El debate sobre el respeto a la constitución y las leyes se intensifica tras controversias sobre supuestos contratos estatales de parlamentarios. La investigación penal debe determinar si el presidente estaba al tanto. Parlamentarios socialistas acusan a otros de firmar contratos con el Estado, lo que podría llevar a posibles inconstitucionalidades. La laxitud en los estándares éticos reflejaría un deterioro social, con implicaciones en la lucha contra la corrupción.