El Reportero

Antonio Zapata argues that Mexican President Claudia Sheinbaum is displaying convenient ignorance by not following the judge's orders in Querétaro and failing to comply with Article 39 of the Constitution. This adds to Andrés Manuel López Obrador's tendency to disobey the Constitution, according to the author. The author considers this behavior to be dangerous because it weakens the rule of law and allows the government to manipulate the judiciary. He also warns that this ignorance will have negative consequences for Mexico.

¿En qué momento se ha visto que una Presidencia de la República desconozca un mandato específico de una jueza?

Esto no lo habíamos presenciado, hay que decirlo, hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador, quien comenzó tranquilamente con esa tendencia de desobedecer o desacatar lo que dicta la Constitución. El tema del artículo 39, tan recurrentemente mencionado, revela una profunda ignorancia sobre lo que es realmente todo el marco jurídico.

La Constitución no es solo un artículo. Es una falacia insistir una y otra vez que "el pueblo está por encima de todo". Esto es una trampa sumamente conveniente, porque aunque el artículo 39 efectivamente señala que el poder emana del pueblo, pero no significa que todo puede hacerse bajo ese argumento.

Claro que sí, el poder proviene del pueblo, pero ¿en qué momento o bajo qué mecanismo legal se ha advertido que el mandato ciudadano sea la destrucción del Poder Judicial? ¿En qué documento está eso? Si alguien me dice que fue parte de la campaña política, eso no es cierto. No hay ningún documento avalado por todas las fuerzas políticas, incluyendo al pueblo, que establezca “nuestro mandato es destruir el Poder Judicial”, o “eliminar los organismos públicos descentralizados”, o “ignorar otro poder constitucional”. ¡Ah, caray! ¿Dónde está ese documento? ¿Dónde está esa información? Las campañas políticas no son un mandato constitucional, y sus contenidos no forman parte intrínseca del artículo 39 ni del 135, ni de ningún otro.

Insisto, yo no soy abogado, solo soy reportero. Me basta con leer esos dos artículos para entender que, al ser un marco constitucional, se destaca la voluntad del pueblo, pero eso no implica que se pueda hacer y deshacer a voluntad, mucho menos ir en contra de la propia Constitución.

Porque, a ver, es importante insistir en este punto: el Poder Judicial es un poder, un Tribunal Constitucional. Le corresponde, por mandato constitucional, revisar e interpretar las leyes. No le toca a los diputados, a los senadores, ni mucho menos al Poder Ejecutivo decidir qué ordenamientos van a acatar y cuáles no. No es función de la Presidencia de la República, ni de los diputados ni de los senadores, escoger qué mandato cumplir. Se deben a la Constitución. Así que, ¿por qué sostener que un solo artículo tiene mayor relevancia que el resto de la Constitución, que claramente define los roles de cada poder? La Constitución le ordena a magistrados, jueces y, sobre todo, a la Suprema Corte de Justicia, interpretar sus preceptos.

Estamos en un país al revés, así de claro. Y esta aparente ignorancia de Claudia Sheinbaum sobre lo que significa toda la Constitución está siendo utilizada estratégicamente para ganar tiempo, para justificar el periodo que le tomará implementar las reformas constitucionales que buscan no solo manejar, sino secuestrar la Suprema Corte de Justicia. Es la colonización de la Corte, el dominio de los magistrados, el control de los jueces, porque ahí es donde realmente se siente la presión.

Irónicamente, quien tuvo la fortuna de que le frenaran sus locuras fue Andrés Manuel López Obrador. En algún momento, aunque no sea públicamente, terminará agradeciendo que este poder haya detenido algunas de sus iniciativas más descabelladas. Ahora, con Claudia Sheinbaum teniendo el camino libre para desmantelar el Estado de derecho, las cosas realmente se van a poner complicadas. Irónicamente, no por los poderes dentro de México ni por el pueblo que está siendo manipulado para justificar estas acciones, sino por los mercados internacionales, que serán los que expongan la supina ignorancia que está ejerciendo la Presidencia, respaldada por los que antes se llamaban Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.

Con el tiempo, lo veremos. Por lo pronto, la ignorancia de Claudia Sheinbaum traerá frutos muy, muy amargos.

La administración de Felipe Calderón ya estaba en la basura de la historia, pero ahora se confirma: fue una narcopresidencia.

¡Oh, vaya sorpresa...!

Ya lo sabíamos, lo vimos, nos dimos cuenta. Lo único que ocurrió fue que, lamentablemente, en Estados Unidos se confirmó que esa administración colaboró abiertamente con los cárteles mexicanos, facilitando el trasiego de drogas.

¡Qué gran novedad!, pero finalmente está donde debe estar, en el lugar que merece. Los intentos fútiles de Calderón suenan ridículos. Es divertido ver cómo muchos panistas ahora se deslindan de él, cuando antes lo elogiaban como el mejor presidente que había tenido México. "Ah, cómo se extrañan esos tiempos en los que se combatía al narcotráfico", decían. Ahora, callados. Algunos incluso piden explicaciones, como Marko Cortés, exigiendo cuentas a Calderón. ¡Qué valiente!

Así son los panistas, ¿qué le puedo decir?

¿Y ahora qué sigue? La lógica indicaría que debería investigarse el sexenio de Enrique Peña Nieto. También fue evidente cómo su administración facilitó el trasiego de drogas. Aunque hubo enfrentamientos y bajas, sobre todo del Ejército y la policía, básicamente la administración de Peña Nieto hizo la vista gorda.

Aquí entra el tema de la detención del general Cienfuegos. Estados Unidos tenía suficientes "elementos", o más bien rumores de narcotraficantes, para intentar procesarlo. Pero alguien intercedió por él, y ese alguien fue, acertaron, Andrés Manuel López Obrador. No me lo invento, está en los documentos oficiales: los fiscales estadounidenses se desistieron por cuestiones de política exterior, y Cienfuegos fue regresado a México con honores.

¿Qué sigue entonces en esta lógica? Pues, la administración de Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de sus predecesores, este presidente ha dejado un rastro de pruebas que indican que su gobierno permitió el crecimiento de los cárteles.

García Luna fue condenado solo con testimonios de narcotraficantes, sin pruebas concretas. Los supuestos millones de dólares que decían que había recibido nunca aparecieron. Tampoco se comprobaron las acusaciones de la administración de López Obrador sobre los 700 millones de pesos que supuestamente desvió.

Hubiéramos aprendido mucho con el caso Cienfuegos, pero también eran solo rumores de narcotraficantes. No había pruebas contundentes, y aun así casi lo condenan. Se salvó gracias a la intervención de López Obrador ante Donald Trump.

Ahora, el siguiente en la lista es Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de los anteriores presidentes, él ha dejado claras evidencias: el saludo a la mamá del Chapo, la liberación de Ovidio, la política de "abrazos, no balazos", y otras "linduras" que él mismo ha reconocido.

No olvidemos también la declaración del testigo protegido revelada por el periodista Tim Golden, un premio Pulitzer, no cualquier persona. Además, la entrevista con el líder del Cártel de los Ardillos, quien dijo abiertamente: "Con López Obrador crecimos". Y, claro, la famosa carta de "El Mayo" Zambada, en la que afirma que la administración de Morena estaba en total complacencia con el narcotráfico.

Por menos de eso condenaron a García Luna y casi procesan a Cienfuegos. La agenda de Estados Unidos está clara: seguir de cerca la narconovela de México.

El show de García Luna ha terminado, y ahora comienza el de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cortesía de su "productor y director", Ismael "El Mayo" Zambada.

Felipe Calderón's administration was already in the trash bin of history, but now it’s confirmed: it was a narco-presidency. Oh, what a surprise! We already knew, we saw it, we realized it. The only thing that happened was that, unfortunately, the U.S. confirmed that this administration openly collaborated with the Mexican cartels, facilitating the drug trade.

What a great revelation! But at last, it's where it belongs, in the place it deserves. Calderón’s futile attempts to defend himself sound ridiculous. It’s amusing to see how many PAN members are now distancing themselves from him, when they once praised him as the best president Mexico had ever had.

"Oh, how they missed those times when the drug traffickers were fought," they used to say. Now, they're silent. Some are even demanding explanations, like Marko Cortés, who is asking Calderón to account for his actions. How brave! But that’s how PAN members are, what can I tell you?

What’s next? Logic would dictate that the next administration to be scrutinized should be that of Enrique Peña Nieto. It was also clear how his administration facilitated drug trafficking. Although there were clashes and casualties, especially from the Army and police, Peña Nieto’s government turned a blind eye.

This is where the detention of General Cienfuegos comes into play. The U.S. had enough "evidence," or rather rumors from drug traffickers, to try to prosecute him. But someone intervened for him, and that someone was, you guessed it, Andrés Manuel López Obrador. I’m not making this up, it’s in the official documents: U.S. prosecutors dropped the case due to foreign policy concerns, and Cienfuegos was returned to Mexico with honors.

So, what follows in this logic? Well, now it's López Obrador's administration. Unlike his predecessors, this president has left a trail of evidence that shows his government allowed the cartels to grow. His "hugs, not bullets" policy has contributed to the fentanyl flood in the U.S., a crisis still claiming lives.

But, let’s be clear: in García Luna's case, during Calderón's administration, he was convicted solely on the testimonies of drug traffickers, without concrete evidence. The supposed millions of dollars he allegedly received never surfaced. Nor were the allegations made by López Obrador's administration, about the 700 million pesos García Luna supposedly diverted, ever proven.

We could have learned a lot from the Cienfuegos case, but those were also just drug trafficker rumors. There was no solid evidence, yet they almost convicted him. He was saved thanks to López Obrador’s intervention with Donald Trump.

Now, the next in line is Andrés Manuel López Obrador. Unlike the previous presidents, he has left clear evidence: the greeting to El Chapo’s mother, Ovidio’s release, the "hugs, not bullets" policy, and other actions he himself has acknowledged.

Let’s not forget the statement from the protected witness revealed by journalist Tim Golden, a Pulitzer Prize winner, not just any person. Also, the interview with the leader of the Ardillos Cartel, who openly stated, "We grew under López Obrador." And, of course, the famous letter from "El Mayo" Zambada, in which he says the Morena administration was in total agreement with the drug trade.

For less than that, García Luna was convicted, and Cienfuegos was almost prosecuted. The U.S. agenda is clear: they are closely following Mexico’s narco-soap opera. The García Luna show is over, and now comes the show of Andrés Manuel López Obrador’s administration, brought to you by our "producer and director," Ismael "El Mayo" Zambada.

The reality is that business leaders played the president Claudia Sheinbaum for a fool, and she played along. It’s not that she didn’t realize it, but she acted accordingly. And we have to admit: she was the only one who pointed out the elephant in the room, which is the issue of judicial reform, in this meeting with the most important CEOs. This topic has fascinated the "chairos" (left-wing enthusiasts) like mad beggars, believing the lie about the $20 billion in investment.

Now it’s time to set the record straight. What really happened at this meeting is that the CEOs announced investments of 20 billion pesos, and everyone was like, "Oh... what great news!" But let me tell you, my friends, most of that investment had already been announced back in 2023.

Once again, they didn’t just fool the president but also the Mexican people. The biggest project in this investment package is the gas pipeline and liquefied gas plant that the company Mexico Pacific is developing. This pipeline runs from Texas to Puerto Libertad in Sonora, and it represents an investment of approximately $15 billion.

This project is essentially the entire investment package, and although it’s good that it’s being reaffirmed, let me tell you that, so far, do you know how much of those $15 billion has been invested? Zero! Not a single cent has been invested since it was announced in 2023.

Another project that was reaffirmed, according to my notes, is the joint venture with Pemex for more than $10 billion with the Australian company Woodside Energy to develop a deepwater field, also announced back in 2023. Do you know how much has been invested from those $10 billion? Zero!

The same thing happens with another project also announced in 2023: Amazon Web Services in Querétaro, with an estimated investment of $6 billion to build a large data center. Again, it’s good that it’s reaffirmed, but do you know how much of that has been invested? Zero!

The only new thing in this entire investment package is Royal Caribbean’s investment in Mahahual, Quintana Roo. Supposedly, they’re going to invest $1.5 billion in a tourist development for the passengers of their cruises, with world-class amenities.

Unfortunately, the "chairos," "solovinos" (blind followers), and the "cuatroteros" (supporters of the Fourth Transformation) celebrated as if those $20 billion were already in the bag, but none of the investments announced in 2023 have materialized. The same thing happened to Samuelito, the governor of Nuevo León, when Elon Musk promised him a huge investment with the Tesla plant. Just like with the president, they fooled him, but Samuel made the mistake of taking it for granted, which has led to political consequences.

In short, there’s nothing, zero. That money isn’t in our hands yet, and what happened in Nuevo León with Tesla is proof that everything is still very uncertain. Business leaders are good at making promises, but when it comes to action, things are very, very different.

So let’s take it easy. To my "chairo" friends, who’ve been nagging with comments like "we already have $20 billion, and you don’t talk about it," I say: we need to be careful with business leaders and tread carefully when making these kinds of announcements.

Finally, it’s not that we wish bad things for Mexico. On the contrary, it’s great that Claudia Sheinbaum is talking to the CEOs, unlike López Obrador! That’s something to celebrate, and hopefully, the investments will keep coming because it’s the only way to ensure there’s money flowing. If we continue to rely on the government to drive growth, we’re in trouble.

Remember, López Obrador left the treasury empty and a huge deficit. So, let’s stay calm. That money isn’t here yet, and frankly, it looks very difficult for business leaders to keep their word, especially with such a complicated U.S. election just around the corner.

La realidad es que los empresarios le jugaron el dedo en la boca a la presidenta Claudia Sheinbaum, y ella se prestó al juego.

No es que no se haya dado cuenta, sino que también actuó a la altura. Y hay que reconocerlo: fue la única que mencionó el elefante en la sala, que es el tema de la reforma judicial, en esta reunión con los CEOs más importantes. Este tema ha fascinado a los chairos como si fueran mendigos locos creyendo en la mentira de los 20 mil millones de dólares en inversión.

Ahora es momento de poner los puntos sobre las íes. Lo que realmente ocurrió en esta reunión fue que los CEOs anunciaron inversiones por 20 mil millones de pesos, y todo el mundo: "¡Ay, qué gran noticia!". Pero, mis queridos, debo decirles que la mayor parte de esa inversión ¡ya había sido anunciada desde 2023!.

Una vez más, no solo le jugaron el dedo en la boca a la presidenta, sino también a los propios mexicanos. El proyecto más grande de todos es el del gasoducto y la planta de licuefacción de gas que desarrolla la empresa México Pacific desde Texas hasta Puerto Libertad, en Sonora, y representa una inversión de aproximadamente 15 mil millones de dólares.

Este proyecto es prácticamente todo el paquete de inversión, y aunque es positivo que se ratifique, ¿sabe cuánto de esos 15 mil millones de dólares se ha invertido? ¡Cero! Ni un solo centavo desde que se anunció en 2023.

Otro proyecto que se ratificó fue la coinversión con Pemex por más de 10 mil millones de dólares con la empresa australiana Woodside Energy para desarrollar un campo en aguas profundas, también anunciado en 2023. ¿Sabe cuánto se ha invertido de esos 10 mil millones de dólares? ¡Cero!

Lo mismo ocurre con otro proyecto anunciado en 2023, el de Amazon Web Services en Querétaro, con una inversión de 6 mil millones de dólares para construir un centro de datos. De nuevo, ¡qué bueno que se ratifique! Pero, ¿sabe cuánto se ha invertido de esa cantidad? ¡Cero!

La única novedad en todo este paquete de inversiones es Royal Caribbean, en Mahahual, Quintana Roo. Supuestamente va a invertir 1,500 millones de dólares en un desarrollo turístico para los pasajeros de sus cruceros, con amenidades de primer mundo, pero, nuevamente, promesa de inversión.

Evidentemente, los empresarios son astutos. Tienen dinero porque son inteligentes y no se andan con rodeos cuando se trata de invertir o negociar.

Lamentablemente, los chairos, solovinos y cuatroteros lo celebraron como si esos 20 mil millones de dólares ya estuvieran en la bolsa.

Lo mismo le pasó a Samuelito, el gobernador de Nuevo León, cuando Elon Musk le prometió una gran inversión con la planta de Tesla. Al igual que a la presidenta, le jugaron el dedo en la boca, pero Samuel cometió el craso error de darlo por hecho, lo que le ha traído consecuencias políticas.

Dependiendo de quién gane, los empresarios decidirán si invierten o no.

Si es Kamala Harris podría dar continuidad al apoyo para el nearshoring, que es la apuesta de México. Pero si Donald Trump es elegido, esperarán a ver qué de sus promesas se cumplen, especialmente en el sector automotriz, donde ha anunciado medidas draconianas y una dura renegociación del T-MEC en 2026.

Hasta entonces, los empresarios podrían tener una mejor idea de si hay apoyo para las inversiones fuera de Estados Unidos.

En resumen, hay nada, cero.

Eso sí, ¡qué bueno que Claudia Sheinbaum esté dialogando con los CEOs, a diferencia de López Obrador! Eso se celebra, y ojalá que las inversiones sigan fluyendo, porque es la única forma en la que habrá dinero en movimiento. Si seguimos dependiendo del gobierno para el crecimiento, estamos en problemas.

Recuerden que López Obrador dejó las arcas vacías y un déficit enorme. Así que, tranquilos, ese dinero ni siquiera existe y, francamente, se ve muy difícil que los empresarios cumplan con sus promesas con una elección tan complicada en Estados Unidos a la vuelta de la esquina.

We have focused so much on debating whether the Judicial Reform will be approved or not, the lottery, the shame, and other absurdities, that we have forgotten to reflect on the practical implications of an electoral campaign for judges and magistrates.

Let’s start with a fundamental principle: if popular elections guaranteed the absence of corruption, how do we explain the tragic garbage of politicians who are now and always have been members of congress, mayors, senators, governors, and even Presidents of the Republic? If the "wise people" that Morena appeals to are infallible, why is this mechanism such a disaster for Mexico?

The same scenario would be replicated in the judicial realm. Imagine having a ballot with hundreds of names of people you don’t even know. This topic raises a crucial question: what would a judicial campaign look like? It is important to point out that these campaigns would not differ much from current political campaigns, at least in terms of how they are financed.

Technically, it’s not a political campaign but a judicial one, and the financing would follow the same pattern. We know well that judges won’t rely solely on their own resources. Like politicians, they will receive financial support from acquaintances, friends, and people with vested interests in them getting the position.

The logic is the same: what could a judge promise to someone financing them? Just like politicians, who lie and sell empty promises to voters, they must fulfill their promises to those who finance their campaigns. These financiers are often powerful, resourceful individuals, not always involved in decent activities. If a politician can offer contracts and benefits to their sponsors, what do you think a judge or magistrate candidate would offer? The answer is simple: impunity.

A judge could offer favors, benefits, and turning a blind eye to the law.

What could a magistrate candidate promise?

To bend the law to favor those who financially supported them.

And who would those financiers be?

They won’t be ordinary people like the ice cream seller, butcher, or journalist. They will be businessmen and, in the worst cases, drug traffickers and criminals, who are the ones who would truly benefit from having a judge or magistrate in their pocket. And unfortunately, they have the resources to do so.

The image of the lottery, which destroyed so many judicial careers, is just a preview of what awaits us in the administration of justice. The highest bidder will reap the benefits of the new judges and magistrates.

Once the judge or magistrate has won their position, how will they repay those who financed their campaign? I address Morena's followers: how do you think those who fund these judicial campaigns will benefit? Few have reflected on this aspect, but it’s clear that judicial campaigns are designed to confuse and discourage citizen participation. This process is tailor-made for those promoting it, because they are the only ones who understand it.

Currently, neither lawyers nor legal experts know how to deal with this system. The main beneficiaries will be those who push it forward, because they are the only ones who know how to take advantage of it. Part of this advantage lies in the selection process for judges and magistrates.

It’s easy to understand that this abuse of power by Morena isn’t a simple cleaning of the judicial system, but a demolition. In theory, it was supposed to clean from top to bottom, but in reality, they are sweeping everything away, and the main victims will be the citizens.

Meanwhile, the big beneficiaries will be the members of Morena, the drug traffickers, and the businessmen who, with cash in hand, will finance these judges and magistrates, ensuring all the benefits of a chaotic system promoted by the unmentionable Andrés Manuel López Obrador, and sadly perpetuated by Claudia Sheinbaum.

Nos hemos enfocado tanto en discutir si la Reforma Judicial se aprueba o no, si la tómbola, si la vergüenza y otras linduras, que hemos olvidado reflexionar sobre los alcances prácticos de una campaña electoral para jueces y magistrados.

Partamos de un principio fundamental: si las elecciones populares garantizaran la ausencia de corrupción, ¿cómo explicamos la presencia de la trágica basura de políticos que están ahora y siempre como diputados, presidentes municipales, senadores, gobernadores y hasta Presidentes de la República? Si el "pueblo sabio" al que apela Morena es infalible, ¿por qué este mecanismo es un desastre?

El mismo escenario se replicaría en el ámbito judicial. Imagine tener una boleta con cientos de nombres de personas que ni siquiera conoce. Este tema plantea una pregunta crucial: ¿cómo sería una campaña judicial? Es importante señalar que estas campañas no diferirían mucho de las campañas políticas actuales, al menos en cuanto a la manera en que se financian.

Técnicamente no es una campaña política, sino judicial, y el financiamiento seguiría el mismo patrón. Sabemos bien que los jueces no dependerán solo de sus propios recursos. Al igual que los políticos, recibirán apoyo financiero de conocidos, amigos y personas con intereses en que lleguen al puesto.

La lógica es la misma: ¿qué podría prometer un juez a quien lo financie? Al igual que los políticos, que mienten y venden promesas vacías a los votantes, a quienes financian sus campañas sí deben cumplirles. Estos financiadores suelen ser personas con poder y recursos, y no siempre involucradas en actividades decentes. Si un político puede ofrecer contratos y beneficios a sus patrocinadores, ¿qué cree que ofrecería un juez o un aspirante a magistrado? La respuesta es sencilla: impunidad.

Un juez podría ofrecer favores, beneficios y pasar por alto la ley.

¿Qué puede prometer un aspirante a magistrado?

Torcer la ley para favorecer a quienes lo apoyaron financieramente.

¿Y quiénes serían esos financiadores?

No serán personas comunes como el paletero, el carnicero o el periodista. Serán empresarios y, en el peor de los casos, narcotraficantes y criminales, que son quienes realmente se beneficiarían de tener un juez o magistrado a modo. Y lamentablemente, tienen los recursos para hacerlo.

Los seguidores de Morena podrán decir lo que quieran, pero es falso que este proceso limpiará el Poder Judicial. ¿Qué pueden ofrecer los aspirantes a jueces o magistrados en campaña, qué tipo de promesas pueden hacer al electorado para que prefieran a uno sobre otro?

Una vez que el juez o magistrado haya ganado su puesto, ¿cómo devolverá los favores a quienes financiaron su campaña? Me dirijo a los seguidores de Morena: ¿cómo creen que se beneficiarán los que aporten dinero a estas campañas judiciales? Pocas personas han reflexionado sobre este aspecto, pero es evidente que las campañas judiciales están diseñadas para confundir y desalentar la participación ciudadana. Este proceso está hecho a la medida de quienes lo promueven, porque son los únicos que lo entienden.

Actualmente, ni los abogados ni los jurisperitos saben cómo enfrentarse a este sistema. Los principales beneficiarios serán aquellos que lo impulsan, porque son los únicos que saben cómo aprovecharlo. Parte de esa ventaja radica en el proceso de selección de los jueces y magistrados.

Es fácil entender que este abuso de poder por parte de Morena no es una simple limpieza del sistema judicial, sino una demolición. En teoría, se trataba de limpiar de arriba hacia abajo, pero en realidad están arrasando con todo, y los principales perjudicados serán los ciudadanos.

Mientras tanto, los grandes beneficiarios serán los morenistas, los narcotraficantes y los empresarios que, billete en mano, financiarán a estos jueces y magistrados, asegurándose todos los beneficios de un sistema caótico promovido por el innombrable Andrés Manuel López Obrador, y perpetuado lastimosamente por Claudia Sheinbaum.

Nobody in the world wants to see a Tequila Effect again—except Morena.

It seems that Claudia Sheinbaum is steering Mexico towards a new global economic crisis with their modifications to the Constitution regarding the judiciary.

In 1994, the world witnessed the Tequila Effect—domestically, we called it "the December mistake." We must remember that in that year, Ernesto Zedillo inherited a country with an economy hanging by a thread, and he made the mistake of warning investors and businesses that the currency would be devalued. This warning worsened the situation. Additionally, the dollar was floated, meaning it was no longer controlled against the peso. This triggered chaos with well-known consequences.

There are significant differences between the current situation and 1994, as back then, Mexico had no reserves and was practically without funds, exacerbating the crisis. Today, Mexico has reserves, which offers some reassurance, but there are still worrying signs.

Despite these reserves, many around the world are alarmed by the situation in Mexico, which appears to be taking a risky path in the consolidation of power. U.S. Trade Representative Katherine Tai has already expressed concern about the reforms, diplomatically stating that they raise many questions about the U.S.-Mexico relationship.

Tai also mentioned that this reform is one of the key issues guiding Washington’s policy towards the administration of Claudia Sheinbaum.

Furthermore, several U.S. officials and business leaders have warned that the reform is eroding the checks and balances on the ruling party's power and putting the rule of law at risk.

Ambassador Ken Salazar has essentially been sent to wait his turn at Mexico’s Foreign Ministry for consultations. While it was proper for Mexico to instruct the ambassador to follow protocol, the mistake was making it public, which ridicules the U.S. government, something that country detests on the international stage. Meanwhile, experts point out that politicizing the judiciary, subjecting judges to political pressure or influence from interest groups, severely weakens the rule of law in Mexico.

Such pressures can lead judges to issue rulings in favor of those who elected them, instead of applying the law impartially. Typically, those with the economic power to influence these decisions are drug traffickers and businesspeople. So, that populist argument that "there will no longer be corruption" is a ridiculous fallacy. In reality, a politicized judiciary will also discourage foreign investment, as businesses will fear their rights won’t be protected.

It’s logical. If a company invests in Mexico and faces a conflict with the government, and judges side with the state, the investment is at risk. This could lead many to avoid investing in a country where they could lose their capital.

This situation will also affect the already precarious quality of the judicial system. Disregarding the experience of trained judges will dissuade young people from pursuing a judicial career. All of this is creating fear in the international community that a Tequila Effect could be repeated, undermining confidence in the country and damaging Mexico's credit rating, which would make international loans even more expensive—aggravating the deficit, which is already at 6% of GDP. It’s worth noting that during the Tequila Effect, the deficit rose to 7%.

It is alarming that, 30 years later, we are making the same mistakes that led to the 1994 crisis. Today, it seems we’ve learned nothing, and we are heading toward another economic crisis.

What’s most worrying is that while some celebrate these changes, the ones who will bear the consequences will not be the wealthy or the government, but the workers and the middle class. The international community is concerned because a new Tequila Effect would have disastrous consequences, not only for Mexico but also for the global economy, which is still in a post-pandemic situation.

Nadie en el mundo quiere volver a ver un efecto Tequila, excepto Morena.

Parece que Morena, en particular Claudia Sheinbaum, están encaminando a México hacia una nueva crisis económica global con las modificaciones a la Constitución en materia de impartición de justicia.

En 1994, el mundo conoció el efecto Tequila -a nivel doméstico lo llamamos "el error de diciembre"-. Hay que recordar que en ese año, Ernesto Zedillo recibió un país con la economía colgando de un hilo, y cometió el error de anunciar a los inversionistas y empresarios que se devaluaría la moneda. Esa advertencia empeoró la situación. Además, el dólar fue liberado, es decir, comenzó a flotar libremente, dejando de estar controlado frente al peso. Ahí se desató un caos cuyas consecuencias son bien conocidas.

Hay importantes diferencias con la situación actual, pues en aquel entonces México no tenía reservas, quedándose prácticamente sin fondos, lo cual agravó la crisis. Ahora, México cuenta con reservas, lo que ofrece cierta tranquilidad, pero no deja de haber señales preocupantes.

Y es que a pesar de las reservas, muchos en el mundo están alarmados por la situación en México, que parece estar tomando un rumbo arriesgado en la consolidación del poder. La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, ya ha expresado su inquietud sobre las reformas, manifestando diplomáticamente que estas generan muchas preguntas sobre la relación entre México y Estados Unidos.

Tai también comentó que la reforma es uno de los temas que guían la política de Washington hacia la administración de Claudia Sheinbaum.

Por cierto, ¿ha escuchado usted si Washington ha respondido la pregunta de López Obrador a Sheinbaum sobre el tema de Mayo Zambada? Nada...

Además, varios funcionarios y empresarios estadounidenses han advertido que la reforma está erosionando los contrapesos al poder del partido gobernante y pone en riesgo el Estado de derecho.

El embajador Ken Salazar ha sido prácticamente enviado a esperar turno en la Cancillería mexicana para consultas. Aunque fue correcto que México le indicara al embajador que siguiera el protocolo, el error fue hacerlo público, lo cual ridiculiza al gobierno de Estados Unidos, algo que ese país detesta en la arena internacional. Mientras tanto, expertos señalan que politizar el sistema judicial, sometiendo a los jueces a presiones políticas o a la influencia de grupos de interés, debilita gravemente el Estado de derecho mexicano.

Este tipo de presiones puede llevar a que los jueces dicten sentencias favoreciendo a quienes los eligieron, en lugar de aplicar la ley de manera imparcial. Y, por lo general, quienes tienen el poder económico para influir en estas decisiones son los narcotraficantes y los empresarios. Así que ese argumento populista de que "ahora ya no habrá corrupción" es una falacia ridícula. La realidad es que un sistema judicial politizado también desincentivará la inversión extranjera, ya que las empresas temerán que sus derechos no estén protegidos.

Es lógico. Si una empresa invierte en México y se enfrenta a un conflicto con el gobierno, y los jueces deciden a favor del Estado, la inversión corre peligro. Esto podría llevar a que muchos prefieran no invertir en un país donde podrían perder su capital.

Hoy podríamos estar a las puertas de una crisis similar.

Es alarmante que, 30 años después, estemos cometiendo errores similares a los que provocaron la crisis de 1994. Hoy, parece que no hemos aprendido nada, y estamos en camino a una nueva crisis económica.

Lo más preocupante es que, mientras algunos festejan estos cambios, quienes pagarán las consecuencias no serán los ricos ni el gobierno, sino los trabajadores y la clase media. La comunidad internacional está preocupada, ya que un nuevo efecto Tequila tendría consecuencias desastrosas, no solo para México, sino también para la economía global, que aún está en una situación post pandemia.