Ecuador ha vivido durante estos años claros rasgos de ruptura del pacto democrático: institucionalidad puesta a dedo, represión a la movilización social y aplicación selectiva de la justicia como algunos rasgos. En estas semanas la vocación autoritaria de la derecha ecuatoriana se muestra en sus intentos de eliminar binomios de la carrera electoral y violentar el derecho al voto a punta de oscuros alegatos jurídicos. No sólo corren peligro la inscripción del binomio Arauz-Rabascal y la candidatura de Pérez Guartambel por PK, sino que los principios básicos de la democracia están en la mira.

La democracia es “el imperio de la ley” alegan algunos, haciendo referencia a supuestas irregularidades cometidas previo a la inscripción de ambos binomios, para justificar su exclusión de la papeleta. Se trata de disputas sobre la letra chica de determinados reglamentos que, como siempre, están sujetos a interpretación. Por lo cual, a nivel jurídico, se pueden manufacturar argumentos a favor y en contra. Sin embargo, esta situación parece haber “superado la legalidad”. Quienes se aferran a ello, están golpeando el pacto democrático en su contenido fundamental: la vigencia de la soberanía popular y la garantía de derechos de participación en la lucha por el poder público.

Si se proscribe directamente a la oposición se licúa lo poco que queda de democracia. Decimos poco, porque la violencia parece ser el modus operandi del régimen: Consulta, Octubre, ajuste inconsulto, represión y sistemática persecución, así lo demuestra. Y decimos régimen porque no parece ser sólo obra del Poder Ejecutivo: el CNE, parte del poder judicial, Contraloría, Fiscalía, la gran prensa, supuestos liberales, la banca, Almagro y sus amigos hemisféricos, parecen alinearse en este avasallamiento sistemático de las opciones populares.

El violento despojo del derecho a la política en general, y del voto en particular, solo puede traducirse en más violencia. Así lo muestra la historia, pues en toda Nación las partes acuerdan no usar la fuerza mientras sus intereses en disputas se procesen por vías institucionales sujetas al derecho. El camino que las élites han tomado hasta ahora, parece llevarnos a un Estado de naturaleza, en el que la fuerza, y no la razón, guía la relación entre los adversarios.

Ante esto, ¿cuáles son los recursos de un pueblo que ya está sometido económicamente y a quién ahora pretenden excluir de la participación política? ¿Qué nos garantiza que incluso si las elites permiten la inscripción de todos los binomios en este punto, no atentarán contra los resultados electorales más adelante?  ¿Vamos camino hacia una espiral de violencia autoritaria en Ecuador y la región? De esto y más charlamos hoy en Frente Radiosa. Bienvenidos.

Charlamos con Xavier Lasso, Luciana Cadahia y Decio Machado.

Charlamos con Andrés Chiriboga, Silvia Álvarez y Gonzalo Criollo.

Mientras la población vive cada vez más en condiciones de vulnerabilidad, el gobierno de Moreno ha motivado un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Con transferencias condicionadas a profundizar la agenda de austeridad y supresión de derechos, el pacto de élites busca prolongarse la mayor cantidad de tiempo posible a 9 meses de su salida del poder -de ser el caso-. Para ello, instrumentalizan la crisis sanitaria y la adosan a la crisis inducida: con la pandemia y la represión sostienen el ajuste.

Las movilizaciones de esta semana demostraron la posición del pueblo que exige el pago de salarios a sus docentes, médicos y servidores públicos; la represión de Romo, su respuesta: el gobierno y el ajuste no darán un paso atrás.

Lejos de esperar una reactivación económica, los préstamos del FMI en manos de las élites se han utilizado para “financiar el desfinanciamiento”. Es decir, se cubrirán las remisiones tributarias, la fuga de capitales y el pago a los acreedores, en detrimento de las economías familiares. De ahí que Martínez, en la renegociación de hace unos meses, ofreció en garantía la soberanía de una nueva Banana Republic.

El escenario electoral se decanta a la par y pone en nítida disputa cuál será el manejo económico por venir. Bajo el programa de gobierno actual que apuesta por la reelección de la mano del candidato de la banca, la cuestión parece cantada. Del lado de las candidaturas que se han manifestado en oposición al acuerdo, a punto de cumplir un año del cada vez más difuso octubre y en medio del peor despojo que el pueblo ecuatoriano ha sufrido, ¿es posible pensar en una nueva agenda económica que rescate la soberanía y la redistribución? ¿Es necesario hablarle al FMI? ¿Para decirle qué? ¿Hasta qué punto las necesidades de liquidez condicionan a la Nación? ¿La vía argentina es opción para la economía ecuatoriana? ¿Cómo frenar el despojo?

El dinero ¿a los bolsillos de la gente o de los acreedores/élites? De esto y más charlamos esta tarde en Frente Radiosa.

Charlamos con Virgilio Hernández, María del Mar Gallegos y Rodrigo Iturriza.

Charlamos con Paulina Recalde, Rafael Quintero y Amanda Hidalgo.

Charlamos con Omar Simon, Carlos Aguinaga y Juan Álvarez.

Con cada vez menos tiempo en el reloj electoral se avecinan las elecciones generales de febrero de 2021. No obstante de ello, al proceso que lleva al pueblo a las urnas  se lo ha tratado como un objetivo de interés supremo para quienes han conseguido por la ventana lo que las propias papeletas no lo han otorgado. ¿Qué tienen en común la sostenida voluntad transitoria de proscribir al actor hegemónico durante la última década; el grito desesperado por un sistema “más equilibrado” de distribución del poder que llevaría al rediseño electoral o el desaire que parte de las propias autoridades electorales junto con el ejecutivo hacen a las elecciones venideras? ¿son asuntos aislados o hay un temor común subyacente por lo que el soberano pueda elegir? 

El régimen actual ha mostrado una especial y recurrente afición para operar sobre los escenarios electorales desde la excepcionalidad y la arbitrariedad. Así mismo, su viraje significó también la confluencia de todos los poderes formales y fácticos para con vértigo y atropello trastocar la estructura del Estado y convertirla en transitoria y funcional a los intereses del bloque de poder reconstruido. Esto supondría el control y garantizaría la continuidad de ese bloque que, bajo la promesa de “recuperar la democracia”, emprendería la reforma a su código y a varios reglamentos que rigen los procesos electorales.

Toda ingeniería electoral cristaliza una forma específica de traducir votos en reparto de poder político instituido, por tanto, toda reforma muestra el tipo de poder que quiere quien la promueve: el cambio en la asignación de escaños o las listas cerradas asegurarían, para los promotores de la reforma electoral, consolidar un sistema de partidos y diversificar su representación parlamentaria. Así las cosas, ante un posible traspié electoral y con una aceitada experiencia en forjar mayorías a fuerza de amenazas y repartos, los poderes fácticos se reservarían para sí la capacidad de condicionar la gobernabilidad desde el legislativo a partir de 2021. 

No contaban con que la política y, aunque acotados, varios niveles de organización y movilización perdurarían y resistirían. Hoy con notables signos de desgaste de los voceros oficiales, de las políticas antipopulares adoptadas y de la desconfianza en el sistema advierten que el poder estaría en riesgo. Las reglas hechas a la medida no resultaron suficientes y la confluencia de poderes ha vuelto a escena, esta vez para advertir sobre fallas en el sistema informático, riesgo de dinero ilícito en las campañas e incluso para la salud. Mientras abren cines, montan teatros para desincentivar la participación del pueblo en el febrero venidero.

En definitiva, ¿estamos en condiciones de decir que ya no solo se busca vulnerar a una fuerza en particular, sino a la política en cuanto tal? En caso de que esto sea así, ¿cómo es que el bloque de poder advierte que no podrá imponerse ni siquiera bajo sus términos? Si las élites no quieren arriesgar en los votos lo que capturaron de hecho, ¿cuál es el rol de las fuerzas democráticas del país durante el proceso electoral y luego del mismo? 

De esto y más hablaremos hoy en Frente Radiosa.

Después de tres años de habitar casi en solitario la oposición al régimen, de vivir demandas, juicios, encarcelamientos, exilios y proscripción la RC sigue en carrera. Esta semana la Unión por la Esperan-za anunció su binomio presidencial y las listas para la Asamblea Nacional. Tomando a muchos por sorpresa, la organización parece apostar por la renovación desde adentro. La designación de Andrés Arauz como candidato presidencial así lo sugiere. Aún resta por develar quién completará el binomio pero el gesto de inscripción de Rafael Correa lo reivindica como el líder natural.

Pero ¿qué significa la designación de Andrés Arauz como candidato a la presidencia? Estamos frente a un cuadro formado al calor de la RC que a priori no presenta resistencias y que además parece re-conectar con las energías utópicas de este proyecto. Se trata de un actor que no solo ha sostenido una crítica frontal contra el festín de las elites financieras en torno al ajuste y la pandemia, sino que ha tenido la capacidad de evidenciar que otros caminos, distintos al abismo neoliberal, son posibles. De tal forma, su candidatura presenta una alternativa concreta a la grave crisis económica y social que atraviesa el país. ¿Pero será esto suficiente para tender puentes, construir acuerdos electorales, políticos e imponerse en las urnas? ¿Cómo y por dónde puede crecer este binomio para seducir al voto blando que reniega del actual régimen, pero que todavía no ha definido su opción electoral? ¿Qué tanto margen de maniobra tienen con y más allá del líder histórico de este proyecto?

Por su parte, desde su anuncio, las listas a la Asamblea Nacional han estado sujetas a igual o aún mayor escrutinio que el binomio. ¿Están las listas a la altura de la esperanza y el revuelo de nuevas energías disparado por la frescura del “perfecto desconocido”? ¿Representan efectivamente la ampliación del proyecto de la revolución ciudadana con otros actores del campo popular? ¿Primaron la lealtad, la cuota política, la designación desde arriba, la necesidad de armonizar los membretes o los deseos de ampliar o la voluntad de las propias bases? ¿Hay diferencias entre la lista nacional y las provinciales en sus lógicas de composición?

En definitiva, la gran cuestión es si las candidaturas propuestas por la RC denotan y posibilitan amplísima representación popular, un discurso y proyecto que trasciende el de la “década ganada” y las articulaciones para resistir la embestida no solo de los contrincantes sino de grupos de poder que empiezan ya a temer su entrada a la segunda vuelta. De esto y más charlamos hoy en Frente Radiosa, bienvenidos. 

Con todas las características de un reality show, en días pasados se detuvo al ex presidente Abadalá Bucaram Ortiz. Sobre él y su familia recaen acusaciones que van desde porte ilegal de armas, asociación ilícita hasta, curiosamente, tráfico de bienes patrimoniales. A ellos se asocia, además, el ataque a varios testigos clave del caso de venta ilegal de insumos médicos de los hospitales públicos durante la crisis sanitaria en donde, de lo que se conoce, estarían involucrados funcionarios y autoridades del presente gobierno. 

Pero ¿Quiénes son los Bucaram? En los años 80 tras la muerte de Roldós Aguilera, nació el Partido Roldosista Ecuatoriano -PRE- que buscaría captar la fuerza electoral de la Concentración de Fuerzas Populares -CFP- (de patrimonio también familiar). El PRE se convertiría en el partido de Abdalá que llegaría a la presidencia en 1996 y sería destituido pocos meses después inaugurando así el carrusel de breves ocupantes de palacio con el saldo de 7 presidentes en 10 años. Haciendo de Guayaquil su reducto, de la demagogia su herramienta y de la política su botín; esta familia perdería relevancia en el plano electoral sin dejar de orbitar la política ecuatoriana y de constituirse en significante de la decadencia para ser mostrado a conveniencia por las élites. Múltiples exilios, retornos rimbombantes y, sobre todo, muchas redes de contacto e influencia han sido el sello de esta familia.    

El nuevo escándalo con derechos de televisión tiene raíces profundas con este gobierno y el olor fétido emana desde Carondelet: en 2017 Moreno recibiría personalmente a Abdalá hijo en el palacio y la tesis del “reparto” denunciada tempranamente por el correísmo cobraría cuerpo. No casualmente se tejería una extraña inmunidad para que los Bucaram, con tarima mediática asegurada, se sumen a la cruzada descorreizadora, de bypass a lo público y con ello cobre estratégica importancia su sociedad con el Morenato. Todo parecía funcionar: aún con una sola curul en la Asamblea Nacional por parte del PRE (hoy Fuerza Ecuador), la habilidad de los hoy detenidos y la perversión de los que dicen detenerlos suponía que juntos llegarían al fin del mandato de la mano sosteniendo la clientela en el legislativo y la rifa en el ejecutivo si no fuera porque toda falsa gobernabilidad tejida a fuerza y vía extorsión siempre deriva en ajuste de cuentas. Ha terminado de caer el falso revestimiento de “frontera ética” y “recuperación de las instituciones” que cubría al nuevo bloque de poder provocado con Moreno y que habilitó, entre otras cosas, la proscripción política, la captura estatal y la descomposición de la cosa pública. 

Por todo lo anterior, hay interrogantes que escapan a las luces del circo montado estos días y que buscan aclarar el alcance de la presencia y relaciones de los Bucaram con el gobierno de Moreno: ¿Qué lugar ocupan realmente en el actual bloque de poder? Si tienen tan poca representación en la Asamblea ¿por qué han sido tan influyentes para sostener al gobierno? ¿Qué hace falta por decirse de esta trama que parecería evocar la máxima marxista de que la historia se repite dos veces: primero como tragedia y luego como farsa? Para responder esto y más, ¡bievenidos a Frente Radiosa!

Charlamos con María Elsa Viteri, Andrés Arauz y Federico Zinni.

La reestructuración de la deuda ecuatoriana obtuvo la venia de los acreedores. 7 centavos menos por dólar en bonos cuyo precio real es tres veces menor.

Catalogada como un hito desde las vocerías oficiales y los medios de comunicación, el gobierno intenta justificar con esta jugada el pago de la deuda en medio de la crisis sanitaria. De ahí que, quienes otrora atacaron al endeudamiento público, hoy sean los principales defensores de las amortizaciones y la “imagen internacional” del país.

Dado que Moreno está acostumbrado a su insignificante legitimidad, no se esperaba menor celebración por haber obtenido un 97% de votos. Pero lejos de una audaz gestión, la negociación no se realizó entre distintos bandos, pues los tenedores son actores cercanos al gobierno y sus aliados. Por eso era impensable ofertar el precio real por los bonos: se debía salvar los bolsillos de quienes salvan la ilegitimidad. El interés de la Nación, olvidado.

En contraparte, la gestión argentina logró reducir en un 45% el precio de sus bonos, con casi $30.000 millones de ahorro para el país. Fernández fue claro: la vida antes que la deuda; y logró mejores condiciones con los mismos acreedores internacionales que tiene el Ecuador como Blackrock, Ashmore, Allianz, entre otros. En un largo enfrentamiento con los medios de comunicación y los acreedores del macrismo, el interés nacional predominó.

En Ecuador, ¿serán la cercanía de actores y la información privilegiada los causantes de la pobre renegociación de Moreno? Lo cierto es que, en medio de una crisis de pagos a nivel internacional, el caso ecuatoriano deja un antecedente que juega en contra de otros países cuyo interés es su población. El Gobierno de Todos los Acreedores abre cancha para profundizar el ajuste, pagar a sus aliados y, si acaso hay elecciones, continuar con su proyecto en las manos de “otto” aliado.

Más allá de la nimiedad del supuesto logro, ahora la discusión no es cuánto ni cuándo, sino quién pagará la deuda. Con miles de docentes y médicos sin sueldo, gobiernos autónomos desfinanciados y miles de despidos en el sector público, la agenda necropolítica de las élites ya anunció que el costeo de sus ganancias se da en detrimento de las clases populares. ¿O será 2021 la oportunidad para discutir la inconstitucionalidad e ilegitimidad de esta deuda? ¿Volverá un escenario como el de 2008? ¿Qué ejemplo podemos tomar de la experiencia argentina en la actualidad? De esto y más charlamos en Frente Radiosa.

El distanciamiento entre ciertos sectores de las dirigencias del MIE y la RC es ya de larga data. El periodo constituyente fue el último que los vio pensar y hacer política juntos. En la oposición a la política de ajuste y al autoritarismo gobernante se encontraron apenas, hace menos de un año, cuando el MIE abandonó las filas del gobierno. Sin embargo, la histórica y robusta convocatoria de octubre en las calles hizo imaginar convergencias más sostenidas para resistir al embate neoliberal y autoritario. 

La expectativa tuvo corto aliento pues, sin coincidencias en el legislativo (más allá de la sucedida en diciembre), ni acciones abiertamente articuladas para la defensa, liberación de detenidos y reparación por los muertos, era ya difícil pensar en alianzas duraderas. La pregunta inevitable entonces es: ¿qué clase de acercamiento fraguó octubre?

En tiempos de conformación de papeletas, negociación de binomios y estimación de caudal de votos, las distancias irresueltas vuelven a la luz. El discurso del lanzamiento del pre candidato Leonidas Iza, que fue enfático en señalar que el país no puede seguir en la frontera entre correistas o anticorreistas, paradójicamente, ha provocado intercambios, unos más virtuosos que otros, que dejan ver que esta es una grieta que sigue presente, latente en la política ecuatoriana y que no puede ser evadida a la hora de hacer prospectiva electoral pero que tampoco retrata, ni abarca todas las agendas y repertorios que Ecuador ha visto en el último periodo de resistencia.

Los cálculos respecto al tono y la estrategia que podrían rentabilizar mejor los votos de uno y otro campo son, además de prematuros, miopes y mezquinos en momentos en los que el proceso electoral está en jaque. Los cambios de reglamento, la posibilidad de proscripción de movimientos, los discursos que hablan de postergación del proceso en nombre de una crisis sanitaria (que no ha parado, sin embargo, la vida económica) no son sino nuevas señales de la vocación autoritaria del gobierno al que el MIE y la RC se oponen. 

Teniendo en cuentan lo dicho, ¿por qué no los vemos, entonces, coincidir en movilización para denunciarla y frenarla? Para que las demandas igualmente legítimas del MIE, la RC, las mujeres, los y las estudiantes, los movimientos sociales en general procuren el poder es imperativo que el país viva un proceso electoral democrático ¿Estarán las dirigencias a la altura de esta disputa que requiere la mayor confluencia posible? Y si, en todo caso, la confluencia no es electoral, ¿podrá gestarse un común rechazo a los intentos por vulnerar la competencia democrática? La historia muestra que la versión autoritaria del neoliberalismo no hace mayor diferencia frente a quienes, de una y otra manera, se enfrentan a su dominio.

Nos acompañan Guillaume Long y Adriana Salvatierra.

Ya viejo y largamente desatinado quedó aquel concepto de “nuevas derechas” para dar cuenta del retorno del neoliberalismo al control de los gobiernos nacionales en varios de los países de la región. Y es que no sólo no sostuvieron la acción pública orientada a asegurar los procesos de inclusión social, sino que se han dedicado a poner en jaque a las instituciones de la democracia liberal que, supuestamente, venían a rescatar de las manos de los sucios populismos autoritarios. 

En Ecuador, un nuevo intento de proscribir al correísmo avanza a golpe de argucias legales y amenazas cruzadas. Por presión del Contralor General del Estado, el pasado 19 de julio, el Consejo Nacional Electoral decidió suspender la inscripción de Fuerza Compromiso Social, obstaculizando su participación en las elecciones presidenciales de 2021. Mientras que, en Bolivia, luego del golpe de Estado impulsado por la OEA, coronado por las FFAA y legitimado por diversas fuerzas políticas anti-masistas, el régimen de facto avanza sobre el Movimiento al Socialismo: el pasado 22 de julio el Tribunal Supremo Electoral boliviano admitió una denuncia presentada por la alianza política “Juntos” para inhabilitar a su candidato presidencial, Luis Arce por la publicación de una encuesta.

Pero tales hechos no sólo parecen dar cuenta de la vulneración de las reglas de la competencia electoral y manejo de cronogramas a su antojo para evitar que las fuerzas progresistas vuelvan al Gobierno con una agenda tendiente a gobernar las fuerzas del mercado. Ambos regímenes parecen avanzar hacia la anulación absoluta de los actores políticos que, con más o menos radicalidad, con más o menos aciertos, afectaron los intereses de las élites y ofrecieron una alternativa de ordenamiento socio-económico distinta al del capitalismo neoliberal. La persecución vía judicialización de sus liderazgos, el encarcelamiento y/o exilio de sus dirigentes, el asedio y uso de la fuerza desplegada contra sus militantes, parecen ser indicadores de aquello.

¿Estamos en condiciones de decir, entonces, que la democracia no solo peligra por la ruptura de la institucionalidad liberal y republicana, sino también porque se intenta desarticular a los sujetos que ofrecieron una alternativa palpable frente a la sentencia thatchereana? De estar en lo cierto, esto parece indicar que el neoliberalismo presenta una faceta democrática solo cuando no identifica competencia.. Si la versión neoliberal del capital se abrió paso a fuerza de genocidio en el Cono Sur, antes que, incluso, en el norte global, ¿su variante tardía apuesta también a la eliminación política de sus reales adversarios para sentenciar el Fin de la Historia? De esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy.