Valparaíso ha sido escenario de asaltos espectaculares en los últimos meses, incluyendo uno a Banco Estado y otro a una multitienda con quema de autos, llevados a cabo por grupos familiares que planifican sus acciones al detalle. La policía busca a los responsables, destacando la participación de menores vulnerables que pueden ser reclutados por bandas criminales, lo que podría generar delincuentes expertos difíciles de rehabilitar. La deserción escolar también juega un rol, ya que un porcentaje de estos jóvenes termina en actividades delictivas.

El director del INBA señaló fuerte crítica a la violencia en instituciones educativas, lamentando la pérdida del prestigio que antes tenían liceos como el Internado Nacional Barros Arana, históricos trampolines sociales. Destacó la presencia de grupos minoritarios capaces de inquietar en esas instituciones, criticando la incapacidad de liberarse de influencias externas. Advierte que la imagen de estos liceos podría perderse con el tiempo si no se revierte la situación.

Diez fiscales son investigados por viajar fuera del país estando con licencia médica, generando preocupación por el rol que desempeñan como persecutores. La Asociación de Fiscales evita condenar la situación, argumentando que no les corresponde pronunciarse. También se discute el proyecto de Ley Antifiltraciones, proponiendo penas de cárcel para funcionarios y medios que filtren información.

El exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, fue declarado culpable en un caso que revela su operación política en conexión con la delincuencia territorial y el narcotráfico. Aguilera ejerció un poder fáctico en el Partido Socialista, influyendo en la interna de la tienda con votos. El caso evidencia la infiltración del narcotráfico en instituciones y partidos políticos, planteando interrogantes sobre la necesidad de mecanismos de control internos en los partidos para prevenir la corrupción.

María Soledad Ramírez, ex superintendente de Servicios Sociales, revela en una entrevista con BioBioChile que durante su gestión se realizaron acciones en colaboración con la PDI, a pesar de la afirmación de la actual superintendente Pamela Gana de no contar con las facultades necesarias. A través de oficios, se activaron medidas contra médicos colombianos vinculados a irregularidades en licencias médicas, lo que evidencia la necesidad de mejorar la detección de abusos y malgasto de recursos públicos en el Estado. Ramírez cuestiona si ha habido un celo suficiente en la administración estatal para prevenir estos actos, señalando la impunidad con la que ciertos poderes internos han actuado.

Una persona fue asesinada en una cancha en Lampa, mientras que en la región de Valparaíso se vio a alguien sacar una pistola en un partido de fútbol de barrio. La preocupación crece sobre la penetración del narcotráfico en el fútbol amateur, donde algunos clubes son respaldados por personas vinculadas al tráfico de drogas. Este fenómeno, aunque no nuevo, refleja una degradación social. Se señala que se pagan jugadores en efectivo sin contrato, lo que evidencia la presencia del narcotráfico en este ámbito.

La Contraloría General de la República ha tomado decisiones contundentes respecto a las licencias médicas y a las paralizaciones de funcionarios públicos, como los docentes que se van a paro. La Contraloría ha determinado que es ilegal y constitucional descontar el sueldo por los días no trabajados durante estas movilizaciones. El senador Esteban Velázquez advierte a los profesores sobre seguir las indicaciones de dirigentes que no les informan sobre las consecuencias económicas de estas acciones. La Contraloría ha dejado claro que no se eximen de descuentos por recuperación de clases o acuerdos internos.

Hoy se revelaron extractos de las minutas de coaching que recibió Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, financiadas con fondos públicos y ahora bajo investigación fiscal. En las minutas se detallan preocupaciones y objetivos de la campaña electoral, generando dudas sobre el uso adecuado de recursos. Orrego anunció que presentará un recurso ante Contraloría, pero la complejidad del caso lo llevará a los tribunales.

La encuesta Data Influye de mayo 2025 revela que el 56% de los chilenos considera justificado el alto temor en el país, ubicándolo en la cúspide mundial. El estudio muestra que el miedo es más frecuente en mayores de 55 años, con un 39% manifestándolo con regularidad, mientras que en jóvenes de 18 a 34 años la percepción es distinta. A pesar de que los índices de violencia en Chile son bajos comparados con países centroamericanos, la sensación de inseguridad persiste. Se debate si los medios exacerban esta percepción o si es necesario informar sobre la realidad.

La Superintendencia de Servicios Sociales emitió un dictamen que permite a trabajadores estatales con licencia pre y postnatal salir del país, en medio del escándalo por miles de personas con vínculos laborales estatales que viajaron con licencias médicas. Se cuestiona si habrá castigos reales y si se está encubriendo la corrupción en el sistema político. La situación recuerda el Caso Soquimich donde la magnitud de los montos y la transversalidad de los involucrados hizo que no se percibiera un castigo equivalente al nivel del escándalo.