La Fiscalía General del Estado reconoce serias dificultades para materializar las expulsiones de inmigrantes que cometen delitos, según un informe consultado por LA GACETA. En 2024 solo se solicitaron 294 internamientos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), registrándose apenas 156 solicitudes efectivas, lo que equivale al 0,5% de las entradas ilegales detectadas durante el año.

La cifra refleja una evidente falta de voluntad del Gobierno para ejecutar expulsiones de manera efectiva, según denuncia la Fiscalía. Los centros destinados a preparar la expulsión administrativa de inmigrantes en situación irregular muestran un funcionamiento residual que no responde a la magnitud del problema migratorio que enfrenta España.

El informe subraya que el internamiento en CIE no se aplica de forma generalizada a todos los inmigrantes en situación ilegal, sino que se ha convertido en una medida excepcional. Esta limitación se circunscribe principalmente a aquellos con procesos penales abiertos, evidenciando la ineficacia del sistema de control migratorio español.

Deficiencias en expulsiones penales

La Fiscalía alerta de graves deficiencias en el sistema de expulsiones sustitutivas en el ámbito penal. Estas medidas deberían aplicarse a extranjeros condenados por delitos en España como alternativa a la prisión, independientemente de si entraron legal o ilegalmente al país, pero el mecanismo presenta trabas que lo vuelven inoperante.

Los fiscales denuncian un sistema plagado de obstáculos burocráticos que favorece la impunidad y dificulta el control migratorio efectivo. La Fiscalía evidencia cómo estas deficiencias estructurales impiden que las expulsiones se materialicen, generando un mensaje de permisividad hacia la inmigración irregular y la delincuencia extranjera.

Este reconocimiento oficial de la Fiscalía confirma lo que organizaciones y ciudadanos denuncian desde hace años: la incapacidad del Estado para hacer cumplir las órdenes de expulsión. El informe revela una crisis del sistema que compromete tanto la seguridad ciudadana como la soberanía nacional en materia migratoria.