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Francisco Huezo López tenía 64 años y murió el 24 de agosto en el penal de Mariona. Según Medicina Legal sufrió un edema pulmonar, aunque el informe oficial consigna: 'muerte en estudio'. En las cárceles del Régimen de Excepción hay una decena de casos con ese mismo motivo de muerte y evidencia de golpes o tortura. Huezo López fue detenido en junio, acusado de colaborar con una pandilla, pero la única prueba en su contra era un antecedente penal por agrupación ilícita del que había sido declarado inocente el año pasado.
Antes de ser desmantelado, el Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía seguía la pista de un empresario que, en plena cuarentena, participó en tres contratos con el Gobierno que suman $22.7 millones. Se trata de Munir Miguel Bendeck Miguel, accionista de Negocios y Servicios Bursátiles (NSB), la empresa nacional favorita del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), contratista gubernamental para la entrega de canastas de alimentos. Con información propia, El Faro pudo constatar la veracidad de algunos indicios que impulsaron la investigación, como la bonanza empresarial de NSB y la compra de un apartamento de $1 millón en Miami, Estados Unidos, a nombre de Bendeck.
Aunque ya no era presidente del CIFCO, en 2013, Miguel Menéndez, Mecafé, usó esas instalaciones para reunirse con un empresario guatemalteco y pedirle sobornos entre el ocho y el diez por ciento del monto por cada obra adjudicada. El Tribunal Primero de Sentencia lo ha condenado a ocho años de cárcel por un caso especial de lavado de dinero. Mecafé es la primera persona del círculo de confianza del expresidente Mauricio Funes declarada culpable. Funes se nacionalizó en Nicaragua y vive allá desde poco después de terminar su mandato.
Seis oficinas de Naciones Unidas sospechan que el Régimen de Excepción está violando derechos humanos con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y muertes ocurridas en las cárceles. El Gobierno no reconoció los señalamientos, y optó por dar respuestas generales a preguntas puntuales. Algunas de las respuestas son afirmaciones falsas y, en otras, la vaguedad es tal que el Gobierno parece ocultar información. Por ejemplo, no detalló la cantidad de personas detenidas en el Régimen, a pesar de que, según observadores, a causado un hacinamiento del 247 %. El Estado tampoco informó sobre la cantidad de muertes en las cárceles, aunque admitió que hay investigaciones en marcha.
La evidencia que llevó a la detención del periodista José Rubén Zamora, a quien las autoridades de Guatemala acusan de lavado de dinero, conspiración, chantaje y tráfico de influencias, fue recabada en 72 horas según el relato del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche. El martes 9 de agosto, un juez decretó tres meses de prisión provisional para Zamora y Gómez. Sus abogados sostienen que los señalamientos se basan solo en el testimonio de un exbanquero que, según Zamora, lavó dinero para los expresidentes Mauricio Funes de El Salvador y Jimmy Morales de Guatemala.
#efDialoga para analizar los hallazgos de cientos de documentos judiciales sobre la captura de 690 personas en el Régimen de Excepción en El Salvador. Participan: Carlos Dada, Óscar Martínez y Gabriela Cáceres.
Policías y soldados arrestaron a 22 hombres en el marco del Régimen de Excepción en una isla en la que no hay, y no ha habido, presencia de pandillas. Las autoridades se han llevado a lancheros, curileros, trabajadores agrícolas, pescadores, a un ingeniero recién graduado y a un exseleccionado nacional de fútbol playa. Una fuente policial asegura que todos los detenidos fueron denunciados por sus vecinos por ser colaboradores de la pandilla.
El Faro sistematizó 1,251 páginas de expedientes judiciales que tienen a 690 personas en prisión bajo el Régimen de Excepción. Esta información, como todos los procesos del Régimen, está bajo reserva total porque la Fiscalía considera que la prensa va a tergiversar los datos y “provocar pánico en la población”. Lo que hay tras ese velo fiscal son procesos con poca o nula investigación y capturas justificadas por “apariencia” sospechosa o nerviosa. El Movimiento de Trabajadores de la Policía asegura que ha documentado 50 casos donde los agentes se negaron a realizar capturas por considerarlas arbitrarias.
El gobierno de Giammattei ha quedado pintado como lo que José Rubén Zamora llama una cleptocracia, que se dedica a saquear al Estado
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