Hace un año, La Radio recibió la alerta de un posible secuestro de Ronald Ojeda, un ex militar venezolano opositor al régimen de Maduro. Tras contactos y confirmaciones, desde la Subsecretaría de Interior confirmaron la veracidad del secuestro, atribuido a falsos agentes de la PDI, sin certeza sobre su vinculación con Maduro o el narcotráfico. Tras 365 días, se revela una historia de terror con Ojeda secuestrado y asesinado por una red armada. La investigación liderada por la Fiscalía, que ha detenido a 24 personas, apunta a la presencia de un oficial venezolano en Chile como líder de la operación. Una de las dudas que quedan es el flojo accionar de la inteligencia chilena ante la presencia del llamado "Carnicero" de Maduro en nuestro país.

En las últimas horas se ha generado un desorden en el ambiente fiscal del país, especialmente con el tema de Corfo, donde se cuestiona de dónde provienen los recursos y en qué se están utilizando. Expertos señalan que este gasto se destina principalmente a gasto corriente inmediato, sin un retorno a corto plazo en inversión o infraestructura.

El ministro de Hacienda, Mario Marcelli, junto a la directora de Presupuestos, han tratado de explicar la situación, destacando que el aumento en los ingresos se debe al litio, con un excedente de 5,4 billones de pesos entre 2022 y 2023. Si este dinero no se hubiera traspasado a Corfo, la deuda pública habría aumentado en un punto. La explicación detallada se puede encontrar en el video adjunto a la nota.

La Contraloría anuncia una investigación especial tras revelarse que Hacienda solicitó los recursos provenientes del litio. Se cuestiona la priorización de estas necesidades y la venta de bienes de la Corfo al gobierno para compensar su flujo de fondos, lo que afecta la institucionalidad y la independencia de la entidad pública. Se critica al Ministro Grau por su tono y falta de transparencia en el uso de estos recursos, especialmente en medio de la crisis del COVID-19. Se destaca la importancia de la transparencia en el manejo de fondos públicos para informar a la ciudadanía y fortalecer la educación cívica.

Municipios y autoridades abordan la preocupante seguridad ciudadana, destacando la violencia intrafamiliar como un desafío clave, con fiscales y tribunales lidiando con casos de agresiones a mujeres, hijos y también de mujeres a hombres.

Se plantea la posibilidad de que carabineros utilicen pistolas eléctricas para defenderse en situaciones de agresión inminente, aunque su implementación había sido opuesta en la administración anterior por miembros del Instituto de Derechos Humanos y diputados del Frente Amplio.

Ahora, con este último en el poder, se abre la posibilidad de iniciar un proceso para incorporar las pistolas Taser, con defensores argumentando su capacidad para reducir la letalidad en intervenciones policiales, mientras críticos advierten sobre su potencial uso excesivo.

Un helicóptero que combatía incendios en Collipulli, región de La Araucanía, fue atacado con perdigones en pleno operativo. Este hecho se suma a una serie de ataques previos contra aeronaves en la zona, donde la violencia ha dificultado el trabajo de control del fuego. Hasta ahora, los incendios han arrasado más de 10.000 hectáreas y continúan activos, mientras las autoridades evalúan presentar querellas e invocar leyes especiales para dar con los responsables. La situación ha generado indignación, ya que estos ataques afectan directamente a pequeños agricultores y bosques nativos que aún quedan en la región.

El Ministro Jaime Gajardo, militante del Partido Comunista, ha generado controversia al señalar en una entrevista con La Tercera que no todo el oficialismo respaldó la primera línea durante el estallido social, lo que ha provocado críticas hacia su figura.

Se cuestiona si esta postura es genuina o responde a cálculos políticos de cara a las elecciones próximas, considerando la distancia que algunos sectores del oficialismo han tomado respecto a los eventos del 18 de octubre.

Se plantea la necesidad de analizar si las declaraciones son resultado de convicciones reales o estrategias electorales, especialmente tras los acontecimientos en Panguipulli y la falta de una profunda reflexión por parte de las autoridades.

Un año después del homicidio de Ronald Ojeda, la Ministra del Interior anuncia la detención de un nuevo implicado en Estados Unidos, sumando 21 imputados, incluyendo a un menor de 17 años, como parte de una operación del régimen venezolano para capturar y posiblemente asesinar a Ojeda en Chile. Se revela que el militar de menor rango estaba vinculado a un grupo de 17 individuos identificados, mostrando la vulnerabilidad de Chile ante regímenes como el venezolano que violaron la soberanía del país.

La esposa de Ojeda apuntó desde un principio al régimen venezolano como responsable, generando preocupación por la falta de garantías frente a esta situación. El caso evidencia una compleja operación financiada por terceros, resaltando la necesidad de investigar a fondo para esclarecer los detalles de este trágico suceso.

En el marco de un debate en Chile sobre la vestimenta de los reclusos en las cárceles, se destaca la tendencia internacional de uniformar a los presos como una forma de control estatal, con ejemplos como Rusia y El Salvador. A pesar de consideraciones sobre la identificación de tatuajes y la uniformidad, surge la preocupación por la entrega de elementos externos a través de la vestimenta proporcionada por el Estado, lo que podría exponer a situaciones de falta de control en el interior de las prisiones. Se plantea la posibilidad de ajustes en el sistema penitenciario, aunque existen opiniones divididas sobre la prioridad de este tema en comparación con otras urgencias. El debate refleja la complejidad de la gestión de las cárceles y las necesidades de control y seguridad en estos centros.

La parlamentaria Catalina Pérez fue desaforada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en medio de un escándalo relacionado con la fundación Democracia Viva, donde se revelaron mensajes de coordinación entre ella y su expareja, Daniel Andrade, para simular que la organización estaba operativa cuando en realidad era una fachada.

Los chats, encontrados en la aplicación china WeChat, muestran una supuesta complicidad de Pérez en las actividades de la fundación, poniendo en duda sus declaraciones previas de no tener conocimiento de los hechos. Con su desafuero y próxima formalización, la carrera política de Pérez se ve comprometida, afectando la imagen de fundaciones legítimas. La investigación continúa para determinar los cargos que enfrentará la parlamentaria en este polémico caso.

Hoy se informó sobre el nuevo aumento en el precio del transporte público en la región metropolitana, ahora son $20 pesos más. Expertos indican que a pesar de este incremento, aún existe un déficit considerable en relación al valor real, estimándose que faltarían alrededor de $200 pesos para alcanzar una tarifa acorde a la situación actual del país. Se destaca que entre 2019 y 2023 la tarifa estuvo congelada pese a contar con subsidios.

Esta alza genera preocupación por el impacto en la economía de las familias chilenas, especialmente de cara al mes de marzo. Se plantea la necesidad de mejorar la calidad de los servicios prestados en relación a los costos, incluyendo el tema de la seguridad en el transporte público. Además, se menciona la importancia de invertir en infraestructura y mejorar las condiciones del transporte en distintas regiones de Chile.