Irma Hernández Cruz fue una maestra jubilada de 62 años, se ganaba la vida como taxista en Álamo, Veracruz porque su pensión apenas le alcanzaba para sobrevivir. El 18 de julio fue secuestrada, obligada a grabar un video arrodillada y esposada, amenazando a otros taxistas para que pagaran la extorsión. Seis días después apareció muerta con múltiples lesiones.

Las autoridades primero dijeron que murió de un infarto, minimizando el hecho, pero la necropsia confirmó que fue violentada antes de la muerte. El caso expuso la impunidad y colusión de policías con el crimen organizado, que controla el norte de Veracruz y cobra “derecho de piso” a taxistas, comerciantes y transportistas.

En México, el 90% de homicidios no se resuelve y solo el 2% de denuncias de extorsión llega a condena. Irma es símbolo de la violencia contra personas mayores, de la precariedad de los jubilados y de un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos.

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