuenta", ha denunciado. Ha recordado, también, que el Consejo de Estado presidido por Carmen Calvo ya tuvo que enmendar la plana al Gobierno en un proceso anterior similar.

Ha advertido también del impacto directo sobre los servicios públicos. "Nos han regularizado a medio millón de personas sin darnos ni una sola instrucción ni un solo aumento de capacidad para poder atenderlos", ha señalado. Ha añadido que esto repercute directamente contra quienes trabajan y pagan impuestos cada día.El acuerdo PP-Vox en Extremadura

El alcalde ha respaldado el acuerdo alcanzado en Extremadura, incluido el principio de prioridad nacional en el acceso a servicios públicos. Ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid ya aplica un criterio similar en la adjudicación de viviendas, exigiendo al menos diez años de empadronamiento. "¿Parece lógico? Es que lo es. Es lógico y razonable", ha afirmado, subrayando que "solo la ferocidad de las reacciones de nuestros adversarios políticos dice que estamos en el buen camino".

Ha concluido con una lectura política de fondo: la izquierda "va contra el sentido común y contra la realidad", y eso explica, a su juicio, la situación electoral en la que se encuentra y que "en mi opinión va a ir a peor por mucho que Sánchez pretenda seguir en la Moncloa".

Carlos Cuesta y Sandra León comentan toda la actualidad.

Carlos Cuesta desgrana las conversaciones que aparecen en el informe de la UCO sobre las mascarillas en Baleares.

El último editorial de Carlos Cuesta en La Noche de Cuesta, de esRadio, se ha centrado en el nuevo informe de la UCO sobre el caso mascarillas en Baleares, un documento que, según el periodista, desmonta la versión ofrecida por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El informe, conocido en las últimas horas, analiza las gestiones realizadas durante la pandemia en la compra de material sanitario, en un momento en el que Armengol presidía el Gobierno balear. Cuesta ha sido tajante al respecto: "Este informe revela que al menos se intercambiaron 65 mensajes entre Francina Armengol y Koldo García Izaguirre", una cifra que, a su juicio, contradice frontalmente la defensa de la dirigente socialista.Mensajes que contradicen su versión

Armengol había sostenido que su relación con Koldo García fue prácticamente inexistente. Sin embargo, el análisis de la UCO apunta a una comunicación fluida y directa. Cuesta ha ironizado sobre esta contradicción: "Esto es lo que Francina Armengol traduce diciendo que prácticamente no tenía trato con este señor".

Según ha detallado, los mensajes incluían expresiones de cercanía y peticiones concretas de gestión. Entre ellas, solicitudes como "Necesito hablar con el ministro" o respuestas como "Llámame cuando puedas, cariño, te mantengo informada". Para el periodista, este contenido refleja una relación "cercana" que sitúa a la presidenta del Congreso en una "tesitura delicada".

Además, ha recordado que Armengol declaró ante el Tribunal Supremo negando tener constancia de esos contactos: "No lo recuerdo ni tengo constancia alguna de ello". Cuesta ha cuestionado esa comparecencia, subrayando que se realizó por escrito, sin posibilidad de repreguntas.Contratos rápidos y sin objeciones

El editorial también pone el foco en la rapidez con la que se cerraron operaciones de compra de mascarillas. Según el relato, en cuestión de horas desde el primer contacto se activaron mecanismos administrativos, se fijaron precios y se organizaron envíos.

Cuesta ha descrito ese proceso como una "celeridad inusitada", señalando que el informe acredita que Armengol facilitó contactos dentro de la Administración para cerrar contratos por valor de 3,7 millones de euros. "A la hora ya estaba el flete en marcha, a las pocas horas ya estaba el vuelo en marcha", ha relatado.

Otro elemento destacado es la ausencia de reclamaciones por material defectuoso durante la etapa del Ejecutivo balear. Según ha explicado, esas irregularidades no se denunciaron hasta el cambio de gobierno en 2023, cuando el nuevo Ejecutivo inició acciones por incumplimiento de contrato.Un patrón repetido en otras regiones

Cuesta ha enmarcado el caso de Baleares dentro de un esquema más amplio que, según sostiene, también se produjo en otras comunidades como Canarias, entonces presidida por Ángel Víctor Torres. A su juicio, el funcionamiento de la trama fue "exactamente el mismo".

El periodista ha señalado que la iniciativa de las operaciones no partía de los gobiernos autonómicos, sino de la propia red investigada, que ofrecía propuestas cerradas para la compra de material sanitario o la gestión de infraestructuras.

Asimismo, ha extendido este patrón a varios ministerios del Gobierno central, mencionando Interior, Sanidad y Transportes, además de distintas entidades públicas.La incógnita del beneficio final

Uno de los puntos centrales del análisis ha sido la falta, por el momento, de pruebas de enriquecimiento personal de Armengol. Cuesta ha reconocido este hecho, pero ha planteado una duda clave: "¿Por qué tenían tanto empeño en que la trama triunfara si no iban a conseguir ellos dinero?".

A partir de ahí, ha apuntado a una posible derivación de fondos hacia estructuras superiores, mencionando investigaciones abiertas sobre la financiación del PSOE. "Parte del lucro tenía que ir a otro sitio", ha afirmado.

En este contexto, ha situado la responsabilidad última en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al recordar que fue quien centralizó la compra de mascarillas durante la pandemia. "Quién podía estar al cabo de la calle: Pedro Sánchez", ha concluido.

Carlos Cuesta comenta con Luis F. Quintero las consecuencias reales en nuestra economía de la medida tomada por el Gobierno con los extranjeros.

Carlos Cuesta analiza con Fran Carrillo y Luca Costantini la comparecencia en el Senado de la mujer de Cerdán y la declaración del exconsejero andaluz

Carlos Cuesta entrevista al portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez, sobre la protesta contra el ministro del Interior por unas mejores condiciones.

El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha denunciado que el Gobierno destina más de un millón de euros a estudiar si la baliza V16 es útil después de haber obligado a todos los conductores españoles a comprarla, mientras la Policía Nacional carece de chalecos antibalas, ropa de abrigo y unas instalaciones dignas.

En La Noche de Cuesta, Domínguez ha recordado que los problemas con la baliza los advirtieron desde el principio los propios agentes de tráfico de la Guardia Civil. "Nos ha hecho gastar cientos de millones de euros a los españoles, recaudando buena parte mediante impuestos el Gobierno, y ahora quieren gastar más de un millón en estudiar si es útil o no, cuando ya nos han obligado a comprarla", ha denunciado.Desprotegidos

Ante la pregunta sobre las prioridades reales de gasto en seguridad, Domínguez ha trazado un retrato demoledor de las carencias materiales del cuerpo. "Todavía hay muchos compañeros en puestos operativos sin chalecos antibalas, estando como está el país y campando el narco a sus anchas", ha afirmado.

A esto último se suma la falta de equipamiento básico: "La Policía Nacional no tiene ropa de dotación en condiciones para combatir el frío. Los compañeros se están comprando la ropa interior de su propio bolsillo". El estado de las comisarías, ha añadido, es visible para cualquier ciudadano que acuda a presentar una denuncia o a renovar el DNI.Manifestación

Domínguez ha convocado a la ciudadanía a sumarse a la manifestación convocada para este sábado 18 de abril a las 12 del mediodía desde la Puerta del Sol en Madrid. La movilización está impulsada por Jusapol, Jucil y Jupol, a los que se suman el sindicato CSIF y otras asociaciones como Una Policía para el Siglo XXI y Un Corazón por Bandera.

Las reivindicaciones son dos: la equiparación salarial con las policías autonómicas y una jubilación digna para los agentes en clases pasivas. "Nuestros compañeros veteranos, los que pasaron los peores años del terrorismo, se están jubilando con unas pensiones absolutamente vergonzosas e irrisorias", ha denunciado. El mensaje, ha insistido, es de igualdad, no de privilegio: "No pedimos más que nadie, pedimos exactamente lo mismo".

Carlos Cuesta entrevista a Elena Ramallo, doctora en derecho.

La doctora en Derecho Elena Ramallo ha advertido en esRadio, durante el programa La noche de Cuesta, de las consecuencias del proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, al que ha calificado como "un atentado directo contra el ordenamiento jurídico, contra el Estado de bienestar y contra la seguridad nacional".

Ramallo ha señalado que una de las principales consecuencias será el acceso prioritario a prestaciones sociales por parte de los beneficiarios. "Por renta, estas personas van a tener prioridad sobre los españoles", ha explicado, subrayando el impacto en servicios como las guarderías. "Las guarderías las pagarán los españoles para personas que se han regularizado, vamos a decirlo, de manera irregular, por decirlo de alguna forma. Y ellos tendrán que quedarse con sus hijos o buscar otra alternativa mientras pagan las guarderías de las personas que se han regularizado", ha afirmado.Presión sobre los servicios públicos

La jurista ha advertido de que este proceso puede provocar una fuerte presión sobre el sistema público. "Se va a saturar la sanidad, se va a saturar todo lo que tiene que ver con el Estado de bienestar", ha señalado, criticando que no se hayan previsto recursos adicionales para afrontar el aumento de usuarios.

En este sentido, ha apuntado que las previsiones oficiales podrían quedarse muy por debajo de la realidad, lo que incrementaría aún más la presión sobre los servicios públicos y agravaría la situación.Dudas sobre los antecedentes penales

Ramallo ha mostrado especial preocupación por el tratamiento de los antecedentes penales en el proceso. "Uno de los requisitos para poder acceder a la residencia, nacionalidad, etcétera, es la comprobación de los antecedentes penales", ha recordado, denunciando que en este caso no se garantiza ese control.

Ha explicado que muchas de las personas que acceden al proceso carecen de identificación fiable. "Son personas que vienen sin identificación, que no se puede comprobar ni siquiera quiénes son, ni su edad, ni su procedencia ni nada", ha señalado. Ante esta situación, ha criticado que se sustituya la verificación por una declaración jurada: "No hay que ser muy inteligente ni saber de derecho para tener claro que un delincuente no va a decir que es delincuente".

Para Ramallo, este sistema supone "todo un sinsentido, es todo un gran fraude" y tiene consecuencias directas tanto en la seguridad como en el funcionamiento del Estado de bienestar.

Carlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.