La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la absolución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa por un presunto delito de revelación de secretos. La teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, subordinada directa del Fiscal General, sostiene que los hechos no constituyen delito y que no se puede atribuir a García Ortiz la filtración de correos que dio origen a la causa.

En su escrito, Sánchez Conde reclama la declaración de 19 testigos, entre ellos Alberto González Amador, el jefe de Gabinete de Ayuso y varios periodistas. La defensa argumenta que la información ya era conocida antes de que García Ortiz tuviera acceso a ella y que su actuación se ajustó a sus competencias legales.

Esta situación genera un evidente conflicto de intereses donde la número dos de García Ortiz lidera su propia defensa, evidenciando la crisis institucional que atraviesa la Fiscalía General del Estado. Las asociaciones de fiscales critican abiertamente que la subordinada directa del investigado asuma la dirección de su defensa procesal.

Críticas por conflicto de intereses

Desde las propias asociaciones de fiscales critican que la número dos de Álvaro García Ortiz lidere la acusación, mientras el Supremo mantiene la investigación abierta tras el registro de su despacho y la incautación de sus dispositivos electrónicos. Esta situación sin precedentes evidencia la instrumentalización de la Fiscalía para fines políticos.

El fiscal general del Estado se enfrenta a un proceso en el que podría ser condenado a hasta seis años de prisión e inhabilitación. El hecho de que su propia subordinada dirija su defensa plantea serias dudas sobre la independencia y objetividad del procedimiento judicial.

Esta autodefensa institucional compromete gravemente la credibilidad del sistema judicial español. La defensa de García Ortiz por parte de su propia estructura jerárquica representa un precedente peligroso que socava los principios básicos de separación de poderes y independencia judicial en España.