AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: Tu Puerta de Entrada al SistemaDescubre los fundamentos de la afiliación a la Seguridad Social en España. Este episodio desglosa un proceso clave, explicando cómo y por qué es obligatoria, única y vitalicia para toda persona que inicia una actividad laboral.Aprenderás sobre las diversas vías para afiliarse: por solicitud del empresario o del trabajador, o de oficio por la Administración de la Seguridad Social, incluyendo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).Explicamos la importancia del Número de la Seguridad Social (NAF), un identificador único para toda la vida. También abordamos los plazos cruciales: las altas deben solicitarse siempre antes del inicio de la actividad, aunque con un límite de 60 días naturales previos, mientras que las bajas y variaciones de datos deben comunicarse dentro de los tres días naturales siguientes al cese o al cambio.Profundizaremos en los efectos de la afiliación y las altas y bajas, incluyendo cómo las solicitudes fuera de plazo afectan la retroactividad de los derechos. Además, diferenciaremos entre pluriactividad (trabajo en dos o más regímenes distintos) y pluriempleo (varios trabajos en el mismo régimen).Finalmente, conocerás las consecuencias de las afiliaciones, altas y bajas indebidas, y las infracciones asociadas, que pueden ser leves o graves según la omisión o el retraso en la comunicación de datos.Este episodio es esencial para entender los pilares de tu relación con la Seguridad Social.

Título Preliminar (Artículos 1-9):

• Artículo 1: Principios Fundamentales. España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho. La soberanía nacional reside en el pueblo español. La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.
• Artículo 2: Unidad y Autonomía.
• Artículo 3: El Castellano y las demás lenguas. El castellano es la lengua oficial del Estado. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas.
• Artículo 4: Bandera. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja.
• Artículo 5: Capital. La capital del Estado es la villa de Madrid.
• Artículo 6: Partidos Políticos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres. Expresan el pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular.
• Artículo 7: Sindicatos y Asociaciones Empresariales. Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres.
• Artículo 8: Fuerzas Armadas. Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
• Artículo 9: Principio de Legalidad y Seguridad Jurídica. Sometimiento de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Garantiza principios como la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.

Título I (Artículos 10-55): De los derechos y deberes fundamentalesEste es el Título más extenso y crucial, estructurado en cinco capítulos.

• Capítulo I: De los españoles y los extranjeros (Art. 11-13).
  • Artículo 11: Nacionalidad española por origen, no se pierde si se tienen otras nacionalidades.
  • Artículo 13: Los extranjeros gozan de las libertades públicas. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado.
• Capítulo II: Derechos y Libertades (Art. 14-38).
  • Sección 1ª: De los derechos fundamentales y las libertades públicas (Art. 15-29).
    • Art. 15: Derecho a la vida, integridad física y moral. Prohibición de tortura.
    • Art. 16: Libertad ideológica, religiosa y de culto.
    • Art. 17: Derecho a la libertad y seguridad. Detención preventiva por un máximo de 72 horas.
    • Art. 18: Derecho al honor, intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones.
    • Art. 20: Libertad de expresión y de cátedra. Se limita por el respeto a los derechos del Título I.
    • Art. 21: Derecho de reunión pacífica y sin armas.
    • Art. 22: Derecho de asociación.
    • Art. 23: Derecho a la participación política.
    • Art. 24: Derecho a la tutela judicial efectiva.
    • Art. 25: Principio de legalidad penal. Nadie puede ser condenado por una acción u omisión que en el momento de producirse no constituya delito.
  • Sección 2ª: De los derechos y deberes de los ciudadanos (Art. 30-38).
    • Art. 30: Derecho y deber de defender España.
    • Art. 32: Derecho al matrimonio con plena igualdad jurídica.
    • Art. 33: Derecho a la propiedad privada y a la herencia.
    • Art. 35: Derecho al trabajo y libre elección de profesión u oficio.
    • Art. 38: Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
• Capítulo III: De los principios rectores de la política social y económica (Art. 39-52).
  • Incluye la protección a la familia y a los menores (Art. 39), la salud pública (Art. 43), el acceso a la cultura (Art. 44) y la protección del medio ambiente (Art. 45), entre otros.
• Capítulo IV: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (Art. 53-54).
  • Artículo 53: Reconoce la garantía por la ley de los derechos. Permite el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el procedimiento preferente y sumario.
  • Artículo 54: Crea la figura del Defensor del Pueblo, Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de estos derechos.
• Capítulo V: De la suspensión de los derechos y libertades (Art. 55).

El capítulo 6 aborda los requisitos generales para acceder a las prestaciones de la Seguridad Social, las responsabilidades derivadas del incumplimiento de obligaciones, y los principios de automaticidad y anticipo de prestaciones.En cuanto a los requisitos generales, para acceder a las prestaciones del Régimen General, es indispensable estar afiliado y en situación de alta o asimilada en el momento del hecho causante, salvo excepciones legales. Para las prestaciones que exigen períodos de cotización, solo se computan las cotizaciones efectivamente realizadas o las asimiladas legalmente. Es importante destacar que no se exigen períodos previos de cotización para prestaciones derivadas de accidente (sea o no de trabajo) o enfermedad profesional, salvo disposición expresa en contrario. Algunas pensiones, como la de jubilación y la mayoría de las de muerte y supervivencia, así como las de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad derivadas de contingencias comunes, pueden reconocerse incluso sin estar en alta en el momento del hecho causante, aunque esto puede implicar la exigencia de mayores períodos de cotización. Además, se consideran periodos de cotización efectiva ciertos periodos de excedencia por cuidado de hijos o familiares.La Unidad también detalla las responsabilidades por incumplimiento de las obligaciones de afiliación, altas, bajas y cotización. En estos casos, aunque el empleador sea el responsable principal del pago de las prestaciones, las entidades gestoras, mutuas colaboradoras o servicios comunes están obligados a anticipar el pago a los beneficiarios (principio de automaticidad), subrogándose en sus derechos y acciones frente al empresario infractor. El anticipo de las prestaciones no puede exceder dos veces y media el importe del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). La Tesorería General de la Seguridad Social es la encargada de recaudar estos importes. El recargo por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo se excluye del anticipo, pero no el interés de capitalización ni el recargo por falta de aseguramiento.Existen supuestos especiales de responsabilidad: en contratas y subcontratas, el propietario de la obra o industria puede responder subsidiariamente si el contratista es insolvente. En casos de sucesión de empresas, el adquirente responde solidariamente por las prestaciones causadas antes de la sucesión. Finalmente, si la prestación se origina por responsabilidad criminal o civil de un tercero, la entidad gestora la hará efectiva, sin perjuicio de reclamar posteriormente la indemnización a los responsables.La automaticidad de las prestaciones se clasifica en:• Absoluta o plena: la entidad gestora anticipa el pago independientemente del cumplimiento del alta, aplicándose a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo, riesgo durante el embarazo o lactancia, y asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral.• Relativa: el anticipo se condiciona a que el empresario haya cumplido el requisito de alta, afectando a la incapacidad temporal por riesgos comunes, nacimiento y cuidado de menor, jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares derivadas de contingencias comunes.

El capítulo 5 se centra en el contenido y clasificación de las prestaciones, las incompatibilidades entre ellas, el reintegro de prestaciones indebidas y los complementos de la acción protectora.La acción protectora se manifiesta en beneficios económicos y asistenciales. Las prestaciones de la Seguridad Social son, por lo general, irrenunciables y no pueden ser objeto de retención, cesión, compensación o descuento, salvo para el cumplimiento de obligaciones alimenticias o deudas contraídas con la propia Seguridad Social. Algunas percepciones, como las pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, y el ingreso mínimo vital, están exentas de IRPF bajo ciertas condiciones. Las pensiones contributivas se revalorizan anualmente al inicio de cada año, según la variación media interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC), manteniendo su poder adquisitivo. Si la variación es negativa, la cuantía no cambia.En cuanto a las incompatibilidades, las pensiones del Régimen General suelen ser incompatibles entre sí si coinciden en el mismo beneficiario, a menos que se disponga lo contrario, y en tal caso, se abonará la de mayor cuantía anual. La pensión de jubilación es incompatible con el trabajo del pensionista, si bien existen excepciones como el trabajo a tiempo parcial, la jubilación activa, o el trabajo por cuenta propia cuyos ingresos anuales no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La jubilación activa permite compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo, y su cuantía puede alcanzar hasta el 100% si se cumplen condiciones de demora en el acceso a la pensión o si, en el caso de autónomos, se acredita la contratación de al menos un trabajador por cuenta ajena. Las pensiones de incapacidad permanente total son compatibles con el trabajo siempre que las funciones no coincidan con las que causaron la incapacidad. Las pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad no impiden actividades compatibles con el estado del incapacitado, pero a partir de la edad de jubilación, se rigen por las mismas reglas de incompatibilidad que la jubilación contributiva si el trabajo implica inclusión en un régimen de la Seguridad Social.El derecho al reconocimiento de las prestaciones generalmente prescribe a los cinco años desde el hecho causante, aunque los efectos económicos se producen con un máximo de tres meses de retroactividad desde la solicitud. Sin embargo, el derecho al reconocimiento de las pensiones de jubilación y la mayoría de las de muerte y supervivencia (a excepción del auxilio por defunción) es imprescriptible, aunque también con una retroactividad máxima de tres meses para los efectos económicos. El derecho al percibo de prestaciones a tanto alzado caduca al año desde la notificación de su reconocimiento, y para las prestaciones periódicas, cada mensualidad caduca al año de su vencimiento.Finalmente, las prestaciones indebidamente percibidas deben ser reintegradas. Quienes hayan contribuido a dicha percepción indebida responderán subsidiariamente, salvo buena fe probada. La obligación de reintegro de estas cantidades prescribe a los cuatro años desde la fecha del cobro o desde que fue posible exigir su devolución. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) es la encargada de recaudar estos importes y puede conceder plazos de hasta cinco años para su reintegro.

El Capitulo 4 se enfoca en la Acción Protectora del sistema de S Social y las contingencias y situaciones que abarca.La acción protectora es el conjunto de beneficios (prestaciones económicas y asistenciales) que los sujetos protegidos por la S Social pueden obtener para prever, reparar o superar estados de necesidad o infortunio que generen pérdida de ingresos o exceso de gastos. El sistema se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. La acción protectora comprende:• Asistencia sanitaria (maternidad, enfermedad común o profesional, accidente) [153a].• Recuperación profesional [153b].• Prestaciones económicas en situaciones como incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo o lactancia, cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave, incapacidad permanente, jubilación , desempleo, protección por cese de actividad, muerte y supervivencia (ej., viudedad, orfandad), auxilio por defunción, indemnización por muerte en accidente de trabajo o enfermedad profesional, e ingreso mínimo vital • Prestaciones familiares• Prestaciones de servicios sociales (formación y rehabilitación de personas con discapacidad, asistencia a personas mayores)• Beneficios de la asistencia social como complemento.Las empresas pueden mejorar voluntariamente la modalidad contributiva de la acción protectora mediante la mejora directa de las prestaciones o el establecimiento de tipos de cotización adicionales.Las contingencias protegidas se clasifican en:• Contingencias Comunes: Cubren situaciones derivadas de enfermedad común o accidente no laboral, jubilación, incapacidad y muerte y supervivencia por causas comunes, protección a la familia, prestaciones farmacéuticas, asistencia sanitaria, maternidad, paternidad, y riesgo durante el embarazo y lactancia natural. Su financiación es conjunta entre empresarios y trabajadores.• Contingencias Profesionales: Cubren situaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La cotización corre a cargo exclusivamente de los empresarios.Conceptos clave de contingencias:• Accidente de trabajo: Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Incluye, salvo prueba en contrario, las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar del trabajo. También se consideran accidentes de trabajo los ocurridos "in itinere" (al ir o volver del lugar de trabajo) [168a]. No tendrán la consideración de accidente de trabajo los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo (aunque la insolación o el rayo no se consideran fuerza mayor extraña) o los causados por dolo o imprudencia temeraria del trabajador. La imprudencia profesional o la concurrencia de culpabilidad de terceros no impiden la calificación como accidente de trabajo, salvo que no guarden relación con el trabajo. Es importante destacar que no existe el "accidente laboral".• Enfermedad profesional: Es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades especificadas en un cuadro oficial y provocada por la acción de elementos o sustancias indicadas para cada enfermedad. Para trabajadores autónomos, es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia y listada oficialmente. Las empresas con puestos de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales están obligadas a practicar un reconocimiento médico previo a la admisión y reconocimientos periódicos obligatorios a su cargo. La notificación inicial debe hacerse en los diez días hábiles siguientes al diagnóstico.• Accidente no laboral: Aquel que no tenga el carácter de accidente de trabajo.• Enfermedad común: Las alteraciones de la salud que no tienen la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades profesionales. Tampoco existe la "enfermedad no profesional".

El capitulo 3 detalla quiénes forman parte del sistema de Seguridad Social, distinguiendo entre el amplio Régimen General (que ha absorbido varios regímenes y sistemas especiales a lo largo del tiempo) y los Regímenes Especiales existentes para colectivos con particularidades específicas, así como las actividades que quedan explícitamente excluidas del Régimen General.

En este episodio vamos a explorar el Sistema de la Seguridad Social español, abarcando su estructura, principios y campo de aplicación. Se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.El sistema se compone del Régimen General y diversos Regímenes Especiales. El Régimen General incluye sistemas especiales para Empleados de Hogar y Trabajadores Agrarios por cuenta ajena. Los Regímenes Especiales cubren a trabajadores autónomos (RETA), del mar, funcionarios públicos (civiles y militares), y estudiantes, entre otros.

Constitucionalmente, el Artículo 41 de la Constitución Española de 1978 es clave, pues establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, garantizando asistencia y prestaciones suficientes ante necesidades, especialmente el desempleo. Otros artículos relevantes incluyen el Artículo 1 (Estado social y democrático de Derecho), Artículo 25 (derecho a trabajo remunerado y beneficios de SS para condenados), Artículo 39 (protección a la familia), Artículo 43 (protección de la salud), Artículo 49 (integración de personas con discapacidad), Artículo 50 (suficiencia económica de la tercera edad), Artículo 129 (participación en la SS), y el Artículo 149.1.17ª (competencia exclusiva del Estado).El TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, reestructuró la normativa, incorporando nuevos títulos: el Título IV para el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), el Título V para la protección por cese de actividad, y el Título VI para las prestaciones no contributivas. Además, incluyó la regulación de sistemas especiales como el de Empleados de Hogar y Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios dentro del Régimen General.