Amy Goodman y Denis Moynihan
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el hombre más rico del mundo, Elon Musk, han desatado un caos a nivel internacional con las medidas que están adoptando en su intento de desguazar el Estado federal estadounidense, que incluyen despidos en masa y congelación de fondos. El denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Musk, ha revelado tener importantes problemas… en sus propias operaciones. El equipo de Musk eliminó esta semana, de manera discreta, los cinco mayores recortes de gasto que figuraban en una lista publicada para mostrar el dinero ahorrado. Esto ocurrió después de que algunos periodistas encontraran, por decirlo suavemente, “errores importantes” en la publicación, como confundir 8.000 millones de dólares con ocho millones de dólares, o afirmar que se había ahorrado 2.000 millones de dólares, en lugar de 18 millones de dólares.
Mientras tanto, Musk tiene ante sus ojos un gasto flagrante en el balance de erogaciones federales que debería eliminarse: la base naval estadounidense y complejo penitenciario de la bahía de Guantánamo, en Cuba.
Cerrar la prisión de Guantánamo generaría un ahorro de al menos 500 millones de dólares al año. Esta cifra se basa en estimaciones hechas hace algún tiempo y no contempla otras cantidades adicionales, de carácter reservado. De todos modos, el cálculo deja en evidencia la enorme magnitud del despilfarro: 500 millones de dólares al año para alojar a 15 prisioneros, tres de los cuales tienen aprobada su liberación. Esto equivale a más de 91.000 dólares diarios por recluso. En 2022, la Oficina Federal de Prisiones informó que el costo de encarcelamiento por persona en Estados Unidos ascendía a 43.000 dólares anuales, es decir, alrededor del 0,1% de lo que cuesta mantener a una persona detenida en Guantánamo.
Está claro que la prisión de Guantánamo debe cerrarse —ante todo— porque ha sido manejada como un centro clandestino de detención, extraterritorial y al margen de la ley, donde una gran cantidad de personas inocentes han permanecido encarceladas sin cargos durante décadas, donde el Gobierno estadounidense ha cometido actos de tortura y donde presidentes de los dos partidos tradicionales de Estados Unidos han encarcelado a personas en un régimen de incomunicación casi total, sin el debido proceso ni derechos constitucionales.
Sin embargo, si la situación se analiza exclusivamente desde la perspectiva de la despiadada y fría lógica fiscal que supuestamente está empleando Elon Musk para reducir la burocracia federal, cerrar Guantánamo se presenta como una obviedad.
Excepto por el hecho de que el Gobierno de Trump ha iniciado un nuevo y sombrío capítulo en la historia de esa tristemente célebre prisión con su decisión de utilizarla como campo de detención para inmigrantes. El 29 de enero, Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Defensa “ampliar a su máxima capacidad el Centro de Operaciones Migratorias de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo”.
Tanto el expresidente George H. W. Bush como el expresidente Bill Clinton utilizaron la base para recluir a personas inmigrantes. En 1991, miles de ciudadanos haitianos comenzaron a huir del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos que derrocó al primer presidente democráticamente elegido de Haití, Jean-Bertrande Aristide. Entre 1991 y 1993, fueron retenidos en Guantánamo un promedio diario de 12.000 solicitantes de asilo haitianos previamente interceptados en el mar. Tres cuartas partes de ellos fueron repatriados por la fuerza a Haití, lo que los expuso a actos de violencia o represalias.
En enero de 2002, cuando el Gobierno de George W. Bush comenzó a aumentar drásticamente el número de prisioneros detenidos en Guantánamo en el marco de la llamada “guerra contra el terrorismo”, el difunto abogado de derechos humanos Michael Ratner, de la organización Centro para los Derechos Constitucionales, conversó con Democracy Now! y relató las condiciones que halló en la prisión cuando representaba a solicitantes de asilo a comienzos de la década de 1990:
“El lugar es realmente un infierno. No es tan malo para los militares, que han instalado un McDonald’s y varias otras comodidades en su área de la base, pero donde nosotros estábamos, en una zona aislada de la base, en un desierto rodeado de alambre de púas, con campos de detención al aire libre —bajo intenso calor—, la situación era realmente insoportable”.
A lo largo de la década de 1990, la población de inmigrantes encarcelados en Guantánamo se elevó a 45.000, ya que muchos ciudadanos cubanos que intentaban llegar al estado de Florida y eran interceptados en el mar fueron también detenidos allí.
El Centro para los Derechos Constitucionales y otras organizaciones pudieron impugnar el “agujero negro” jurídico en el que se convirtió la cárcel de la bahía de Guantánamo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y lograron garantizar que personas recluidas allí tuvieran acceso a sus derechos constitucionales. Sin embargo, a pesar del paso de los años, la descripción que Ratner hizo de la prisión sigue siendo precisa más de 30 años después.
La prisión de Guantánamo está actualmente bajo supervisión del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien prestó servicio allí como oficial militar entre 2004 y 2005. En 2021, cuando era presentador de un programa de fin de semana del canal Fox News, Hegseth comentó acerca de Guantánamo:
“Es una prisión que no tiene ningún cometido. […] Todo se complicó muy, muy rápido con la llegada de los abogados de izquierda y otras protecciones. […] Podría haber sido un excelente lugar para interrogar, juzgar y ejecutar rápidamente a la gente contra la que estábamos luchando. […] Ahora ya casi no tiene ninguna utilidad. Es como un asilo para adultos”.
Aunque Hegseth lamentaba que no hubiera habido ejecuciones sumarias en ese lugar, tenía razón en un punto: Guantánamo no tiene ninguna utilidad. Excepto, tal vez, como un dramático escenario para las deportaciones masivas prometidas por Trump. Cientos de inmigrantes ya han sido detenidos y trasladados allí encadenados, para luego ser reubicados en otro lugar. Tanto Hegseth como la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, viajaron hasta allí para tomarse fotos, viajes que, sin duda, conllevan un alto costo para los contribuyentes estadounidenses, lo que debería indignar al Departamento de Eficiencia Gubernamental encabezado por Musk.
Mientras tanto, el Centro para los Derechos Constitucionales ha acudido nuevamente a los tribunales para impugnar el intento del Gobierno de Trump de retomar las detenciones de inmigrantes en Guantánamo.
El director ejecutivo de dicha organización, Vincent Warren, dijo a Democracy Now!: “Desde hace 40 años, desde principios de la década de 1990, el Gobierno de Estados Unidos ha usado Guantánamo como un vertedero legal donde arrojar sus problemas políticos. […] Estamos tratando de cumplir con la promesa fallida de Barack Obama y Joe Biden de cerrar esa terrible instalación”.
Si Elon Musk realmente quiere reducir costos, debería evaluar seriamente la prisión de la bahía de Guantánamo.
© 2025 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
