Hechos Ecuador

Piedad Córdoba reveló que entregó poder al expresidente de la Corte Constitucional y exfiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, para que instaure las acciones penales y judiciales contra los asambleístas ecuatorianos, quienes en días pasados entregaron a la Fiscalía y al Gobierno de Colombia un dosier que daría cuenta de los presuntos nexos de la exsenadora con Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.

Además, dijo que solicitará a la Fiscalía y a la Corte Suprema que investiguen su conducta. "Allí dejaré en claro la transparencia de mis actuaciones". Córdoba, ya se había referido al informe entregado por el grupo de parlamentarios ecuatorianos, en cabeza de Fernando Villavicencio, desmintiendo los señalamientos en su contra.

"Jamás he negado que conozco a Álex Saab; las relaciones que tuve con él se desarrollaron en escenarios enmarcados en la legalidad. Sorprende la insistencia de mis enemigos políticos en vincularme con Saab, mientras callan sobre el nombre de las personas que estuvieron realmente vinculadas con él", expresó Córdoba través de un comunicado.

Anunció que en el momento que Montealegre considere oportuno, "exhibirá todas las evidencias con que respaldo mis actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico y la prueba del fraude que cometen los falsos profetas de la moral pública en Colombia y Ecuador".

En él también señala que su vida "ha sido un libro abierto al escrutinio público" y advirtió que "nunca, han encontrado nada indebido en mi conducta. Tampoco lo encontraran ahora, porque he mantenido una ética pública y privada intachable".

La exsenadora calificó estos señalamientos como una persecución política en su contra y enfatizó que "desde hace muchos años hay una maniobra – activada nuevamente- para violar mi derecho fundamental a la presunción de inocencia, promovida por personas interesadas en excluir mi derecho a hacer política".

Aseguró que en su contra hay una "guerra jurídica y linchamiento mediático". Sin embargo, señaló que "quedará demostrado que las acusaciones en mi contra, son infundadas".

La presidenta del CPCCS volvió a denunciar presiones en su contra,  a través de redes sociales y llamadas,  pero sentenció que no sucumbirá las mismas y reveló intereses de boicotear los proceso de designación de autoridades.  

Punto Noticias. - Desde este lunes 17 de enero de 2022 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) paralizó sus funciones por falta de recursos económicos.  Así lo anunció la presidenta de esta institución Sofía Almeida. 

En rueda de prensa,  Almeida explicó que cuatro consejeros no aprobaron en plan anual de este 2022 y el plan anual de contrataciones,  lo que impide que el CPCCS continúe con el ejercicio de sus actividades regulares. 

La titular acusó a las consejeras Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira y a los consejeros Francisco Bravo y Hernán Ulloa de no haber aprobado esta planificación. 

Pero el tema económico no es el único problema que atraviesa esta entidad.  Almeida denuncio,  además,  que existe un plan de boicot y de obstaculización contra el Consejo de Participación,  por parte de grupos de poder que tienen intereses de entorpecer los procesos de designación de las autoridades,  específicamente,  dijo,  la del contralor general del Estado. 

«Esto evidencia y es concordante con las denuncias que vengo realizando meses atrás de un plan de boicot y designación de autoridades,  especialmente del contralor general del Estado»,  sostuvo.  

Asimismo,  reveló que funcionarios y exfuncionarios se han presentado ante los medios de comunicación para intentar desprestigiar a la institución y los procesos de designación de autoridades que lleva a cabo el CPCCS. 

«A mí me presionan por medio de redes sociales,  de mensajes,  intentan atacar a mi buen nombre porque no sucumbo a estas presiones y no lo voy a hacer»,  sentenció.   

De esta manera,  Sofía Almeida anticipó que presentará una denuncia formal contra todas las personas que la han desprestigiado,  una vez que recoja toda la información necesaria para iniciar estas acciones legales pertinentes. 

«Me reservo mi derecho de iniciar acciones legales contra todas las personas que me han desprestigiado a mí,  a los consejeros y al Consejo de Participación como tal»,  advirtió.   

Respecto a las y los consejeros que no aprobaron este presupuesto,  la presidenta del CPCCS que este accionar podría recaer en incumplimiento de funciones,  pues es obligación,  precisó,  de los funcionarios aprobar los planes y programas que tenga este organismo. 

La Comisión de Desarrollo Económico,  Productivo y la Microempresa recibió a las autoridades gubernamentales y del sector empresarial,  con el objetivo de escuchar sus observaciones en torno a los proyectos de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

En primer lugar intervino Gonzalo Uquillas,  gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec),  quien explicó el contenido y mecanismo de aplicación del pliego tarifario en el país. 

Informó que buena parte de la energía que se distribuye proviene de las centrales hidroeléctrica,  por lo que la Corporación paga entre 13 y 14 millones de dólares como parte del aprovechamiento del recurso hídrico. 

Enfatizó que el sector eléctrico para desarrollar proyectos de generación,  trasmisión y distribución de energía eléctrica contemplados en el “Plan Maestro”,  se requiere entre 12 a 13 mil millones de dólares y son recursos que no constan el erario nacional. 

Karín Jaramillo,  representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME),  indicó que las competencias que tienen los municipios deben ser consideradas a la luz de las propuestas legislativas.  Para ello la AME siempre está abierta para colaborar con la mesa legislativa en el proceso democrático de levantamiento de estas,  bajo el principio de unidad en la materia,  agregó. 

Así mismo,  Jaime Salazar,  delegado de Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope),  explicó que el servicio de energía eléctrica forma parte de los sectores estratégicos y es competencia exclusiva del Gobierno. 

Entre tanto,  Carlos Villacís,  empresario resaltó que el sector eléctrico es importante en materia económica para el país.  Afirmó que se requiere un cambio estructural,  macro e integral,  que se ajuste a las necesidades del país. 

Finalmente,  el legislador César Rohon mencionó la necesidad de tener un equilibrio debido a que se trata tres proyectos de ley,  que tienen que estar perfectamente balanceados,  ser equitativos,  justos y ajustarse a la ley vigente. 

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana escuchó los criterios de nuevos actores y autoridades en torno al proyecto de Ley Orgánica Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. En la sesión de este lunes participaron delegados de la Secretaría de Derechos Humanos, Cancillería y de la Academia.

José Antonio Sánchez, participó en representación de la Secretaría de Derechos Humanos destacó que el proyecto contiene iniciativas novedosas como el sistema para la prevención y mitigación de la trata de personas, con el objetivo de fortalecer los centros de atención y casas de acogida.

De su lado, María Soledad Córdoba, de Cancillería expuso las acciones desarrolladas para atender y prevenir los casos de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, entre ellos, los “centros violeta”. Informó que el presupuesto para el efecto es de 8 millones de dólares.

La legisladora Jessica Castillo señaló que la problemática abordada exige un enfoque de múltiples sectores y una estrecha colaboración institucional, además de un aporte profundo por parte de la Asamblea Nacional.

Andrés De la Vega, coordinador del Proyecto de Trata de Personas en Ecuador de la Organización de Estados Americanos recalcó que es oportuno actualizar la legislación; que hace falta cumplir estándares internacionales, un abordaje especializado, fortalecer sanciones, protección y asistencia a las víctimas.

El asambleísta Salvador Maita mencionó que las autoridades competentes deben reflejar su interés en la erradicación de la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y niños que son los más afectadas, además del apoyo a sus familias.

Finalmente el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Juan Fernando Flores, agradeció los aportes de las autoridades, sociedad civil y academia, que servirán para la construcción del proyecto de Ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

La Comisión de Garantías Constitucionales tramita 300 solicitudes de amnistías e indultos, así lo dio a conocer en rueda de prensa este 17 de enero el asambleísta Fernando Cabascango, presidente de la mesa legislativa del Parlamento.

Cabascango indicó que hasta el 11 de febrero próximo la Comisión espera presentar el informe al Pleno de la Asamblea Nacional para su debate y aprobación.

Recordó que todas estas solicitudes cuentan con el informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) y fueron calificados a trámite por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL).

En la mesa legislativa se convocó a organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que trabajan en temas de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, para que den a conocer sus puntos de vista sobre los procesos. También, se convocó a los solicitantes, quienes pueden acudir de manera personal o mediante su representante legal, procurador judicial o representante de la organización a la que pertenecen.

La Comisión de Garantías Constitucionales avocó conocimiento de las solicitudes el 12 de enero, y, según el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene 30 días para aprobar un informe recomendando, de manera motivada, la procedencia o no de la amnistía o indulto, y remitir a la Presidenta de la Asamblea Nacional para el análisis, debate y resolución del Pleno de la Legislatura.

Cecilia Velasque, coordinadora encargada del Movimiento Pachakutik, indicó que la mayoría de las 300 solicitudes responden a los últimos 6 años y son procesos en contra de luchadores sociales. Entre los procesos están defensores de derechos comunitarios, que ejercen y administran la justicia indígena, de territorios comunitarios, así como personas vinculadas con las protestas de octubre de 2019.

La defensa de Carrión reclamó que Salazar debió explicarlo ante el juez, en su momento, y no esperar a que la defensa de Carrión descubra la modificación de fechas.

Punto Noticias. La defensa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, alertó que la propia Fiscal General del Estado, Diana Salazar, admitió la modificación de fechas dentro del caso de su cliente, que derivó en las investigaciones y su aprehensión.

El viernes 14 de enero de 2022 rindió su versión la fiscal Salazar por su presunta participación en el delito de fraude procesal, dentro del caso de Carrión.

Angélica Porras, abogada del exfuncionario, recordó que días atrás se presentó una denuncia por la alteración de las fechas en un documento que da inicio a las investigaciones en este caso.

“En un comunicado, la Fiscal General ha dicho que el intentó justificar la alteración de fechas, señalando que corresponde a la oralidad de los procesos. La fiscal está confundida, la oralidad de los procesos tiene que ver con que se puedan debatirlos en audiencias y no tiene que ver con la exigencia que tienen las autoridades y, sobre todo ella, de registrar sus actuaciones y de ponerlas por escrito cuando hay una orden de investigar y aprehender a Carrión”.

Porras dijo que hay una discordancia de las fechas. “Es decir, reconoce que están alteradas las fechas, pero dice que es una formalización posterior de las disposiciones verbales”. La abogada precisó que el problema es que nunca se explica eso en el texto. “En el documento tenía que haber dicho que fue, mediante disposición verbal que hizo la delegación y por eso se iniciaron las investigaciones”, afirmó.

Además, dijo que este hecho debió haberlo dicho al juez en su momento y no esperar a que la defensa de Carrión descubra la modificación de las fechas y “ahora trata de salir a justificar”.

Porras señaló que esto demostraría las irregularidades dentro del caso en contra de Carrión, no solo violaciones formales del proceso.

La esposa de Carrión, Priscila Schettini, recordó que toda esta información se presentó a los 137 asambleístas para que fiscalicen a Diana Salazar por el incumplimiento de sus funciones.

La Comisión de Justicia,  previo a tomar una decisión en torno a uno de los nudos críticos del proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación,  como es la temporalidad,  escuchó a varios profesionales y expertos,  quienes desde lo técnico y la evidencia científica presentaron sus observaciones sobre el tema. 

Syaina Pandzic,  médico pediatra,  expresó su criterio en contra la interrupción del embarazo en casos de violación.  Argumentó que los estudios y avances científicos defienden la vida desde la concepción.  No obstante,  reconoció que el embarazo en niñas menores a 15 años tiene mayor riesgo,  pero que se puede solucionar cualquier complicación. 

La doctora Karina Marín,  resaltó la apertura de la Comisión de Justicia de escuchar las diversas visiones,  en ejercicio de diálogo ciudadano y reflexión que es uno de los pilares fundamentales de la democracia,  a la vez consideró que no está de acuerdo en fijar plazos para la interrupción del embarazo. 

Sostuvo que la ley que se debate es una oportunidad no solo para la reparación histórica de personas violentadas sexualmente durante décadas,  sino para evitar que las mujeres continúen perdiendo sus vidas en prácticas clandestinas.  Recordó que ya en 1938 se despenalizó el aborto en el caso de personas con discapacidad mental y durante 80 años nadie ha criticado esta norma. 

Calum Miller,  médico graduado en la Escuela de Medicina de Oxford,  afirmó que hay evidencia médica que el aborto tardío es menos seguro.  Estudios demuestran que mientras más tarde es el aborto,  mayor es la tasa de mortalidad y es inseguro a partir de los cinco meses,  añadió. 

También informó que la mayor parte de los países europeos han establecido como límite para la interrupción del embarazo las 12 semanas y que los bebés pueden sentir dolor a las 10 semanas y la interacción social puede darse a las 12 semanas,  a la vez que presentó experiencias en otros países,  así como los problemas ocasionados por el aborto tardío y el embarazo no deseado. 

De su lado,  Octavio Miranda,  médico ginecólogo,  sugirió considerar que en el país más de tres millones de personas están en el rango de 10 a 19 años de edad y que cinco millones de mujeres están en edad fértil,  así como los índices de violencia de género,  los abortos inseguros y muerte materna. 

Tras detallar las diversas etapas del embarazo,  sostuvo que es necesario garantizar el bienestar de las personas,  más aún si son vulnerables o con discapacidad,  a la vez que expresó su preocupación porque 8 de cada 10 embarazos en niñas de 14 años son producto de violación y que según la Fiscalía en el país se presentan 11 denuncias de violación cada día.  La atención en la salud es un derecho,  no un privilegio,  concluyó. 

Tres temas constan en la agenda de trabajo de la Comisión de Biodiversidad para este viernes 14 de enero,  a las 10h00. En primera instancia los parlamentarios conocerán la notificación para el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica,  de iniciativa de la asambleísta Isabel Enrríquez. 

La reforma recoge aspectos relacionados con la distribución de los recursos económicos producto de la explotación de los recursos naturales propios de esta región y de su ecosistema,  a fin de garantizar el desarrollo de los proyectos y programas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de forma equitativa y de acuerdo con sus prioridades. 

Además,  busca que los recursos económicos obtenidos de estas actividades se prioricen en su distribución hacia los sectores más necesitados de la organización seccional del Estado,  en la educación superior y en la actividad deportiva por los logros alcanzados por los deportistas que han dado gloria al país en las Olimpiadas de Tokio 2020.

Luego la Comisión analizará y resolverá el cronograma de trabajo para la ejecución del proceso de consulta prelegislativa aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las reformas a la Ley de Minería. 

Por último,  los comisionados avanzarán en el debate del articulado de las reformas a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica,  a fin de elaborar el informe para primer debate. 

La Comisión de Educación se reunirá este viernes,  a las 15h00, con el fin de evaluar la información que presentaron los directivos de la Secretaría de Educación Superior,  Ciencia,  Tecnología e Innovación (Senecyt) y del Consejo de Educación Superior (CES) sobre la creación de las universidades en las provincias amazónicas. 

La sesión tiene dos objetivos: primero analizar las declaraciones emitidas por el Titular de la Senescyt,  en torno a los proyectos de creación de las universidades,  de conformidad con lo que determina la décimo primera disposición transitoria de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Especial Amazónica. 

Como segundo punto,  analizarán las declaraciones emitidas por las autoridades de Senescyt y el CES,  en referencia a la situación de registro de títulos extranjeros. 

En la sesión del miércoles pasado,  el representante de la Senescyt explicó la hoja de ruta prevista para el establecimiento de los centros de educación superior en Morona Santiago,  Orellana,  Sucumbíos y Zamora Chinchipe. 

Esta agenda forma parte del cronograma establecido por la Comisión de Educación para el 2022.

La Comisión de Garantías Constitucionales,  en el marco del análisis de solicitudes de amnistías e indultos,  se reunirá este viernes,  a partir de las 09h30, para escuchar a personas relacionadas con el caso “Derecho a la resistencia y protesta social – octubre 2019.

De conformidad con el artículo 96, inciso tercero,  de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,  la comisión,  dentro del plazo de 30 días contados desde que avocó conocimiento de la petición de amnistía o indulto remitida por el CAL,  deberá analizar la solicitud y con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes,  aprobar el informe y remitir a la Presidenta de la Asamblea Nacional,  recomendando,  de manera motivada,  la procedencia o no de la amnistía o indulto. 

La mesa legislativa convocará a los solicitantes,  quienes podrán comparecer de manera personal o mediante el representante de la organización social a la que pertenecen.  Así mismo,  podrá invitar a otros ciudadanos o autoridades,  en caso de considerarlo pertinente.