El 19 de mayo de 2016, la Fundación Rafael del Pino organizó la conferencia de Juergen B. Donges, catedrático emérito de la Universidad de Colonia, en la que analizó los principales problemas de la economía europea. Según dijo, la solución a los mismos se ve afectada por tres tipos de confusiones: la idea de que está condenada a un largo periodo de estancamiento; la idea, defendida por el presidente del BCE, Mario Draghi, de que corre el peligro de verse inmersa en una espiral deflacionaria y la idea de que hay que poner fin a las políticas de consolidación fiscal. Pues bien, estas afirmaciones son infundadas y provocan que las políticas que se derivan de ellas estén equivocadas. Actualmente, el crecimiento económico en la Unión Europea es bajo. Cuando se produce una situación como ésta cunde el pesimismo y en seguida viene a la mente el recuerdo de la Gran Depresión, cuando se acuñó la expresión de estancamiento secular. Esto se repite ahora porque se dice que no hay suficientes posibilidades de inversión privada en una población que envejece y se reduce. La conclusión que se extrae de este diagnóstico es que hay que hacer poner en marcha políticas de gasto público. El problema de este enfoque es que solo se centra en el lado de la demanda, cuando en el lado de la oferta están los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, los innovadores. Y desde esta perspectiva hay que tener en cuenta que la revolución digital, combinada con la creación de un mercado único digital, va a suponer un impulso enorme a la productividad y al crecimiento económico. Va a cambiar todo el sistema productivo, a mejor. En esta situación carece de sentido hablar de estancamiento. No obstante, para que ese impulso se produzca es necesario que se den tres condiciones institucionales: que no se produzca la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que las negociaciones sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) concluyan con éxito y que se mantenga el mercado único europeo para lo que es preciso conservar Schengen. Por lo que se refiere a la deflación, una tasa de inflación baja pone nervioso al BCE, a pesar de que cuando se produce esa situación no hay distorsiones en los mercados ni se expropia el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y se pone nervioso porque teme que se pueda desencadenar un proceso deflacionista. Ahora bien, en un escenario deflacionista el consumo se retraería, y sin embargo estamos viendo que es el mayor motor de la recuperación europea. La inversión empresarial tampoco decrece y el paro no sube, sino que baja y, además, se crean nuevos empleos, todo lo cual impulsa la demanda interna. Teniendo en cuenta todo ello, resulta que no eran necesarias políticas monetarias ultra expansivas. Estas políticas no son efectivas, como muestra el caso de Japón, porque lo que se necesita en la Unión Europea son reformas estructurales. Además, generan efectos perversos sobre el endeudamiento público, financian empresas que no tienen viabilidad futura, crean burbujas inmobiliarias, deterioran la rentabilidad de los sectores bancario y asegurador y están provocando guerras de divisas. Por ello, los tipos de interés no deberían ser próximos a cero sino estar en el entorno del 2,5%. Por lo que se refiere a la consolidación fiscal, los argumentos principales que se emplean contra ella son dos. El primero, que muchos países están en situación de emergencia como consecuencia de la crisis de los refugiados. Este gasto, sin embargo, es perfectamente asumible. El segundo es la creencia en la virtud del déficit para impulsar la actividad económica, olvidándose de que en una economía abierta los multiplicadores del gasto público son muy bajos. En este caso, la expansión fiscal se evapora y es un impulso para otras economías. En el caso de España, la falta de rigor fiscal, a causa fundamentalmente de las autonomías, pone en cuestión la credibilidad del país. El abandono de la consolidación fiscal por parte de los países de la UE expone a la zona euro a un serio peligro de implosión. Para evitarlo, es preciso contener el gasto público y aumentar la eficacia en la recaudación tributaria.