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El 10 de julio de 2023, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) convocó a una conferencia de prensa para denunciar la detención arbitraria, los maltratos y la tortura del periodista comunitario Víctor Horacio Echeverría Barahona, de 55 años, capturado durante el régimen de excepción.

Durante la conferencia y en entrevistas posteriores a medios locales y extranjeros, el periodista detalló los maltratos, el hacinamiento, la política de hambre en Centros Penales, los asesinatos y las torturas que sufren miles de detenidos. El impacto de sus declaraciones provocó que la Fiscalía pidiera enviarlo de nuevo a prisión, pero el Juzgado mantuvo su libertad con la condición que no brinde más declaraciones sobre el caso, alegando reserva judicial. Esta audiencia especial fue realizada el 27 de julio de 2023.

El Faro entrevistó al periodista el 18 de julio de 2023; es decir, nueve días antes de la orden judicial que hoy lo tiene en silencio. Echeverría dijo en la entrevista que fue fisicoculturista y que durante los últimos 20 años ha trabajado para el canal 50 de Megacable, canal 77 y 114 de NorTV, y canal 29 de Universal Cable, los cuales tienen cobertura en la zona norte de San Salvador (Quezaltepeque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Apopa, Quezaltepeque y Tonacatepeque). También trabaja para Onda Club, que se promociona como la primera radio digital de El Salvador.

Después de pasar once meses en las cárceles de Mariona e Izalco, Echeverría aún no sabe con exactitud por qué lo capturaron el 7 de junio de 2022. Su defensora pública le dijo que la Policía lo capturó por agrupaciones ilícitas porque lo vio “sospechoso” en la calle, pero él asegura que dos agentes llegaron a su casa a capturarlo.

Ante la falta de acceso a la información oficial, el periodista elabora dos hipótesis sobre su captura:Su primera hipótesis es que fue capturado por su labor periodística. Él dice que invitaba con frecuencia a su programa de radio a personajes que denunciaban la corrupción de Nuevas Ideas, el partido de Gobierno. El seis de junio de 2022, por ejemplo, invitó a Rodolfo Pereira, líder de vendedores en Soyapango, quien denunció corrupción en la alcaldía de Soyapango, gobernada por el partido del presidente Nayib Bukele. Al siguiente día de la entrevista, el siete de junio de 2022,  Rodolfo Pereira y el periodista Echeverría fueron capturados por el régimen de excepción.

La segunda hipótesis del periodista es que su captura está relacionada con su trabajo comunitario. Él fue directivo de la Asociación Valle del Sol, una colonia de Apopa asediada por las pandillas, problema que intentaron resolver por medio de la tregua que el gobierno de Mauricio Funes sostuvo con las pandillas. A Valle del Sol llegaron representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), actividad en la que estuvo involucrado Echeverría.

Esta es la historia que el periodista cuenta sobre sus once meses en el penal de Mariona e Izalco. Esta es la historia que un Juzgado le ha prohibido repetir.

Andrés Guzmán, un abogado colombiano especializado en seguridad digital, fue nombrado por el presidente Nayib Bukele, el pasado 22 de mayo, como comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión. Su nombramiento ocurre en momentos en que el Gobierno salvadoreño enfrenta miles de denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos durante la implementación del régimen de excepción que ha producido más de 71 mil personas capturadas en apenas un año y medio.

Guzmán ya hizo su primer diagnóstico público sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador: en una sesión en la que compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como representante de El Salvador, aseguró categóricamente que en el país no existe la tortura. Sin embargo, durante esta entrevista, el comisionado reconoce que cuando hizo esa afirmación no había visitado ninguna prisión ni hablado con ninguna persona que haya estado capturada ni  solicitado a la Fiscalía los informes de personas muertas en custodia del Estado. Su convicción de que en El Salvador no se cometen abusos, como la tortura, se sostiene en el hecho de que no hay denuncias interpuestas ante la Fiscalía.

El comisionado Guzmán es el primer funcionario adscrito a la Presidencia de Bukele en conceder una entrevista a El Faro. El único otro funcionario de este Gobierno que otorgó a El Faro una entrevista en 2019 fue el entonces presidente del Fondo Ambiental de El Salvador, Jorge Aguilar.

De un año para acá, la familia de Ana ha tenido que reducir lo que compran aún más de lo habitual. Cuando compran arroz, evitan comprar huevos y viceversa.

Andrés es un joven de 28 años, habitante de un cantón rural en el oriente del país. Hace años, sus padres montaron una modesta ferretería con la que consiguieron financiarle a Andrés sus estudios en ingeniería en sistemas en una universidad de San Salvador. En 2022, él se convirtió en el primer graduado universitario de su familia. Tres meses después de haber obtenido su título como ingeniero, fue arrestado bajo el régimen de excepción, sin que los agentes captores dieran otra explicación que su nombre estaba “anotado” en una lista. Andrés estuvo detenido 8 meses y medio de los que recuerda, sobre todo, el hambre como una compañera constante. Asegura haber visto cientos de casos de desnutrición severa, que le recuerdan, dice, las imágenes de las víctimas de los campos de concentración alemanes durante la segunda guerra mundial. Un día, le notificaron que quedaba libre, sólo para ser arrestado nuevamente a la salida del centro penal, de nuevo, sin ninguna explicación.

La mañana del 6 mayo del 2022 Dolores Almendares estaba en su casa ubicada en Ciudad Futura del municipio de Cuscatancingo, sus hijos aún dormían cuando cinco agentes de la PNC irrumpieron en su vivienda, revisaron todo y a ella le pidieron que los acompañara. Desde ese momento Dolores quedó detenida bajo el argumento de extorsión donde luego se le informó que se le aplicaría el Régimen de Excepción y durante siete meses vivió y vio como los custodios del penal de Ilopango colgaban a mujeres de los brazos y como la atención médica se les era negada en en el penal de Apanteos.

Desde que comenzó el régimen, familias enteras se ven afectadas económicamente si quieren que sus presos no pasen hambre.

“El desayuno casi nunca lo hacemos, aquí máximo son dos tiempos de comida”, dice la mujer de 34 años, habitante de la recóndita comunidad El Rescate, en Usulután.

En agosto de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para que las mujeres tengan un parto respetado y los recién nacidos un cuidado cariñoso. La Ley se llama Nacer con Cariño, pero los bebés que están detenidos junto a sus madres por el régimen de excepción no han tenido acceso a derechos básicos como el control prenatal o medicina para curar gripes, escabiosis, fiebres y vómitos. Una mujer que fue liberada de esas cárceles cuenta que 30 bebés fueron aislados en el penal de Izalco por escabiosis y, ante la falta de medicina, las madres bañaban a los niños con lejía y detergente en polvo.

Flor estaba detenida en el penal de Ilopango cuando se enteró que sería madre por segunda vez. Se puso a llorar porque le aterraba la idea de que su hijo naciera en una prisión abarrotada por  miles de capturadas durante el régimen de excepción, donde se les niegan tratamientos médicos, y los maltratos físicos y verbales son el pan de cada día.Cuando su hijo nació, el 25 de diciembre del año pasado, enfermó de gripe y de escabiosis y al recién nacido tampoco le dieron medicina. Y no fue el único caso. Los bebés no recibieron atención médica y, en la desesperación, sus madres los bañaban con rinso y lejía con la esperanza de curar esa enfermedad.

En su más reciente publicación de la Lista Engel, el Gobierno de Joe Biden prohíbe el ingreso a Estados Unidos a la fiscal y al juez que trataron de interferir en la segunda vuelta electoral en Guatemala y que encarcelaron al periodista José Rubén Zamora. Tomó la misma medida contra una decena de funcionarios nicaragüenses involucrados en el destierro de presos políticos. La nueva actualización de la lista, aunque incluye a exfuncionarios de esos países, evita sancionar al oficialismo en El Salvador y Honduras, en una señal de reordenamiento de su estrategia en Centroamérica.