Cuando hablamos de externalización de servicios públicos, como en nuestro discurso patrio lo hacemos de casi todo, lo hacemos desde la visceralidad, desde la ausencia de sosiego y datos objetivos. Y la realidad es que ni el simple hecho de ser mera gestión pública, no hablo siquiera de titularidad, hace a un servicio eficaz y modélico, ni la simple privatización del servicios conlleva, irremediable, como si fuera una ley universal, la eficiencia económica, que es el argumento más comunmente utilizado. Como es habitual en la vida, depende.
Sin embargo, hay riesgos claros que siempre surgen y que conviene tener en cuenta desde el momento inicial y hacerlo, a poder ser, de modo sereno y desapasionado. Por ejemplo, la posible creación de oligopolios que desequilibren las futuras relaciones; la hipotética, pero más que posible, destrucción del operador local y la paulatina pérdida de conocimiento técnico en los organismos públicos, especialmente en servicios de alto valor.
Y aunque resulte una obviedad, el árnica es también sabido, la necesidad de disponer de justificaciones objetivas en todo el diseño, de contar con la supervisión de órganos de control externo reales y operativos y, desde luego, de contar con indicadores fiables que permitan el análisis exhaustivo de costes y beneficios antes de implementar cualquier medida y a lo largo de la duración de la misma. Parece lógico, pero rara vez es así.