El Gobierno de Navarra lleva seis años financiando campamentos de verano feministas y euskaldunes que ahora se encuentran en el centro de una grave polémica tras múltiples denuncias por conductas sexuales inapropiadas de monitores hacia menores. La continuidad de esta financiación pública genera serias dudas sobre la supervisión institucional de estas actividades.

La Ertzaintza investiga al menos cuatro casos ocurridos en los campamentos de Abaigar (en 2021 y 2022) y Bernedo (en 2023 y 2024), con testimonios de adolescentes que relatan duchas mixtas obligatorias, monitores completamente desnudos y comportamientos de carácter sexual inadecuado. Estas prácticas se habrían repetido sistemáticamente durante varios años sin intervención administrativa.

La organización responsable defiende estas prácticas como parte de una supuesta "educación transfeminista", destinada a normalizar la desnudez y romper estigmas sociales. Sin embargo, los testimonios de menores y las investigaciones policiales apuntan a conductas que sobrepasan cualquier marco educativo legítimo y constituirían potenciales abusos.

Las denuncias han provocado que el asunto llegue al Parlamento navarro, donde partidos como Vox reclaman explicaciones urgentes sobre los más de 30.000 euros anuales destinados a financiar estas colonias. La formación de Santiago Abascal acusa directamente al Ejecutivo foral de financiar con dinero público la "perversión de menores".

El caso expone las deficiencias del sistema de supervisión de actividades con menores financiadas con fondos públicos y plantea interrogantes sobre la responsabilidad institucional del Gobierno de Navarra en permitir que estos campamentos continuaran operando pese a las denuncias previas.