A comienzos de este mes, el domingo 3 de julio, la Armada Nacional interceptó a un barco pesquero chino que navegaba en la zona económica exclusiva de Uruguay.
El episodio disparó algunas alarmas ya que durante tres semanas estuvo en duda si se trataba o no de un caso de pesca ilegal, un delito que está generando perjuicios económicos y ambientales en el Atlántico Sur.
El caso fue remitido a la justicia penal. Pero este martes fue archivado por la fiscal Silvia Naupp.
La fiscal basó su decisión en un informe de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), organismo competente en estos casos, que “afirma que no puede concluir que existió pesca ilegal en aguas territoriales uruguayas”.
Además, la fiscal Naupp descartó que hubiese existido desacato de la tripulación china, que no detuvo el barco cuando un buque de la Armada le dio la orden por primera vez. Según la fiscal, la nave china siguió su marcha por problemas de comprensión del idioma.
Luego de conocida la noticia, la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros emitió un comunicado en el que denuncia varias irregularidades de la Armada en el procedimiento. En el texto se afirma que la gremial “trabaja prestando servicios a pesqueros extranjeros, cumpliendo con todas las exigencias y controles de múltiples dependencias públicas”.
“Suscribimos los objetivos de combate a la pesca ilegal, no documentada y no regulada y reiteramos que la mejor forma de alcanzarlos es promover la operativa de estos buques en nuestro puerto, lo que además genera miles de empleos de mano de obra uruguaya y divisas por concepto de servicios y suministros”, asegura la Cámara.
Vamos a profundizar en estos argumentos y en el tema de la pesca ilegal que ha estado en discusión en estos días.
Conversamos En Perspectiva con Aldo Braida, presidente de la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros.