El gobierno presentó este mes su plan de inversión en infraestructura vial.
El anuncio era muy esperado, por varias razones. Porque para la competitividad del país es importante desarrollar y mantener la red de rutas nacionales. Por el impacto que la obra pública tiene en la economía y el empleo, golpeados durante la pandemia. Y también porque, luego de dos años de trabajo, se darían a conocer los nuevos contratos público-privados que, según las autoridades, permiten acelerar este tipo de trabajos.
El ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que durante todo el período de gobierno se invertirá US$ 3.500 millones, ejecutando obras en 81,1% del total de las rutas del país. Por eso el nuevo plan de obras en rutas nacionales fue definido por el Poder Ejecutivo como “el mayor de los últimos tiempos”.
Los trabajos implican el mantenimiento de 4.440 kilómetros de rutas, el cambio de estándar en el pavimento de 2.610 kilómetros (pasando de bitumen a mezcla asfáltica o a hormigón) y obras nuevas en 642 kilómetros. Además se construye 227 puentes nuevos, 100 nuevas rotondas y 10 nuevos intercambiadores.
En el acto de lanzamiento se puso énfasis en los nuevos Contratos de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiación (Cremaf), un mecanismo de concesión a privados que según el director de la OPP, Isaac Alfie, es más ágil y menos costoso para el Estado que los contratos de Participación Público Privados (PPP) implementados durante las administraciones anteriores.
Vamos a profundizar en este plan, su alcance y su financiamiento.
Conversamos En Perspectiva con José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas.