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Previo a su privación de libertad a manos de soldados, ocho adolescentes en una comunidad del Bajo Lempa habían sido hostigados por la misma patrulla de infantes de Marina. A los jóvenes los habían detenido momentáneamente entre dos y tres veces a cada uno. Les habían tomado fotografías y los habían acusado de pertenecer a pandillas. Después de días de hostigamiento, los soldados entraron a la comunidad una noche y, sin apoyo policial, los montaron a un picop y los llevaron a un puesto militar donde permanecieron entre una y dos horas. Ahí fueron golpeados y humillados. La PDDH concluyó que se les violó el derecho a la libertad, pero dice que no le consta la tortura, que sigue investigando.

En un país donde no se ha excavado entre el 80 % - 90 % del territorio, encontrar vestigios arqueológicos es más común que reportar a las autoridades el hallazgo. En septiembre 2022, un profesor de secundaria descubrió, casi que por accidente, un sitio arqueológico que el agua había dejado al descubierto en las cercanías del río Las Cañas. El descubrimiento, curiosamente, también está ligado al régimen de excepción. El hallazgo y su estudio han abierto una nueva página en la historia de El Salvador, y Miguel Ángel Sales se aseguró –y se precia– de aparecer nombrado en ella.

En abril de 2020, bajo el actual Gobierno, la Subdirección de Inteligencia de la Policía abrió un expediente al Viceministro de Seguridad y Director General de Centros Penales de El Salvador, Osiris Luna Meza. El archivo registra hipótesis de distinto tipo que perfilan al viceministro de Seguridad como parte de estructuras delictivas. El informe también dice que el viaje en jet privado que Osiris Luna hizo en 2019 tuvo un costo de 27,000 dólares. La información fue obtenida por El Faro a través de DDoSecrets, una organización que obtuvo directamente la información del grupo de hackers que se han denominado Guacamaya.

La Corte de Cuentas de la República designó como miembro del pleno del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) a una persona a quien la ley le prohíbe ocupar ese cargo. Lidia María Elena Fermán es esposa de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Ley de Ética Gubernamental prohíbe, en su artículo 14, que los miembros del TEG sean cónyuges de magistrados de la Corte Suprema. Después que El Faro hizo preguntas sobre esa designación, el TEG borró el nombramiento de su portal web y la Corte de Cuentas convocó a un proceso para elegir a su representante ante el tribunal.

Al cumplirse 90 días de la captura del presidente de El Periódico, José Rubén Zamora, estos son los hechos comprobados: envió dinero en efectivo al denunciante a cambio de un cheque y emitió una factura que registra el ingreso del dinero al diario. El Ministerio Público (MP) afirma que Zamora lavó dinero porque la factura oculta el origen de dinero ilícito. Zamora señala que recibió los fondos de empresarios que no quieren ser identificados como financistas del diario. Su defensa sostiene que no hay delito y que el MP contaminó el proceso desechando y obteniendo evidencias de forma ilegal. Además, los abogados del periodista han sido acosados al grado que su actual defensor es el cuarto profesional que lo representa.

Documentos oficiales obtenidos por El Faro a través de Guacamaya Leaks demuestran no sólo que Élmer Canales Rivera, “Crook”, fue liberado el 18 de noviembre de 2021, sino que su liberación quedó constatada en correos electrónicos, fichas policiales y otros informes de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Estos documentos revelan, además, que horas antes de su liberación, un equipo policial llegó al centro penal de Zacatecoluca para notificarle de otra acusación penal en su contra, pero un miembro de esa unidad de la Policía afirmó a El Faro que las autoridades penitenciarias no les permitieron entrar. A pesar de que fue liberado por esta Administación, la Policía ha solicitado cooperación extranjera para su recaptura.

Solo en la medida en que se comprenda el poder y la estructuración de las oposiciones políticas será posible entender el éxito o el fracaso de los gobiernos de turno.

Tras un año de parálisis, la jueza Mirtala Portillo de Cruz quiere reanudar el juicio por la masacre de El Mozote pero ha cambiado las reglas. Portillo está usando la ley de 1973, prescindiendo de peritos expertos y creando un “registro judicial de víctimas”. Portillo había convocado 20 testigos para que declararan entre el 18 y el 21 de octubre, pero suspendió las audiencias cuando los abogados de las víctimas pidieron claridad sobre las nuevas formas de tramitar el caso.

El Gobierno de Bukele tiene un asesor financiero que gana millones de dólares en contratos clasificados como confidenciales. Una empresa del Gobierno, ETESAL,  pagó $1.5 millones por los servicios de la empresa de César Addario, un ejecutivo de Paraguay contratado para asesorar en la emisión de deuda a la administración Bukele. Según personas que han participado de las reuniones del gabinete económico, Addario tiene mayor influencia en la toma de decisiones que algunos titulares de autónomas y ministros.