El juez Peinado sostiene en un auto judicial que la relación matrimonial entre Begoña Gómez y Pedro Sánchez constituye el factor determinante para apreciar un posible delito de tráfico de influencias, del que derivarían el resto de las acusaciones contra la esposa del presidente del Gobierno.

Begoña Gómez está siendo investigada actualmente por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Esta acumulación de acusaciones configura un caso judicial de excepcional gravedad por la posición institucional de los implicados.

Según el magistrado Juan Carlos Peinado, quien esta misma semana abrió el trámite para que Gómez sea juzgada mediante jurado popular por malversación, sin ese vínculo matrimonial con el jefe del Ejecutivo resultaría "difícil" que ella ni los otros investigados pudieran haber llevado a cabo las conductas ilícitas atribuidas.

El juez se refiere específicamente a Cristina Álvarez, asistente de Gómez en Moncloa, y Juan Carlos Barrabés, empresario vinculado a los contratos públicos investigados. La implicación de personal de la presidencia del Gobierno refuerza la tesis de uso sistemático de recursos del Estado para beneficio privado.

El magistrado describe estos comportamientos como acciones que ya han sido consideradas, de forma indiciaria, constitutivas de elementos suficientes para sostener la convicción de que concurren tanto los factores objetivos y subjetivos como los descriptivos y normativos de los delitos imputados. Esta fundamentación jurídica allana el camino para un eventual juicio con jurado popular.