Editoriales y Opiniones

El estado de calamidad, como le denomina la Constitución a una situación de desastre, nos llama a todos a la colaboración. Una sociedad no puede desarrollarse armónicamente si no hay en ella diferentes formas de cooperación. En terremotos, inundaciones o epidemias, la cooperación es clave para superar angustias y traumas, así como para proteger la vida. Cuando el desastre se puede prevenir, resulta indispensable la acción del Estado organizando y activando mecanismos y estructuras que aminoren los efectos de lo que se avecina. En el caso de una epidemia, a la prevención se le debe sumar tanto la mejora como la ampliación de las estructuras de salud. Si Italia y España, que cuentan con entre tres y cuatro camas hospitalarias por cada mil habitantes, tienen un serio problema para enfrentar el covid-19, en El Salvador, con menos de dos camas de hospital por cada mil habitantes, la crisis será mucho más grave si no nos preparamos. En este sentido, las medidas del Gobierno para retrasar lo más posible la proliferación del virus y el esfuerzo por ampliar el número de camas hospitalarias van en buena dirección.

Pero no es solo el Gobierno el que debe actuar. A la ciudadanía le corresponde tomar conciencia de su responsabilidad. Todo lo que hagamos por evitar contagios, manteniendo distancia social, quedándonos en casa en la medida que podamos y guardando normas básicas de higiene claramente preventivas, contribuirá a salvar vidas y a evitar un congestionamiento hospitalario que dificultaría enormemente la lucha contra la enfermedad. La cultura individualista y del sálvese quien pueda no contribuye en nada. Tampoco el pánico o el consumo desesperado en los supermercados. El miedo a naufragar nunca fue una ayuda para los marineros y navegantes. Aprender a controlar situaciones y mejorar técnicamente los barcos evitó muchos más naufragios que el miedo. En las redes sociales encontramos, con más frecuencia de la deseable, noticias falsas y alarmantes, así como discusiones estériles e insultos en un momento en que todos deberíamos estar atentos a la solidaridad y al apoyo de los más débiles. Solidarizarse y apoyar a las personas en cuarentena, desarrollar mecanismos de ayuda mutua en barrios y comunidades es mucho más importante que perder el tiempo insultando y peleando en las redes.

La sociedad civil tiene también que cumplir con su papel. A los empresarios les corresponde cuidar a sus trabajadores, compartir ganancias y pérdidas, posibilitar el acceso a bienes básicos de consumo. Las Iglesias han dado ya un ejemplo suprimiendo actividades religiosas y llamando a la reflexión y la esperanza. Las universidades tienen la capacidad de incidir en el pensamiento de la sociedad, ayudando a entender la necesidad de medidas que pueden parecernos duras, pero al mismo al tiempo ofreciendo indicaciones de cómo optimizar procedimientos de prevención. Los medios de comunicación no pueden eludir la responsabilidad de ofrecernos información objetiva y señalar aquello que debe mejorarse en los procesos de lucha contra la epidemia.

El Salvador ha enfrentado una guerra civil, terremotos, deslaves, inundaciones, sequías. Pese a graves irresponsabilidades y modos de proceder violentos o corruptos ante los problemas, el país ha salido adelante gracias a la resistencia y resiliencia de su gente. Y por ello es fácil encontrar ejemplos admirables de personas que se entregaron al servicio del bien común. Hoy nos toca a todos responder con generosidad y orden a una nueva amenaza que se cierne sobre la población. Las epidemias se superan, pero es indispensable trabajar juntos para salvar vidas y reducir traumas y tensiones.

El covid-19 ha cambiado la realidad mundial en pocos días. La atención y las medidas de política pública están centradas en la capacidad de los sistemas de salud para dar respuesta al rápido contagio del virus. Aunque ese foco de atención es totalmente justificado, es importante empezar a diseñar medidas de mediano plazo para atenuar las implicaciones económicas de las decisiones internas de El Salvador, así como de los posibles impactos macroeconómicos por las implicaciones del virus en el resto del planeta. De dejar estas medidas para después, los costos económicos —que de cualquier forma no se pueden evitar— podrían impactar incluso más que la misma crisis de salud.

Dada la rápida evolución de la pandemia, existe poca información y proyecciones del impacto económico a nivel global. Sin embargo, ya se han publicado algunos ensayos que nos brindan información. Michael Nikiforos señala que, debido a la reducción de la producción en China, la economía de Estados Unidos podría caer en 4% del PIB. A esto habrá que sumarle la caída de la producción por las dinámicas internas del país norteamericano.

Lo anterior tiene dos implicaciones directas para la economía salvadoreña: la caída de las exportaciones y la de las remesas. El dinero que entra en un país debe ser igual al que sale, por simple identidad de cuentas nacionales. En El Salvador, por ejemplo, lo que importamos es mucho mayor a lo que exportamos. Esto únicamente es posible porque contamos con las remesas, que cubren la brecha entre ambos. Otra forma de adquirir dinero proveniente del exterior es por medio de financiamiento público o privado.

Por lo anterior, la caída de exportaciones y remesas disminuye la capacidad de importación del país en su conjunto. A nivel microeconómico, esto puede verse reflejado de la siguiente manera: los mercados y los supermercados cuentan con bienes, pero la gente no tiene dinero para acceder a ellos, por lo que esto obliga a dejar de importarlos. La adquisición de deuda externa de parte del Estado y las transferencias de $300 permitirán que las importaciones se mantengan. Como medida de corto plazo, esto es importante, pero no sostenible.

Como se sabe, las finanzas del Estado se encuentran en una situación delicada. Las transferencias de $300 implican una carga de $450 millones, equivalente al 1.7% del PIB de 2018. Por lo que se ha mencionado anteriormente, el PIB del país seguramente presentará una tasa de crecimiento negativa. Esto implica una menor recaudación fiscal de la prevista. Todo lo anterior, sumado a la necesidad de un mayor gasto público, implica un mayor nivel de deuda como porcentaje del PIB. Esto comprometerá nuestra capacidad de adquirir deuda en el mediano plazo, especialmente porque la economía a nivel global estará en crisis: muchos países buscarán adquirir dólares y serán pocos los interesados en prestar.

Para disminuir este impacto y también reducir la necesidad de transferencias y deuda pública externa, la economía de El Salvador deberá producir el próximo año algunos de los bienes que nuestro mercado interno importa, entre los cuales destacan los alimentos. En este punto, únicamente puedo hablar de las implicaciones económicas, pero se necesita a alguien que conozca a fondo el sector agrícola nacional. La producción toma tiempo. Mientras más nos tardemos en empezar a producir lo que necesitamos, mayor será la importación y el endeudamiento. La productividad de nuestros pequeños agricultores es baja, por lo que el Estado debería liderar esta actividad para realizarla a gran escala, buscando garantizar, en la medida de lo posible, las mejores condiciones para los trabajadores. Las transferencias de $300 podrían utilizarse para salarios de los trabajadores agrícolas, dinamizando la economía no solo por el lado de la demanda, sino también de la oferta.

Otros servicios, como transporte y venta, también podrían estar a cargo del Estado para garantizar la mayor cantidad de salarios, en lugar de transferencias. De ser posible, el Estado debe fijar precios que otorguen un margen de excedente para financiar su funcionamiento, dada la caída de los ingresos fiscales señalados anteriormente.

En Estados Unidos, por ejemplo, importantes economistas, como Matias Vernengo y James K. Galbraith, han propuesto considerar la producción directa de medicina por parte del Gobierno. De existir las capacidades humanas y materiales, esto debería considerarse también en El Salvador, estudiando las particulares del sector. Reforzando el argumento desarrollado hasta este punto, es primordial la disponibilidad de divisas para la adquisición de bienes y equipo médico que no se produce acá.

Dada la delicada situación de nuestro país, la medida de otorgar un bono de $150 a los funcionarios públicos involucrados en la crisis es, a mi consideración, justa, pero poco eficiente. Los trabajadores públicos se encuentran en una mejor posición que la gran mayoría de trabajadores informales. Adicionalmente, muchos de los primeros intentarán ser precavidos y ahorrarán ese bono. En el corto plazo, eso no conviene, pues disminuye la demanda interna y, por tanto, la producción. El reconocimiento debe ser estructural e implementarse cuando se supere esta crisis, no durante esta coyuntura.

En suma, para evitar la improvisación en las medidas económicas de mediano plazo, es necesario empezar a discutir estos temas de inmediato; de esta forma, el impacto económico podría atenuarse. De igual manera, es importante reflexionar sobre la vulnerabilidad de nuestra economía y la necesidad de una mayor participación del Estado en ella. La lógica de lucro no ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de nuestra clase trabajadora, mucho menos lo hará en la coyuntura actual.

* Armando Álvarez, docente del Departamento de Economía.

La cuarentena domiciliar a nivel nacional es una medida clave para reducir el número de contagios. Sin embargo, y como cabía esperar de un esfuerzo de esta magnitud y sin precedentes, su implementación ha sido problemática. Para la correcta ejecución de las medidas preventivas y, sobre todo, para minimizar la propagación del virus, es necesario que el Gobierno reflexione sobre algunas cuestiones.

Ante la medida de permitir que solo un miembro de cada familia salga a realizar compras y diligencias, es preciso tener claro cómo se acredita a ese delegado para que no sea detenido por las autoridades. En ese sentido, debe definirse y socializarse de forma amplia un protocolo de actuación, que sirva de referencia tanto para la población como para los agentes del orden, de manera que la decisión de penalizar a un ciudadano por circular por las calles no quede a criterio del policía de turno.

Conviene también encontrar una solución para el creciente número de personas que, de acuerdo a fuentes gubernamentales, son “retenidas” por no cumplir con la cuarentena. De hecho, la expresión “personas retenidas” es un eufemismo para designar la privación de libertad. En lugar de “retenerlas”, sería mejor tomarles los datos y enviarlas a sus casas, para establecer sanciones a cumplir al finalizar la cuarentena. Además, la retención masiva de gente que no cumple la cuarentena está creando un problema mayor: hacinamiento en los lugares de detención, que podrían convertirse en focos de infección.

Si bien es necesario pensar en un apoyo para las familias más afectadas por la crisis, la ayuda de 300 dólares para aquellas que consumen menos de 250 kw por hora de energía eléctrica excluye a miles de hogares que no tienen electricidad o cuyo recibo de la luz está a nombre de otra persona. Según el portal del Consejo Nacional de Energía, de las 84,130 familias que no tienen acceso a la electricidad, 59,332 de ellas viven en las áreas rurales. Y añade: “Estas familias […] son también las más pobres, las más aisladas y con menos acceso a servicios básicos, como agua potable, salud, educación y oportunidades económicas que les permitan salir de esa situación”. Por otra parte, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, que estima el déficit habitacional de acuerdo a los censos de población realizados en el país (el último fue en 2007), determinó que la cantidad de hogares que necesitan vivienda (déficit cuantitativo) es de 44,383. Es decir, miles de familias alquilan casa y, por tanto, no tienen recibos de energía a su nombre. ¿Qué pasará con estos sectores?

Finalmente, comerciantes informales han denunciado que la Policía Nacional Civil ha impuesto restricciones de movilidad a partir de las 6 de la tarde. Con ello, la PNC está entendiendo mal las excepciones dictadas por la Presidencia de la República y sometiendo a la población a un toque de queda de facto, extralimitando sus funciones constitucionales.

Es urgente que el Gobierno revise todas estas medidas pensando en los problemas de la gente, especialmente de aquellos económicamente más vulnerables, los que tienen más dificultad para cumplir la cuarentena y los que pueden quedar excluidos de las ayudas gubernamentales. Solo así se evitará agregar nuevas penalidades a la población.

El estado de calamidad, como le denomina la Constitución a una situación de desastre, nos llama a todos a la colaboración. Una sociedad no puede desarrollarse armónicamente si no hay en ella diferentes formas de cooperación. En terremotos, inundaciones o epidemias, la cooperación es clave para superar angustias y traumas, así como para proteger la vida. Cuando el desastre se puede prevenir, resulta indispensable la acción del Estado organizando y activando mecanismos y estructuras que aminoren los efectos de lo que se avecina. En el caso de una epidemia, a la prevención se le debe sumar tanto la mejora como la ampliación de las estructuras de salud. Si Italia y España, que cuentan con entre tres y cuatro camas hospitalarias por cada mil habitantes, tienen un serio problema para enfrentar el covid-19, en El Salvador, con menos de dos camas de hospital por cada mil habitantes, la crisis será mucho más grave si no nos preparamos. En este sentido, las medidas del Gobierno para retrasar lo más posible la proliferación del virus y el esfuerzo por ampliar el número de camas hospitalarias van en buena dirección.

Pero no es solo el Gobierno el que debe actuar. A la ciudadanía le corresponde tomar conciencia de su responsabilidad. Todo lo que hagamos por evitar contagios, manteniendo distancia social, quedándonos en casa en la medida que podamos y guardando normas básicas de higiene claramente preventivas, contribuirá a salvar vidas y a evitar un congestionamiento hospitalario que dificultaría enormemente la lucha contra la enfermedad. La cultura individualista y del sálvese quien pueda no contribuye en nada. Tampoco el pánico o el consumo desesperado en los supermercados. El miedo a naufragar nunca fue una ayuda para los marineros y navegantes. Aprender a controlar situaciones y mejorar técnicamente los barcos evitó muchos más naufragios que el miedo. En las redes sociales encontramos, con más frecuencia de la deseable, noticias falsas y alarmantes, así como discusiones estériles e insultos en un momento en que todos deberíamos estar atentos a la solidaridad y al apoyo de los más débiles. Solidarizarse y apoyar a las personas en cuarentena, desarrollar mecanismos de ayuda mutua en barrios y comunidades es mucho más importante que perder el tiempo insultando y peleando en las redes.

La sociedad civil tiene también que cumplir con su papel. A los empresarios les corresponde cuidar a sus trabajadores, compartir ganancias y pérdidas, posibilitar el acceso a bienes básicos de consumo. Las Iglesias han dado ya un ejemplo suprimiendo actividades religiosas y llamando a la reflexión y la esperanza. Las universidades tienen la capacidad de incidir en el pensamiento de la sociedad, ayudando a entender la necesidad de medidas que pueden parecernos duras, pero al mismo al tiempo ofreciendo indicaciones de cómo optimizar procedimientos de prevención. Los medios de comunicación no pueden eludir la responsabilidad de ofrecernos información objetiva y señalar aquello que debe mejorarse en los procesos de lucha contra la epidemia.

El Salvador ha enfrentado una guerra civil, terremotos, deslaves, inundaciones, sequías. Pese a graves irresponsabilidades y modos de proceder violentos o corruptos ante los problemas, el país ha salido adelante gracias a la resistencia y resiliencia de su gente. Y por ello es fácil encontrar ejemplos admirables de personas que se entregaron al servicio del bien común. Hoy nos toca a todos responder con generosidad y orden a una nueva amenaza que se cierne sobre la población. Las epidemias se superan, pero es indispensable trabajar juntos para salvar vidas y reducir traumas y tensiones.

En los momentos de crisis, el protocolo más efectivo es el de la solidaridad. En momentos en que la vida está en juego, suele brotar espontáneamente en nosotros el instinto de sobrevivencia, que es siempre egoísta y antisocial. Por ello, tenemos que estar atentos a no perder el sentido y la búsqueda del bien común, actuando aun contra natura, para dar lo mejor de cada persona, de cada familia y de cada colectivo, a fin de que nadie se quede fuera en esta lucha por el bienestar general. En ese sentido, hacemos un vehemente llamado a la responsabilidad ciudadana para cumplir todas las medidas de prevención emanadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las disposiciones de las autoridades nacionales. Cada salvadoreño y salvadoreña debe constituirse en protagonista activo evitando la propagación del virus.

En medio de esta delicada situación, a pesar de la zozobra y la incertidumbre, debemos mantener la tranquilidad, para nuestro bien, el de nuestras familias y el de la sociedad. Solo la tranquilidad nos permitirá tomar decisiones acertadas y realistas para hacer frente con racionalidad y sabiduría a la situación de emergencia. Invitamos a hacer de este tiempo una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares; para disfrutar de la cercanía con los seres queridos; para transformar, a través de la creatividad, esta situación no deseada en espacios y momentos entrañables que el trajín diario no nos permite vivir.

En la actuación gubernamental es imperativo distinguir entre las medidas implementadas (el qué) y la gestión de las mismas (el cómo). Las medidas de prevención, como las cuarentenas, la suspensión de algunas actividades y el cierre de fronteras, establecimientos y accesos a ciudades, son difíciles, pero acertadas ante la vulnerabilidad de la población y los sistemas de salud nacionales. Sin embargo, la gestión de alguna de estas medidas ha sido deficiente, lo que es comprensible por la premura que impone la pandemia.

Con el único afán de colaborar en la implementación de estrategias efectivas, hacemos algunas reflexiones.

En toda emergencia debe tenerse siempre presente el respeto a los derechos humanos de todas las personas y en todos los territorios. La suspensión de un derecho fundamental solo puede justificarse si ello tiene como único fin garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la vida y la salud, comprometidos en esta situación.

Antes de anunciar e implementar medidas, es necesario analizarlas a profundidad. Y para ello hay que contar con la opinión de expertos y dialogar previamente con los sectores directamente afectados por las medidas, así como buscar previamente todos los apoyos necesarios para su mejor gestión. Hoy más que nunca las acciones que se implementen deben tener una base científica y la certeza de que contribuirá a evitar la propagación del virus, sin ir más allá de lo estrictamente necesario.

En este sentido, organismos como la OMS y el Centro de Prevención de Enfermedades de Atlanta consideran que el período de cuarentena necesario para el covid-19 es de 14 días. A la luz de la ciencia médica, es innecesario alargar la cuarentena a 30 días. Una cuarentena tan larga dificulta la atención a las personas recluidas, pudiendo ocasionar otro tipo de padecimientos físicos y psicológicos, que complejizan la situación.

Se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar en los centros de cuarentena condiciones adecuadas de alimentación, vestuario, higiene personal y espacio personal, que permitan el mayor bienestar posible. Igualmente es perentorio que la cuarentena se cumpla a cabalidad.

El ejemplo de Corea del Sur, de realizar pruebas de manera generalizada para detectar tempranamente las infecciones del covid-19, ha mostrado ser muy eficaz para evitar el contagio y la propagación del virus. Esta estrategia debería implementarse en El Salvador lo antes posible, como prioridad en la lucha contra la pandemia.

Se debe valorar la posibilidad de implementar la cuarentena domiciliar. Esta es una medida fundamental para personas que están bajo observación o confirmadas con el virus, pero que no requieren atención médica urgente. Como dijo el presidente de la República en la cadena nacional del 18 de marzo, la población salvadoreña ya sabe qué es el coronavirus, cómo se transmite y qué medidas de protección deben implementarse. Por tanto, la cuarentena domiciliar para algunos casos sería una alternativa que permitiría liberar espacios para otros, ahorraría recursos y daría mayor tranquilidad a las personas recluidas y a sus familiares.

No se debe perder de vista que estamos ante una emergencia de salud, aunque, por supuesto, tenga efectos en otras ramas de la vida nacional, como la economía. De acuerdo a la experiencia histórica, para garantizar la continuidad y funcionalidad del Estado después de una pandemia, es necesaria la protección especial del personal dedicado a cuidar la salud, la seguridad y los derechos humanos.

Particular mención merece la decisión de confinar por varios días a todo el personal (seguridad, administración, clínicas y tiendas) de los centros penales con el argumento de evitar que el virus entre a los recintos. Invitamos al Gobierno a revisar las medidas que aplica al personal del sistema penitenciario, pues en lugar de protegerlos los puede debilitar. Los protocolos de la OMS detallan todo el equipamiento que debe facilitarse al personal de salud y las medidas que son efectivas para la rotación por turnos.

En el caso de una pandemia, la primera indicación de la OMS en sus protocolos es no generar pánico, porque este puede convertirse en un virus poderoso que se contagia fácilmente. En este sentido, invitamos al presidente a revisar su estrategia de comunicación, para que, a la vez que llama al cumplimiento de las medidas gubernamentales, inspire tranquilidad y calma en la población, sin generar pánico. Para evitar la incertidumbre y la especulación, es necesaria una información clara y oportuna, y la total transparencia de todas las autoridades.

En esta coyuntura, el Estado debe garantizar agua potable a toda la población, algo indispensable para prevenir la enfermedad. Ello vuelve a confirmar que el agua debe ser reconocida como un derecho humano y como condición de posibilidad para el pleno cumplimiento de otros derechos fundamentales de la población, como el derecho a la salud.

Exhortamos al Gobierno y a la sociedad en general a tener especialmente presentes a los sectores más vulnerables de la población, por su propensión a ser más afectados tanto por el virus como por aquellas medidas que hipotecan sus condiciones de sobrevivencia.

Finalmente, queremos reconocer y agradecer públicamente a los profesionales de la salud que, una vez más, nos demuestran que son indispensables cuando la vida está en peligro; a todos los empleados que, cumpliendo su deber, dan ejemplo de servicio y sacrificio; y al pueblo salvadoreño, que ha demostrado a lo largo de su historia que puede superar crisis y unirse cuando la humanidad está comprometida. Con ellos, esta universidad está dispuesta a seguir apostando su suerte.

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La semana pasada, el presidente Bukele saludó a 1,400 nuevos soldados, en plan de combate y en una escenografía elaboradamente militar, con lanchas de la marina y aviones de la fuerza aérea incluidos. En ese escenario, prometió “proteger a la gente, con fondos o sin fondos”. Ningún presidente después de 1992 ha gustado tanto de lo militar como Bukele. Concentra energías y recursos en la represión de la violencia social y en las fuerzas represivas. El enorme peso específico de la opción militar oculta, con su gran aceptación popular, otras demandas urgentes de la ciudadanía.

Mientras el presidente juega a los soldaditos y lanza diatribas contra Arena y el FMLN, la crisis del agua permanece abierta. El mal servicio y la mala calidad también ponen en peligro la salud de los habitantes del gran San Salvador. Una buena parte de la población rural no tiene acceso al agua potable. No permitió que la ministra de Salud y el presidente de ANDA dieran explicaciones a los diputados por causa de la guerra que libra contra estos. Los legisladores respondieron con una interpelación, que expuso las limitaciones de los dos funcionarios y del Gobierno. La comparecencia fue lamentable. La ministra aseguró que el agua es potable, el presidente de ANDA recomendó no beberla. La ministra afirmó que no le corresponde garantizar su potabilidad, pero ANDA dijo lo contrario. En medio de la disputa entre el Ejecutivo y la Asamblea, el problema del agua sigue sin solución y ya ha motivado el regreso de la protesta callejera.

El Gobierno publicita cómo se prepara para un eventual brote de Covid-19, pero pasa por alto la epidemia de dengue y de enfermedades respiratorias agudas. Las gastrointestinales y la insuficiencia renal tienen también una elevada incidencia desde hace ya tiempo. Estas enfermedades se ensañan con la población de menores ingresos y con menos acceso al agua y a condiciones sanitarias aceptables. El Gobierno se ocupa de lo eventual y posterga lo real. Proyecta la impresión de que satisface las demandas ciudadanas, pero, en realidad, huye hacia adelante. Los fieles aplauden, mientras lo contagiados de dengue y de otras enfermedades epidémicas sufren penurias. Los millones destinados a represión estarían mejor empleados en combatir las epidemias crónicas, cuya prevención pasa por el acceso al agua y el saneamiento ambiental.

La corrupción, también crónica, está estrechamente relacionada con la proliferación de las epidemias, pero también con la ineptitud y la baja inversión social. Contradictoriamente, mientras esta última no cubre las necesidades de la población, el gasto militar experimenta un aumento del 18 por ciento en el Presupuesto de este año. Las áreas sociales, en cambio, incluido el medio ambiente, experimentan recortes en unos presupuestos de por sí insuficientes. Indiscutiblemente es perentorio acabar con la corrupción, pero no serán los militares ni los antimotines quienes lo hagan. No solo carecen de competencias, sino que ellos también contribuyen con ella, amparados en un mal entendido secreto militar.

Las reacciones a la toma militar del recinto legislativo han sacado a la luz el rechazo, si no desprecio, que suscitan el Ejército y la política militarizada en un sector importante de la opinión pública. El operativo militar trajo a la memoria el terror de las décadas de 1970 y 1980. La repugnancia no solo tiene raíces en las violaciones a los derechos humanos cometidas en aquel entonces, sino también en que, hasta ahora, la institución militar no ha dado muestras de arrepentimiento ni ha colaborado con las investigaciones para atribuir las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad. La censura internacional ha obligado al presidente a echar mano de la creatividad. La última producción asegura que el Ejército estaba desplegado para impedir los desmanes de la multitud, que el mismo presidente había movilizado.

Bukele pensó, por ingenuidad, imprudencia o envanecimiento, que su gesta contaría con la aprobación unánime de la opinión pública. Craso error de cálculo político del presidente y desconocimiento del sentir popular. Su sueño de encabezar al pueblo, protegido por militares y antimotines, para disponer de la legislatura, tal como lo anunció en 2018, es una quimera antidemocrática. No se le ocurrió que si bien la Asamblea Legislativa y los partidos políticos son las instituciones menos apreciadas por la opinión pública, también lo es el Ejército y la policía militarizada, por su pasado y su presente represivo, cruel e inhumano. Los hogares populares experimentan constantes invasiones de soldados enviados a cazar jóvenes indiscriminadamente.

El insulto, la maldición, el odio y la invitación a quemar al adversario no darán “frutos en el futuro”, tal como augura el presidente. Crean inestabilidad, división social, represión y violencia. De esa siembra no puede salir nada nuevo, sino el mismo fruto viejo y amargo del sufrimiento y la muerte.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La existencia y persistencia de la esclavitud o de condiciones análogas a la esclavitud constituye un desafío humanístico, filosófico, ético y teológico hasta los días actuales. ¿Por qué hay humanos que esclavizan a otros humanos, sus co-iguales?

Después de la aprobación del proyecto de ley de justicia transicional y del veto del Presidente, le toca a la Sala de lo Constitucional apropiarse de la situación con una audiencia de seguimiento. Si no lo hace, y pronto, las víctimas y los defensores de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de El Salvador, tendrán motivos para pensar que los magistrados juegan a eludir sus responsabilidades y a dar facilidades a la posibilidad de impunidad. Esto sería trágico, pues la anterior Sala de lo Constitucional le mostró al país que la Constitución es importante, marca la institucionalidad y da seguridad jurídica a todos. Distraerse del deber sería una ofensa a la ciudadanía, una ruptura con los compromisos constitucionales y de derechos humanos, y un nuevo ridículo internacional. La Sala debe honrar sus propias palabras, que prometieron una audiencia de seguimiento de la sentencia de 2016 cuando la Asamblea Legislativa terminara de redactar el proyecto de ley.

Varias y diversas instituciones se han dirigido ya a la Sala pidiendo dicho seguimiento y el análisis del proyecto de ley vetado, así como del veto presidencial. Esperar para ver si la Asamblea supera o no el veto es simple y sencillamente perder tiempo. Los jueces en general están obligados por la Constitución a brindarle a la ciudadanía una pronta y cumplida justicia; más aún los magistrados de la Sala de lo Constitucional, tal como esta lo ha afirmado en repetidas ocasiones en su propia jurisprudencia. Aunque es cierto que la antigua ley de amnistía impidió durante más de dos décadas hacer pronta y debida justicia, han pasado ya casi cuatro años desde julio de 2016, cuando se declaró inconstitucional esa ley a todas luces injusta. Sería lamentable que la Sala cayera en retardación de justicia. Una irresponsabilidad grave sancionada por la Constitución

De los 75 artículos del proyecto de ley de justicia transicional, cerca de 19 requieren ser estudiados con detenimiento por la Sala, para verificar que cumplen con la sentencia y las recomendaciones de seguimiento. Otras instituciones del Estado no han acatado los mandatos de la Sala. La Fiscalía no ha establecido un número de fiscales suficiente para enfrentar los casos que podrán darse una vez sea promulgada la ley. La coordinación entre el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa, ordenada por la Sala para hacer los cálculos adecuados de reparaciones y otros costos, tampoco se ha dado. Es urgente revisar todo el proceso. La Sala no puede tirar balones fuera ante los desacuerdos entre la Asamblea y el Ejecutivo. Al contrario, la causa del atraso, si se da, será ahora responsabilidad de la Sala de lo Constitucional.

Una ley de justicia transicional norma siempre, como su nombre lo indica, la transición de una situación de violencia y enfrentamiento a otra de diálogo, paz y mecanismos de reconciliación. La reparación a las víctimas, la penalidad por los delitos y la preocupación especial por los territorios donde los enfrentamientos causaron mayores daños contribuyen a que no se repitan los terribles daños del pasado. Cuando hoy se habla de la violencia de las pandillas, no faltan quienes piensan que en parte ella es resultado de la creación de la cultura de impunidad tras la guerra civil y de haber mantenido unos índices de pobreza y desigualdad todavía demasiado altos. La ley de justicia transicional, tal y como la pidió la Sala de lo Constitucional, debe hacer verdad sobre los graves crímenes del pasado. No aceptar que nuestra sociedad quedó desgarrada por los abusos cometidos lleva a la repetición de los mismos.

A pesar de su inicial falta de voluntad política, la Asamblea Legislativa ha ido acercándose a una ley de justicia transicional válida. Ordenar la mejora del proyecto de ley recientemente aprobado, para así cumplir la sentencia de 2016, es tarea obligatoria de la Sala. Si no lo hace, habrá que acusarla de falta de voluntad política y carencia de independencia. Y peor aún, se erosionará la de por sí escasa confianza ciudadana en la justicia. De este modo, la Sala terminará contribuyendo a generar más simpatía por las medidas de facto, en vez de apego a la legalidad y al buen orden.

Los hechos del 9 de febrero han mostrado los límites de la institución democrática para superar el conflicto político. El presidente Bukele ha acudido al cuartel como alternativa a la negociación democrática. Así, lo que parecía inverosímil después de los acuerdos de 1992 es real, porque el Ejército existe y porque está a disposición de quien acuda a él. El presidente desprecia el compromiso político y entre sus prioridades no figura la consolidación de la institucionalidad democrática, una tarea pendiente y trascendental para el futuro del país.

Si no hubiera opción militar, es decir, si el Ejército no existiera, los políticos estarían forzados a buscar soluciones democráticas. La existencia del Ejército ha hecho posible que el presidente apueste fuerte por los militares como una base de su poder personal. Por eso no destituirá a su ministro de Defensa. Al contrario, lo felicita por su actuación política y antidemocrática. También es cierto que el elevado prestigio del Ejército, el enorme desprestigio de los políticos y la confianza ciega de la opinión pública en el autoritarismo han hecho posible la opción militar. En Costa Rica y en Panamá esa opción no existe, porque no hay Ejército.

El golpe militar no es solución. La experiencia muestra que, en una sociedad polarizada como la salvadoreña, el Ejército suele agudizar aún más el conflicto político que pretende superar. El golpe alimenta el enfrentamiento, desata la represión, genera mayor inestabilidad política e instala líderes que utilizan su poder para el desquite. La persecución contra los políticos depuestos y sus seguidores divide más la sociedad, y si estos se radicalizan y se movilizan contra las nuevas autoridades, tal como es usual, se desata la espiral de violencia, la cual difícilmente crea condiciones para implantar una democracia estable. El compromiso político, en cambio, reduce el nivel de violencia y señala el camino para consolidar una institucionalidad debilitada por la corrupción de las estructuras de poder. La ausencia de opción militar no evita las crisis, pero obliga a encontrar soluciones negociadas.

La posibilidad real del golpe y la creciente polarización han abierto la puerta para el regreso de los militares a la política. Así lo pone de manifiesto la actuación presidencial del 9 de febrero, que ignoró la perversidad de la dictadura militar de las décadas de 1970 y 1980. El Ejército no ha perdido la capacidad de intervenir en la política como árbitro después de 1992, tal como algunos pensaron ingenuamente. El anterior ministro de Defensa se atribuyó públicamente la tregua con las pandillas, opinó sobre asuntos políticos y exhibió amenazadoramente el poderío militar en ámbitos políticos como la legislatura.

La oposición a la política tradicional de Arena y del FMLN aplaude la intervención militar, llevada por su deseo, en principio legítimo, de acabar de una buena vez con la ineptitud y la corrupción. Incluso interpreta la actuación presidencial del 9 de febrero como un acto democrático con beneficios inmediatos para el pueblo. Las bondades que esa interpretación proclama son un espejismo. La consolidación democrática implica subordinar el poder militar al civil, y mejor aún, eliminar de manera definitivamente la opción militar. Más aún, la supresión del Ejército redundaría en un ahorro considerable para la hacienda pública.

Neutralizar la opción militar exige transformar la mentalidad social. Si la opinión pública confía más en el Ejército que en el legislador, el incentivo para recurrir a los militares es muy fuerte. Si la opinión pública constata la incapacidad para preservar el orden, las fuerzas de seguridad militarizadas, que prometen “orden”, se vuelven cada vez más atractivas. Si el gobierno democrático no satisface las demandas ciudadanas, el descontento de la opinión pública con los políticos se traduce en desprecio y la tentación militar se vuelve irresistible. A pesar de los desatinos, reales o imaginados, es indispensable resistir la tentación militar, en aras de la construcción de instituciones más estables, aun cuando las crisis sean recurrentes.

La opción militar es una trampa. Las promesas de cumplimiento inmediato deslumbran, pero comprometen el futuro democrático. El golpe militar no resuelve la crisis vital de las mayorías, ni la polarización sociopolítica, ni la escasez de recursos públicos, ni la impunidad, ni la corrupción. Al contrario, la superación de estos males acentúa la necesidad y la urgencia del consenso. Es perentorio cerrar la opción militar para no generar mayor inestabilidad institucional, para fortalecer el sistema político y para forzar a los políticos a que aprendan a superar las diferencias mediante la negociación y el compromiso democrático. El conflicto sociopolítico no se resuelve sin un consenso sobre cómo superarlo.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.