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La caída de Baguz, el último bastión del autoproclamado califato del Daesh, en marzo de 2019, llevó al confinamiento de decenas de miles de sus combatientes y sus familiares en cárceles y campos bajo el control de las milicias kurdas en el noreste de Siria. Los foreign fighters, los combatientes extranjeros, quedaron en un limbo jurídico. Los países europeos se resisten a la repatriación de los suyos en medio del dilema entre seguridad, moralidad, derechos humanos y justicia.

En nuestro periplo por ese legado del califato estuvimos en los campos de Roj y Al Hol y en la cárcel de Hasaka, donde los yihadistas viven en condiciones infrahumanas, hacinados y aislados del exterior en un antiguo instituto reconvertido en prisión. En esta prisión hay unos 5.000 combatientes del Daesh. A pesar de las fuertes medidas de seguridad, ya ha habido varios motines e intentos de fuga. Los extranjeros, unos 2.000, son de más de 50 países, más de 800 europeos.

“Son los más peligrosos. La mayoría resistió hasta Baguz. Fueron capturados en los combates más feroces”, nos explica el director de la cárcel, Robar Hassan. “Son como bombas de relojería. Si explotan, no sabemos lo que puede ocurrir. Están esperando una oportunidad para escapar”.