Hechos Ecuador

Durante el año 2021, la Contraloría General del Estado (CGE), organismo técnico encargado constitucionalmente del control de la utilización de los recursos públicos y la consecución de los objetivos institucionales del Estado, tuvo una amplia e intensa labor.

Entre enero y diciembre pasados, la CGE aprobó 1.330 informes generales de auditoría y

Los informes con indicios de responsabilidad penal corresponden a acciones de control realizadas a diferentes instituciones de distintas funciones del Estado, entres estas: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, cantonales, municipales y provinciales.

En todas estas entidades el organismo de control examinó, verificó y evaluó el cumplimiento de los procesos de contratación en el marco de la normativa vigente, así como también que la inversión haya cumplido con los objetivos institucionales planteados.

Una actividad que cobró particular relevancia durante 2021 fue la publicación del reporte de Gestión Púbica durante la emergencia sanitaria, pues solo durante la pandemia se emitieron 275 órdenes de trabajo. Los resultados de estas auditorías se publicaron en el portal web institucional para facilitar a la ciudadanía el acceso a la gestión de la CGE, acción que fue reconocida como buena práctica por el Fondo Monetario Internacional.

Las acciones de control se desarrollan en total apego a la Constitución y a la ley; y, en este marco, bajo la actual administración del Ing. Carlos Riofrío González se confirmó una responsabilidad civil por USD 1.223 millones, invertidos en la Refinería del Pacífico, la más alta en la historia institucional de la CGE.

También fueron examinados procesos realizados por los sistemas de seguridad social del país, el endeudamiento externo, la gestión administrativa y obras ejecutadas en Yachay y varias universidades del país, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del

Otra labor fundamental que convocó grandes esfuerzos durante 2021, consistió en la recuperación de documentación afectada por el incendio, consecuencia de un atentado que se dio en el contexto de las protestas sociales de octubre de 2019. En total se restituyeron 47.000 expedientes mismos que han sido restituidos y continúan con el proceso de auditoría correspondiente.

Aún en el contexto de la pandemia, la CGE no detuvo ni un solo instante sus actividades y adoptó nuevos procedimientos con la finalidad de dar continuidad a su visión de ser el organismo innovador en la prevención y control del uso de los recursos públicos, generando valor y beneficio para la ciudadanía.

Obtener la libertad del exdefensor del Pueblo,  Freddy Carrión,  sentenciado a tres años de cárcel por un posible delito sexual,  parecía una situación urgente para sus abogados defensores. 

Sin embargo,  cuando el tribunal presidido por Javier de la Cadena se aprestaba a leer la resolución sobre el pedido de la caducidad de la prisión por falta de una sentencia ejecutoriada,  la defensa de Carrión había recusado a dos jueces.  Ocurrió la tarde de este miércoles 5 de enero cuando se iba a reinstalar la diligencia suspendida el lunes. 

Richard González,  uno de quienes integran el equipo de más de medio centenar de abogados de Carrión explicó que se suspendió la audiencia para dar trámite a la recusación presentada en contra de los jueces Byron Guillén y Luis Rivera.  Destaca que la razón es porque ellos adelantaron opinión cuando confirmaron la prisión preventiva en una audiencia realizada en junio de 2021. Informó que una de las causas de recusación es precisamente el haber adelantado opinión sobre el caso que se juzga. 

Justificó que no presentó antes la demanda en contra de los jueces porque “no nos daban las copias,  recién ayer nos dieron y simples,  desde el año pasado,  entonces no teníamos la información de esa instancia. 

La defensa de Carrión adjuntó a la demanda copias del auto de apelación de la prisión preventiva,  el fallo dictado por los jueces recusados y la copia emitida en el proceso.  Pidió que sean apartados del conocimiento del caso. 

Marcelo Icaza patrocina a la presunta víctima del delito atribuido al exfuncionario.  Manifestó que en la audiencia los jueces advirtieron de la existencia de la recusación y que suspendían la diligencia para tramitar la demanda. 

Lo siguiente en el caso es que se tiene que calificar la demanda,  citar a los jueces recusados y convocar a audiencia para que el peticionario sustente su demanda. 

Si es que se acepta,  los jueces serán apartados del conocimiento de la causa y deberán sortearse otros dos miembros del tribunal para que sustancien el pedido de caducidad de la prisión por falta de sentencia ejecutoriada. 

Icaza reconoció que la herramienta procesal presentada es legítima pero alarga la estadía del sentenciado en la cárcel 4 de Quito.  A ese centro carcelario Carrión llegó tras su aprehensión ocurrida el pasado 17 de mayo,  un día después ocurridos los hechos en un departamento del norte de Quito. 

Carrión había acudido a ese sitio a una reunión social con el exministro de Salud Mauro Falconí y su pareja en los días en los que se decretó un toque de queda para frenar el avance de contagios por COVID-19.

En imágenes que circularon en redes sociales se vio al exdefensor involucrado en una gresca con Falconí y su pareja.  Él siempre ha insistido en su inocencia.  Dijo que el licor que le sirvieron pudo contener alguna sustancia. 

El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renobales,  Juan Carlos Bermeo,  presentó en la Comisión de Régimen Económico,  Productivo y la Microempresa,  los criterios que se aplican para la fijación de los pliegos tarifarios del servicio de energía eléctrica.  Aseguró que se consideran componentes de orden técnico,  así como de carácter social,  por ejemplo,  para mentener la tarifa de la dignidad,  que beneficia a quienes consumen hasta 110 kwh/mes en la sierra y 130 kwh/mes en la costa,  amazonia y región insular. 

Indicó que la tarifa busca un equilibrio entre generación y consumo,  de manera que el valor a pagar refleje un consumo real y cubra los costos operativos.  Para la fijación de la tarifa se toman en cuenta los diferentes procesos: generación,  transmisión,  distribución y comercialización,  a los cuales se añaden mecanismos de eficiencia energética,  añadió. 

Además,  aseguró que para establecer el tarifario correspondiente a 2022 se busca eliminar las distorsiones,  a fin de contar con un pliego de tarifas transparente y que responda a la realidad de cada uno de los segmentos: residencial e industrial. 

De su lado,  Jaime Cepeda Campaña,  director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables,  subrayó que el pliego tarifario debe estar acorde con el cubrimiento de los costos de producción (generación,  transmisión y distribución),  para lo cual se analizan mecanismos relacionados con mejorar los recursos de determinación de costos,  así como de eficiencia energética. 

Adicionalmente,  los funcionarios formularon observaciones a los proyectos que sobre materia de tarifas eléctricas tramita la Comisión.  Coincidieron en la necesidad de analizar estas propuestas sobre la base de parámetros técnicos y sociales,  a fin de defender los intereses,  tanto del Estado,  como de los consumidores. 

Daniel Noboa Azin,  presidente de la Comisión de Desarrollo Económico,  tras agradecer la exposición de los funcionarios del sector eléctrico,  reiteró que el organismo legislativo revisará las reformas propuestas de manera responsable y tomando como referencia los aspectos de carácter técnico que sustentan la política tarifaria en el servicio de energía eléctrica. 

Las organizaciones sociales se preparan para la primera jornada de movilizaciones que se efectuarán el próximo 19 de enero en rechazo a las decisiones económicas del gobierno de Guillermo Lasso.

Para esa fecha está convocada una marcha nacional convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), para exigir aspectos como el tratamiento de su proyecto de Código de Trabajo, el pago de la deuda estatal con el Seguro Social (IESS), rechazar el incremento de los precios de los combustibles, entre otras demandas.

El presidente del Frente Popular, Nelson Erazo anunció este 4 de enero, que este sábado (8 de enero) se instalarán en una asamblea nacional con gremios de trabajadores, campesinos, maestros, jóvenes, jubilados, entre otros, cuyo objetivo es preparar las condiciones para la movilización del 19 de enero.

Las exigencias que empujan se relacionan con el incremento de los precios de los combustibles, la privatización de las empresas públicas; la deuda que mantiene el Estado con el IESS; y la implementación de una política laboral que garantice el empleo y los derechos de los trabajadores.

En materia educativa, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, lamentó que se retoman las clases presenciales en medio de la pandemia, pese a que existen centros educativos que no cuentan con agua potable o baños acondicionados para evitar contagios en los estudiantes y maestros.

Es así, que el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGTE), José Villavicencio, anunció que a este 2022 se lo declaró como el ‘año de la resistencia’, en contra del Gobierno nacional.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) aún no ha anunciado cuándo iniciarán las movilizaciones indefinidas, que declaró su presidente, Leonidas Iza.

Ayer, el consejo de gobierno del movimiento indígena preparaba la agenda de trabajo que ejecutarán este año, con base en un análisis de la coyuntura política y económica actual.

La Conaie demanda al presidente Guillermo Lasso que reduzca los precios de la gasolina extra a $ 2,10 y del diésel a $ 1,50.

El presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay, informó que por el momento la Confederación no ha convocado a una reunión del consejo ampliado para definir las acciones de protesta.

Son épocas muy duras para el país. Jamás pensé que estaríamos en esta situación. Jamás creí que el pasado iba a volver, pero el pasado volvió y nos está destrozando como país, enfatizó el expresidente.

El expresidente Rafael Correa habló sobre la coyuntura política del país, a puertas de que inicie el 2022, y sostuvo que estos últimos años han sido duros, marcados por la persecución y la crisis económica.

Ejemplificó con el caso del exvicepresidente Jorge Glas y recordó que debió salir en libertad el pasado 14 de diciembre de 2020, sin embargo aún sigue en prisión. Asimismo, enfatizó en el caso de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien porta un grillete electrónico y sostuvo que se ha perseguido a gente inocente, «cuando los corruptos son los que manejan el país».

Repasó que en 2020, la economía del país decreció en un 8%, siendo el más grande de la historia del país y el de Latinoamérica. De ahí que el país cierra el 2021 con falta de empleo y pobreza que se traduce, dijo, en la inseguridad que vive el Ecuador.

Son épocas muy duras para el país. Jamás pensé que estaríamos en esta situación. Jamás creí que el pasado iba a volver, pero el pasado volvió y nos está destrozando como país, enfatizó.

A criterio de Correa, Guillermo Lasso es producto de una manipulación de la prensa, más el Lawfare (guerra judicial) que le impidió regresar al país y participar como candidato. «Eso no se puede llamar democracia. Pero ese 52% que votó por Lasso debe saber por qué votó», analizó.

Consideró, además, que el primer mandatario debería «irse a su casa» por el caso de los Pandora Papers, luego de jurar que no tenía dineros en paraísos fiscales, cosa que fue comprobada por 600 periodistas con la filtración de los Papeles de Pandora.

Hemos perdido todas las referencias morales, imagínense si a mí me hubiesen descubierto por eso. Están acabando con las bases morales de la República y para eso la Constitución permite salidas, dijo.

Por otro lado, sobre la nueva investigación que abrió Fiscalía por el caso Sucre, Correa dijo que esta indagación es una muestra más de la persecución, encabezada por el asambleísta Fernando Villavicencio. «Lasso ofreció parar con la persecución, pero esta se ha agravado», destacó.

En uno de los documentos que se habrían utilizado para detener a Carrión la fecha habría sido manipulada, alertaron.

Priscila Schettini, esposa del ex defensor del Pueblo, y Richard González, abogado defensor, denunciaron que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, habría forjado pruebas y documentos para justificar la detención de Freddy Carrión en mayo de este año.

Schettini explicó que, dentro del expediente judicial, se encontró un documento que supuestamente estaba firmado el 16 de mayo del 2021, a las 10:00, por Diana Salazar que habría sido utilizado por la Fiscal Mayra Soria, el mismo día, a las 14:20, para detener a Freddy Carrión en la Clínica Atlas, pero, según su investigación, ese documento no se habría firmado ese día.

“La Fiscal, además de forjar un documento, también falseo otros, para ejecutar la persecución política en contra de Freddy Carrión”, alertó Schettini.

En este contexto, el abogado de Freddy Carrión, Richard González, indicó que la verificación del código que se registra en la firma electrónica de la Fiscal Salazar evidencia que ese documento fue firmado el 17 de mayo a las 12:05 y no el 16 de mayo del 2021, a las 10:00, como aparece en el expediente.

“Jamás el 16 de mayo a las 10:00 como hizo aparecer la Fiscal en el expediente general”. 

Las personas interesadas en conocer los pormenores de cómo se desarrollará el proceso de Rendición de Cuentas de la gestión 2021, podrán inscribirse en los talleres de capacitación que brindará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en todo el país. Los talleres se realizarán durante las dos primeras semanas de enero del 2022, en diferentes horarios y fechas para cada uno de los diferentes grupos de sujetos obligados a rendir cuentas y a la ciudadanía.

El reglamento vigente establece mecanismos, instrumentos y procedimientos para la Rendición de Cuentas de las instituciones y entidades del sector público, así como las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, quienes desarrollen actividades de interés público y manejen recursos públicos. Es por ello que la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas brindará el apoyo técnico necesario para garantizar un efectivo ejercicio de este mecanismo de control social.

Para conocer el detalle de las fechas y lugar donde van a realizarse las capacitaciones de fortalecimiento de capacidades para las autoridades y equipos de apoyo institucionales, contactarse con el equipo técnico del CPCCS a nivel nacional. Acceda al directorio en el siguiente enlace: https://n9.cl/iy6sy. 

Un trabajo periodístico de diario El Universo, publicado el pasado 27 de diciembre, señala que el Banco del Pacífico cayó del tercer al décimo puesto en cuanto a ingresos, durante el 2021. Sin embargo, el banco mantuvo números positivos hasta el 2019.

Según el balance general, los ingresos de Banco del Pacífico se han mantenido en constante crecimiento. Es así que, en 2019, la entidad bancaria registró 6.082 millones en activos, mientras que en 2020 fueron 6.951 millones, y en 2021 registró 7.030 millones.

El articulo de El Universo enfatiza en que en el ranking de los bancos ecuatorianos que más ganaron durante el 2021, las posiciones se mantienen casi iguales, a excepción del Banco del Pacífico, «una entidad cuyas acciones están en manos de la Corporación Financiera Nacional», es decir, una empresa pública. El diario sugiere que esta es la razón por la que el banco cayó del tercero al décimo lugar.

Asimismo, resalta el crecimiento de la banca privada, específicamente, del Banco de Guayaquil, administrado hasta hace unos meses por el actual presidente Guillermo Lasso.

«El Banco Guayaquil, que hasta mayo del 2012 fue administrado por el actual presidente de la República, Guillermo Lasso, como presidente ejecutivo, pasó este año del quinto al segundo puesto, dejando más abajo a Produbanco, Internacional y Bolivariano».

Élites financieras y sus ganancias en pandemia

El Universo consulta al decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, Santiago Mosquera, quien explica que 2021 «ha sido un año de recuperación».

«Desde el punto de vista de las utilidades, este año los bancos han tenido un nivel de actividad mayor, lo que ha permitido conceder más créditos tanto en el lado corporativo como en el de consumo”, indica.

Sin embargo, este análisis se enfoca solo en la rentabilidad de la banca privada y deja de lado el objetivo social de la banca pública, que es la garantía del acceso a creditos y servicios bancarios para los sectores micro, pequeños y populares de la economía.

Por otro lado, la nota de El Universo ratifica que, durante la pandemia, las fortunas de las élites económicas, es decir, los más ricos del país han aumentado, mientras el desempleo y el endeudamiento han crecido en las clases medias y pobres.

¿Para qué se usará el dinero de la venta?

Según el presidente Guillermo Lasso, los fondos recaudados por la venta del Banco del Pacífico se destinarán a un fondo de sostenibilidad para financiar el plan para reducir la desnutrición crónica infantil.

El rechazo de ecuatorianos de gestión del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, viene a causa de su incapacidad de conducir el destino del país, afirma un experto.

Según ha mostrado este jueves una encuesta realizada por la compañía Clima Social, el 56,5 % de los ecuatorianos ha calificado de “mala” o “muy mala” la gestión del presidente Guillermo Lasso al cumplirse ocho meses de su mandato.

Durante una entrevista concedida esta misma jornada a la cadena HispanTV, el analista en temas políticas Marcos Robles ha abordado la situación política de Ecuador.

Conforme al analista, “en primer lugar, la falta de capacidad para conducir los destinos de un país, que no se merece estos latigazos, y luego también por la falta de experiencia del señor presidente, quien se ha destacado no como un político sino como un banquero” generó el descontento masivo en este país sudamericano.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió aprobar el informe de alcance presentado por el equipo técnico del proceso de designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública,  respecto de los postulantes que estarían incursos en algún tipo de prohibición para conformar la Comisión Ciudadana de Selección que llevará a cabo el concurso. 

En ese sentido el Pleno resolvió:

Art.  1.- Aprobar el informe presentado por el equipo técnico e instar comedidamente a cualquier ciudadano o autoridad pública a que formalice la impugnación respecto de los postulantes sobre los que efectivamente se tengan datos oficiales o pruebas sobre el incumplimiento de requisitos o que estén incursos en una prohibición legal,  lo cual debe hacerse en la correspondiente fase de impugnación de los postulantes a conformar la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública,  de conformidad con lo establecido en los artículos 29 al 31 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección y continuar con el proceso del citado concurso. 

Art.  2.- Exhortar a la consejera María Fernanda Rivadeneira a que formalice sus acusaciones o denuncias ante la Fiscalía General del Estado respecto de los ocho postulantes que,  según la consejera,  estarían incursos en algún tipo de prohibición para conformar la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública. 

Art.  3.- Poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado el informe presentado por el equipo técnico del concurso para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública,  mediante memorando Nro.  CPCCS-CGI-2021-0165-M,  del 21 de diciembre de 2021, para que realice las investigaciones que sean pertinentes. 

Con la resolución aprobada se busca que el órgano competente determine si existen indicios del cometimiento de algún tipo de delito y se sancione de acuerdo a la ley.