Democracy Now! en español

Amy Goodman y Denis Moynihan

En marzo de 2023, Donald Trump dijo ante la Conferencia de Acción Política Conservadora: “En 2016 declaré que iba a ser la voz de todos ustedes. Hoy agrego que seré su guerrero. Seré la justicia para quienes han sido agraviados y traicionados; seré su venganza”.

Desde que asumió la presidencia, Trump ha sido fiel a su promesa de tomar represalias, como lo ha hecho con las deportaciones masivas que había anunciado y su constante demonización de los inmigrantes.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño que abandonó su país a los 16 años. La madre de Abrego García administraba un próspero negocio de alimentos, pero una banda criminal local había extorsionado a la familia y amenazado con matar al joven. Abrego García huyó entonces a Estados Unidos y se instaló en el estado de Maryland, donde trabajó como jornalero. En 2019, durante el primer mandato de Trump, Abrego García fue arrestado y acusado sin pruebas de ser miembro de la pandilla salvadoreña MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha. En una audiencia de inmigración celebrada en ese entonces por el propio Departamento de Justicia del Gobierno de Trump, Abrego García fue absuelto de cualquier vínculo con las pandillas y se le concedió asilo debido a los peligros que corría si era obligado a retornar a El Salvador.

Abrego García fue puesto en libertad y se le concedió un permiso de trabajo. Reanudó su vida en el estado de Maryland junto con su esposa, que es ciudadana estadounidense, y sus tres hijos. Abrego García tenía empleo como aprendiz de chapista y era miembro de un sindicato cuando el 12 de marzo pasado fue nuevamente arrestado, sin orden judicial, por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. El hombre fue trasladado inicialmente a Baltimore y más tarde le dijo a su esposa por teléfono que creía estar en el estado de Luisiana. La última vez que pudo comunicarse con alguien fue el 15 de marzo, cuando llamó a su esposa desde el estado de Texas y le dijo que lo iban a enviar al Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, una tristemente célebre megacárcel de máxima seguridad de El Salvador. Desde entonces, no se ha tenido noticia alguna de Kilmar Abrego García.

Su familia ha presentado una demanda para exigir su liberación. La jueza Paula Xinis, del Tribunal Federal de Distrito de Maryland, interrogó a Erez Reuveni —abogado de inmigración de carrera del Departamento de Justicia de Estados Unidos— acerca de la detención de Abrego García en el CECOT.

“¿Qué motivo hay para que esté en el CECOT, entre todos los lugares posibles?”, preguntó la jueza.

“No lo sé. No me han dado esa información”, contestó Reuveni.

Tras enviar a Abrego García a El Salvador, el Gobierno de Trump ahora afirma que no puede traerlo de regreso a Estados Unidos.

Acerca de esta negativa, la jueza Xinis le preguntó a Reuveni: “En concreto, ¿por qué Estados Unidos no puede traer de vuelta al señor Ábrego García?”.

El abogado Reuveni respondió: “Señoría, para conocimiento del tribunal, diré que, cuando este caso llegó a mi escritorio, lo primero que hice fue hacerles esa misma pregunta a mis clientes. Hasta la fecha, no he recibido una respuesta que me parezca satisfactoria”.

Luego de este sincero intercambio, Todd Blanche, ex abogado defensor de Trump que actualmente se desempeña como fiscal general adjunto de Estados Unidos, suspendió a Reuveni de su importante puesto como uno de los principales abogados especializados en inmigración del Departamento de Justicia.

Por su parte, la jueza Xinis ordenó al Gobierno estadounidense que trajera a Abrego García de regreso a Estados Unidos, pero el Gobierno de Trump sostiene que no puede hacerlo, a pesar de que le está pagando a El Salvador seis millones de dólares para encarcelar a inmigrantes. Un tribunal federal de apelaciones respaldó la decisión de Xinis. El Gobierno de Trump llevó el caso ante la Corte Suprema, que rápidamente ordenó a las autoridades estadounidenses facilitar que Abrego García sea liberado de la custodia de El Salvador y se le garantice el derecho al debido proceso.

Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Abrego García, dijo a Democracy Now!: “Lo diferente de este caso es que informamos sobre la situación, presentamos una demanda y, básicamente, no hubo respuesta alguna. La postura del Gobierno ha sido: 'Sí, cometimos un error. Pero no vamos a hacer absolutamente nada para solucionarlo y ningún tribunal puede exigirnos que lo hagamos'. Eso es lo que resulta realmente extraordinario”.

A la megacárcel de El Salvador han sido enviados también otros centenares de inmigrantes, a quienes Trump y sus subordinados han acusado, sin pruebas, de ser peligrosos miembros de pandillas y bandas criminales. Se estima que el 90% de estos inmigrantes no tiene antecedentes penales. La mayoría de ellos fueron detenidos y enviados a El Salvador en el marco de la invocación que hizo Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación promulgada en 1798 que muy pocas veces ha sido invocada en la historia de Estados Unidos y que fue utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial.

Estudiantes extranjeros de universidades de todo el país también están siendo blanco de la campaña de persecución y sus visas son revocadas si se sospecha que han participado en protestas de solidaridad con Palestina. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que se revocará la visa de cualquier estudiante que genere un “alboroto” mientras esté en Estados Unidos. Hasta la fecha, se estima que unos 300 estudiantes han sido despojados de sus visas y varios de ellos han sido arrestados.

David Cole, experto en derecho constitucional y profesor de la Universidad de Georgetown, dijo a Democracy Now!: “¿Qué está haciendo Trump? Está persiguiendo a las poblaciones más vulnerables: inmigrantes, disidentes, personas transgénero, personas de color. Pero también está tratando de neutralizar cualquier espacio en el que pueda haber visos de oposición y el propio sistema de controles y equilibrios democráticos. Para ello, está destituyendo directores de agencias, auditores e inspectores generales; atacando a los medios de comunicación y castigándolos si no se alinean con su discurso; tomando represalias contra bufetes de abogados que oponen resistencia; y ahora también está dirigiendo ataques contra universidades y castigándolas de manera totalmente ilegal”.

Frente a los autoritarios, hay una fuerza aún más poderosa: la del pueblo organizado en solidaridad y resistencia.

© 2025 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Democracy Now! 2025-04-11 viernes

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Democracy Now! 2025-04-10 jueves

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El trabajador agrícola inmigrante y organizador sindical Alfredo “Lelo” Juárez Zeferino fue detenido el 25 de marzo por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que iba vestido de civil en un automóvil sin identificación. El agente rompió la ventana del automóvil de Juárez y lo detuvo por la fuerza. “En menos de un minuto de interacción, ya estaba detenido y esposado”, dice Edgar Franks, director político del sindicato independiente de trabajadores agrícolas, Familias Unidas por la Justicia, del cual es cofundador junto con Lelo. “El motivo de su detención fue lo políticamente activo que era”, añade Franks. En estos momentos, Juárez está encarcelado en el Centro de Detención del Noroeste, una instalación de gestión privada en Tacoma, Washington, donde cientos de personas han salido a manifestarse para pedir su liberación.

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El trabajador agrícola inmigrante y organizador sindical Alfredo “Lelo” Juárez Zeferino fue detenido la semana pasada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que iba vestido de civil en un automóvil sin identificación. El agente rompió la ventana del automóvil de Juárez y lo detuvo por la fuerza. “En menos de un minuto de interacción, ya estaba detenido y esposado”, dice Edgar Franks, director político del sindicato independiente de trabajadores agrícolas, Familias Unidas por la Justicia, del cual es cofundador junto con Lelo. “El motivo de su detención fue lo políticamente activo que era”, añade Franks. En estos momentos, Juárez está encarcelado en el Centro de Detención del Noroeste, una instalación de gestión privada en Tacoma, Washington, donde cientos de personas han salido a manifestarse para pedir su liberación.

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