La Justicia empieza a dar la razón a los afectados por los ‘avales trampa’ de Pedro Sánchez.

El Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid ha estimado parcialmente la demanda presentada contra Unicaja por los fiadores de dos préstamos ICO-COVID de 18.000 y 14.000 euros.

La sentencia considera probado que los empresarios confiaron en la información difundida por las instituciones durante la pandemia, que aseguraba que el Estado avalaría el 80 % de los préstamos.

Durante la crisis sanitaria se aprobaron más de 1,1 millones de operaciones ICO-COVID por un importe superior a 140.000 millones de euros.

En total, las líneas movilizaron más de 200.000 millones entre préstamos y garantías, con una cobertura estatal del 80 %.

Esto podría obligar al Estado a asumir hasta 160.000 millones de euros en caso de impago generalizado.