Dossier Negro

José Fernández Pareja, conocido como el asesino de la Alhambra o el asesino de la luna llena, fue detenido el 26 de mayo de 1988 como presunto autor de la violación y el asesinato de la pequeña Aixa, de nueve años, y de la agresión sexual a Susana, de 14, que sobrevivió al ataque al hacerse la muerta. El criminal la abandonó creyendo que la había ahogado introduciéndole la ropa interior en la boca.
 
Tras unos primeros momentos de indecisión y de buscar una coartada imposible, Fernández Pareja se confesó autor de los dos hechos, pero dijo que había actuado empujado por el influjo que tenía la luna sobre él. Posteriormente, cambiaría su versión y afirmaría que cometió sus crímenes bajo las órdenes del maligno; que no podía sustraerse a esa jerarquía demoníaca. ¿Acabaría el tribunal aceptando que el asesino de la Alhambra era un enfermo mental? El juicio despertó una enorme expectación en la ciudad de Granada.


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Unos operarios que saneaban los conductos de agua del recinto de la Alhambra descubrieron el cuerpo de una niña llamada Aixa, de nueve años, en mitad de la espesura de los bosques del conjunto monumental granadino. Ocurrió el 30 de octubre de 1987 y los ecos de aquellos días de dolor siguen resonando en la memoria de quienes estuvieron implicados o relacionados con el caso.

La policía inició una investigación que contaba con pocos resortes de los que agarrarse. No había entonces ni móviles ni imágenes de vídeovigilancia.  La única base sólida de la que partían era la de que el crimen tenía unas motivaciones sexuales muy claras.

La conmoción fue tal que hubo en Granada una de las manifestaciones más grandes que se recuerdan en repulsa por el crimen. Sin embargo, ni el empuje popular hizo avanzar unas pesquisas que finalmente sí se verían reactivadas en la dirección correcta cuando por desgracia seis meses después apareció otra menor a la que había atacado el asesino de Alhambra. Había abandonado a su víctima en el mismo punto del bosque que Aixa creyendo que la había matado, pero no era así.



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El 27 de enero de 1997 aparecieron tres cuerpos cosidos a balazos en la habitación número 21 del hostal La Ría, de Vilaboa, en la provincia de Pontevedra. Un testigo, escondido en un armario durante el tiroteo, pudo explicar lo que había ocurrido. Así se supo que en el escenario del crimen faltaba un cadáver que el asesino se había llevado horas antes oculto en su coche.
 
La tregedia había empezado a fraguarse un tiempo antes cuando entre dos delincuentes habituales adictos a la heroína y socios en el delito se produjo una traición fruto de la ansiedad derivada de la adicción. El testigo clave señaló a José Manuel Rodríguez Lamas, alias El Pulpo, como al autor de la matanza de la habitación 21. Así, este atracador con sobrenombre de cefalópodo se conviertió en el hombre más buscado de toda Galicia. Era peligroso e iba armado.


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La ciudad de Santander se vio sacudida en 1988 por la acción de un violador y asesino en serie que sentía predilección por mujeres ancianas. Las víctimas, además de su avanzada edad, compartían el hecho de vivir solas y de tener costumbres bastante fijas. Se supo que el aessino, después de estudiarlas, les ayudaba a subir la compra al piso o les hacía pequeñas reparaciones domésticas.
Inicialmente, las autoridades se resistieron a admitir que había un criminal serial. Hubo familiares que reclamaron que se reconsideraran varias muertes de ancianas que inicialmente habían pasado como fallecimientos naturales y no lo eran.
Cuando se confirmó la existencia de este gerontofílico criminal, la Guardia Civil y la Policía Nacional se pusieron a trabajar de forma conjunta. La reciente colocación de una puerta blindada en casa de la última víctima resultó ser la pista clave que conduciría a conocer la identidad del asesino de ancianas de Santander.

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Sònia López es la madre de Laia Alsina, la niña de 13 años que, en junio de 2018, Juan Antonio López Ortiz, de 42 años, secuestró, violó y asesinó. El hoy condenado a prisión permanente revisable vivía esos días en el mismo bloque en que lo hacían los abuelos de Laia, que, con frecuencia, se quedaba con ellos por las tardes hasta que sus padres la venían a buscar.
Al hablar con Dossier Negro, Sònia López crea un relato de una tremenda sinceridad en el que aporta, además de sus sentimientos y el modo en que ha elaborado el luto, elementos de debate que instan a la reflexión. En la conversación, por momentos, hace esfuerzos de contención y en otros, suelta un poco las riendas del discurso y se muestra enfadada.


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Laia Alsina, de 13 años, desapareció en 2018 mientras bajaba las escaleras del edificio donde vivían sus abuelos, en el segundo piso de un bloque de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Su padre la esperaba en la calle con su coche para irse a casa, pero como si se tratara de un maldito hechizo durante el descenso su presencia se desvaneció.

La familia y el vecindario se pusieron a buscarla por doquier desesperadamente. Un recorrido puerta por puerta por el edificio donde había desaparecida puso de manifiesto la preocupación de los inquilinos por el paradero de Laia y el deseo de colaborar excepto la del hijo de los señores del primero primera, que no mostró la mínima empatía, como si ocultara algo.

Actuó como si ocultara algo y es que el cuerpo sin vida de Laia estaba escondido en una de las habitaciones de aquel primero primera la avenida Cubelles de Vilanova i la Geltrú. 


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El sangriento asesinato de un matrimonio judío en Melilla en 2005 enrareció el ambiente en la ciudad autónoma. La cuasa de aquella tensión radicó en que las sospechas del doble crimen recayeron en un ciudadano marroquí.
 
El sospechoso de las dos muertes violentas fue el carpintero que había fabricado los muebles para el bebé que la pareja estaba esperando en el momento del crimen. El equilibrio de la ciudad orgullosa de sus tres culturas -la cristiana, la musulmana y la judía- estaba en peligro. El juicio por el doble asesinato fue uno de los momentos culminantes de este proceso que culminó de un modo inesperado.


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El marido de Piedad Moya, Mohamed Taheri, del que hacía meses que se había separado, fue detenido por los Mossos d'Esquadra como sospechoso de la desaparición forzosa de la mujer. El arresto se produjo el 4 de mayo de 2014, un mes después de que la víctima resultara ilocalizable.

La instrucción del caso entrañaba una enorme dificultad porque no había pruebas directas como ADN o huellas digitales que implicaran al sospechoso. La familia de Piedad Moya, a pesar de ello, estaba convencida de la implicación de Taheri en la desaparición de la mujer. El juicio se convirtió en una batalla legal sin cuartel entre la Fiscalía y los abogados de la defensa y la acusación particular.


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El Tribunal Supremo hace tiempo que sentó jurisprudencia en el sentido de que se puede condenar a un acusado de homicidio o asesinato, aunque no se localicen el cadáver o cadáveres de las víctimas. El caso de Piedad Moya encaja a la perfección en este supuesto.
 
Esta vecina de Mataró (Barcelona), de 44 años, desapareció el 4 de abril de 2014. Su familia la busca desde entonces sin descanso, aunque las opciones se agotan. La persona que se supone que acabó con la vida de la víctima, que permanece en prisión, nunca ha reconocido los hechos y, por tanto, sigue sin revelar a día de hoy dónde ocultó el cadáver.


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El cuerpo de Encarnación Guardia, de 36 años, entró en el Instituto Anatómica Forense de Granada una fría noche de febrero de 1990. Su cadáver presentaba, a simple vista, atroces heridas localizadas en la zona vaginal y anal.

Muy pronto se descartó que aquella muerte hubiera sido el resultado de una violenta agresión sexual. Encarnación había muerto en casa de su tía en el barrio del Albaicín mientras algunos parientes y un curandero, conocido como El Pastelero, practicaban una suerte de exorcismo convencidos de que el Maligno había dejada embarazada a la víctima.


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