Cerca de 437 mil trabajadores dependientes accedieron durante los últimos meses a bonos para la protección de los ingresos de la clase media, destinados para amortiguar los efectos de la pandemia.

En agosto pasado la Contraloría inició una auditoria destinada determinar si esos dineros fueron destinados a personas que realmente lo necesitaban, pues se detectó que empleados de todas las áreas del servicio público se hicieron con estos bonos.

Acorde a las declaraciones del Contralor, la idea es revisar caso a caso la pertinencia de los bonos solicitados, pues no todos estarían en la misma situación, y no todos serían delincuentes que quisieron estafar al estado... pero eso deja la puerta abierta para determinar si efectivamente hay empleados públicos que actuaron con la intención de, simplemente, defraudar al estado.