Hechos Ecuador

La Comisión de Relaciones Internacionales recibió hoy nuevas observaciones al proyecto de Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.  Esta vez acudieron John Game,  del Ministerio de Gobierno; Andrea Rivera,  de la Defensoría del Pueblo; Coralía Sáenz,  representante de ONU Migración; Sabrina Gamboa,  docente de la Universidad Indoamérica y Diego Chimbo,  experto en investigación Penal. 

John Game resaltó el trabajo realizado en la implementación de ejes como prevención,  investigación y sanción,  conjuntamente con gobernanza que permite combatir delitos y reducir factores de riesgo. 

Además,  señaló que en el ámbito de prevención de trata de personas se han desarrollado campañas adaptadas al contexto de la pandemia y enfocadas especialmente en la población joven. 

Andrea Rivera,  de la Defensoría del Pueblo mencionó que el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas constituyen formas extremas de violencia que se pueden configurar en niñas,  adolescentes y mujeres,  quienes son las más propensas a caer en redes de tráfico.  Sugirió implementar un sistema adecuado para la prevención,  atención y protección a las víctimas de delitos. 

Coralía Sáenz,  representante de ONU Migración manifestó que sobre el tema se han desarrollado foros regionales con nuevas alternativas y enfoques de prevención,  protección,  medidas de reparación y atención informada,  creando un entorno adecuado para las víctimas. 

Sabina Gamboa,  de la Universidad Indoamérica destacó la importancia de atender los mecanismos de prevención y protección,  incluyendo los factores sociales,  económicos,  mejoramiento de la educación,  protección de testigos y seguridad,  entre otros aspectos. 

“Se debe centrar en una Ley pro víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y no solo en el ámbito penal; el Estado debe garantizar que las víctimas no vuelvan a encontrarse en situación de vulnerabilidad”,  señaló Diego Chimbo,  experto en investigación penal. 

La legisladora Jessica Castillo,  tras agradecer los aportes expuestos por los comparecientes,  dijo que las observaciones servirán para la construcción del informe y del articulado del proyecto de Ley Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 

El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales,  Fernando Cabascango acogió el pedido de los asambleístas Mario Ruiz y Fernanda Astudillo,  para analizar la problemática socio-ambiental generada por el derrame de petróleo en la localidad de Piedra Fina,  provincia de Napo,  ocurrido el pasado 28 de enero de 2022.

La mesa legislativa se reunirá este martes 1 de febrero a partir de las 18h00, con el fin de analizar medidas para enfrentar este problema. 

El parlamentario Mario Ruiz recordó que el viernes pasado una de las tuberías que transportaban petróleo por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se volvió a romper,  por un deslizamiento de rocas,  lo cual provocó un derrame que alcanzó los cauces de los ríos Piedra Fina,  Quijos,  Coca y Napo,  en el norte de la Amazonía del país. 

Ruiz señaló que se debe velar por la protección de las comunidades afectadas,  la inmediata remediación ambiental de la zona afectada y una valoración técnica para la indemnización de las personas que resultaron impactadas por el derrame,  a la vez reiteró que el río es el principal sustento de familias indígenas que viven en sus riveras. 

A la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y Control Social acudieron Maro Cuvi,  docente universitario y Pablo Sevilla,  profesional en Derecho,  con el fin de analizar el contenido y el alcance de los proyectos relacionados con lobby y prevención de conflictos

Mario Cuvi sostuvo que en Ecuador se debería trabajar como sociedad para entender este tipo de iniciativas,  para lo que desde la Academia realizan algunas consultas con estudiantes y docentes,  para diferenciar entre el lobby legítimo y el cabildeo como tráfico de influencias,  que es un delito. 

Además,  indicó que es necesario aclarar y diferenciar en el proyecto las gestiones de interés particular; reforzar el registro de regalos.  Pidió a los comisionados tener mucho cuidado en crear procedimientos sancionatorios que generen trabas para los funcionarios honestos. 

Entre tanto,  Pablo Sevilla,  profesional en Derecho destacó la importancia de este ejercicio legislativo al establecer un nexo entre los miembros de la sociedad y la Legislatura en la construcción de las leyes.  Sostuvo que también se debe considerar el derecho a la petición que tienen los ciudadanos. 

Plan de Trabajo

En otro orden,  la Comisión continuó la revisión del Plan de Trabajo para el año 2022. Al respecto,  Ferdinan Álvarez,  presidente de la comisión explicó que se ha considerado el estudio de varios proyectos de ley,  así como procesos de fiscalización y control político. 

Por último,  aseveró que los legisladores han presentado varias observaciones y aportes al documento,  por lo que pidió al equipo asesor rediseñar el Plan de Trabajo y dar fuerza a los espacios de atención ciudadana sobre todo que nazca en el trabajo de territorio. 

La Comisión del Derecho al Trabajo aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a varias Leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social en el Ecuador.  La propuesta,  que forma parte de la Minga por la Seguridad Social,  plantea un manejo responsable y profesional en la inversión realizada por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess),  con el fin de garantizar la seguridad financiera de los sistemas de pensiones y demás fondos que administre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El proyecto reforma el artículo 7 de la Ley del Banco del IESS para que pueda contratar,  mediante concurso público,  una empresa,  nacional o internacional,  que cuente con capacidad y experiencia específica en asesoría en banca de inversión enfocada a sistemas de pensiones o seguridad social.  La asesoría incluirá como mínimo el análisis de riesgos,  rentabilidad,  seguridad,  liquidez y diversificación de las inversiones que realice el Banco. 

Con el mismo criterio modifica los artículos 100 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas,  y el 98 de la Ley de Seguridad Social de la Policía. 

Además,  incluye la sugerencia del asambleísta Luis Almeida,  uno de sus proponentes,  para que exista la prohibición de realizar de manera directa e indirecta inversiones en títulos valores,  certificados,  notas del tesoro,  papeles,  bonos,  mutuos o cualquier tipo de instrumentos que emitan las entidades que conforman el sector público o empresas que sean de su propiedad sin el respectivo informe de análisis de riesgo o cuyo destino sea financiar operaciones del gasto del fisco. 

En tal sentido,  ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de estos fondos y reservas,  ni menoscabar el patrimonio del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. 

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la elaboración de estudios e informes de análisis de riesgo de las inversiones o cuyo destino sea financiar operaciones del Fisco,  previo el debido proceso prescrito en la ley,  será sancionado con la cesación de funciones de los servidores públicos responsables de observar dichos requisitos a más de la determinación de otros tipos de responsabilidades. 

Shady Heredia, representante de Protección Animal Ecuador; Patricio Santi, coordinador del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades y Patricio Galiano Borja, director del Centro Working Dogs k9 acudieron a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, con el fin de exponer sus comentarios al proyecto de Ley sobre el Uso Progresivo, Adecuado y Proporcional de la Fuerza.

La representante de Protección Animal Ecuador resaltó la importancia de no emplear animales en el uso progresivo de la fuerza, para garantizar la seguridad de policías y manifestantes, y proteger los derechos humanos, pues el animal, a diferencia del ser humano, no puede evaluar la situación y por tanto no tiene la posibilidad de huir o resguardarse en un espacio seguro.

Patricio Galiano, director del Centro Working Dogs k9, manifestó que los animales solo pueden participar en caso de riesgo controlado o en circunstancias que puedan ser manejadas gracias a la capacitación y entrenamiento, pero que en una manifestación no existe un entorno controlado y, por tanto, los animales no pueden ser utilizados.

El legislador Xavier Jurado compartió las observaciones expuestas por los comparecientes. Afirmó que el animal jamás puede ser considerado como arma.

En otro orden, Patricio Santi, del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, dijo que es necesario tener un concepto claro sobre el término resistencia en la ley, porque podría entenderse como una limitación de derechos. “En el tratamiento de esta y otras propuestas relacionadas con la materia se debe garantizar el respeto a los derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades”, señaló.

La asambleísta Geraldine Weber mencionó que el aumento de los niveles de violencia ha llegado a límites inexplicables en nuestro país, por lo que se hace necesario dictar las normas legales correspondientes.

Al finalizar la reunión, el presidente de la comisión, Ramiro Narváez destacó la importancia de dar voz a todos los frentes involucrados en la formulación del proyecto de Ley sobre el Uso Progresivo, Adecuado y Proporcional de la Fuerza.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, afirma que los problemas que se enfrenta el pueblo es resultado de destrozar la institucionalidad por el neoliberalismo.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, afirma que los problemas que se enfrenta el pueblo es resultado de destrozar la institucionalidad por el neoliberalismo.

Correa declaró que los problemas del pueblo ecuatoriano, sobre todo la crisis de seguridad que vive el país es consecuencia de las acciones de las autoridades que destrozaron la institucionalidad establecida durante su gestión, según recogieron el viernes los medios locales.

“La situación de inseguridad en Ecuador se debe a que desmantelaron todo por odio a Correa (...) el problema es multidimensional” afirmó al respecto.

Aseveró que uno de los factores importantes que tiene mucha influencia en cada sociedad, es la “calidad de gobernantes” que tienen, para luego añadir que la calidad de los funcionarios es terrible y con ese nivel de eficiencia y eficacia, “no vamos a ganar la lucha contra la inseguridad”.

Aludiendo a la economía como otro factor destacado, Correa dijo que el costo recae en los más pobres, ya que, hay desempleo y una desigualdad creciente, así que todo eso fomenta la inseguridad.

Refiriéndose al papel del neoliberalismo en destrozar la institucionalidad, la estrategia, la visión integral y la planificación, el exmandatario precisó que todos los avances alcanzados, planes y estrategias implementados durante su gestión en materia de seguridad fueron destruidos porque ese es “el neoliberalismo”.

Correa gobernó en Ecuador de 2007 a 2017; fue reelegido en dos ocasiones, siendo el primer presidente en la historia de Ecuador en lograrlo, además de ser el primer mandatario en gobernar ininterrumpidamente por 9 años, hazaña única tomando en cuenta la historia de inestabilidad e ingobernabilidad que caracteriza al Ecuador.

El Gobierno de Rafael Correa se ha denominado Revolución ciudadana por las amplias reformas políticas, económicas, sociales, educativas, etc. que ha implantado desde el inicio de su gestión.

La crisis sanitaria permanece vigente y América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo en esta pandemia.  Esa crisis de salud se ha convertido en una crisis social,  llevando la tasa de pobreza extrema en América Latina del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años,  informó este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema habría pasado de 81 a 86 millones. 

Mientras se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido levemente,  del 33,0% al 32,1% de la población,  bajando ligeramente el número total de personas en situación de pobreza de 204 a 201 millones. 

Los mayores incrementos de la pobreza tuvieron lugar en Argentina,  Colombia y Perú,  donde alcanzaron o excedieron los 7 puntos porcentuales.  En Chile,  Costa Rica,  Ecuador y Paraguay creció entre 3 y 5 puntos porcentuales y en Bolivia,  México y la República Dominicana,  creció menos de 2 puntos porcentuales.  El único país de la región que experimentó una disminución de la pobreza y la pobreza extrema en 2020 fue Brasil. 

“Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social.  La crisis también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en que vive buena parte de la población en los estratos de ingresos medios,  caracterizados por bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva”,  señala el informe anual Panorama Social de América Latina 2021.

El aumento de la pobreza extrema es “consecuencia de una reducción de las transferencias de ingresos de emergencia en algunos países,  que no alcanzaría a ser compensada por el incremento esperado de los ingresos del empleo”. 

Si la recesión económica afecta la capacidad de la gente para acceder a los alimentos,  el COVID-19 ha puesto patas arriba miles de vidas,  como la de Jomar Durán y su familia que se enfrentan a diario a la preocupación de cómo alimentar a sus hijos. 

30 años de retroceso

Según el informe,  la región experimentó una notoria regresión en su lucha contra la pobreza en 2020 por causa de la pandemia.  Tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo.  En 2020, la pobreza extrema se elevó a niveles registrados 27 años atrás,  mientras que la tasa de pobreza general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de 2000.

En el estudio,  la CEPAL indica que en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales,  pueblos indígenas y la niñez.  Asimismo,  al examinar distintos índices,  entre ellos el coeficiente de Gini,  que mide la desigualdad,  se constató un aumento de esta. 

El Grupo Parlamentario para erradicar, prevenir e investigar la violencia social y estatal, en coordinación con la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad y la Fundación Utopía realizó el seminario virtual internacional sobre “Derechos Humanos, amnistías y delitos políticos”.

Floresmilo Simbaña, en representación del legislador, Fernando Cabascango, señaló que la nueva Asamblea Nacional tramita alrededor de 294 pedidos de amnistías, relacionados con la defensa territorial, de los derechos de la naturaleza y de dirigentes y activistas sociales que participaron en las movilizaciones de 2019.

La coordinadora de Estudios Latinoamericanos y Globales, Carol Proner se refirió a los casos de vulneración de derechos suscitados en Brasil. Además mencionó que Latinoamérica debe estar atenta frente a las decisiones estatales que afectan y vulneran los derechos ciudadanos.

Adoración Guamán, directora del grupo de investigación sobre poder constituyente y nuevo constitucionalismo, expuso sobre el derecho a la resistencia. Sostuvo que es un derecho fundamental del ser humano, porque es parte de la dignidad humana y está garantizado en la Constitución de la República. “La defensa de la democracia es el derecho a la resistencia”, reiteró.

Mientras que para Adriana Rodríguez, coordinadora de la maestría de Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural, en la Universidad Andina Simón Bolívar, expresó que las amnistías interculturales abren un proceso de diálogo con los Estados. Este criterio fue compartido por el constitucionalista Gerardo Pisarello, quien mencionó que la amnistía es un proceso de reparación de derechos ciudadanos.

El legislador Fausto Jarrín agradeció las ponencias de los invitados y reiteró su compromiso para trabajar en beneficio de los ecuatorianos.

Para el próximo 28 de enero está convocado el CAL para conocer los proyectos presentados por Pachakutik y UNES.

Con 86 votos a favor el pleno de la Asamblea Nacional, este 25 de enero, incluyó en la agenda de la sesión 758 el debate de una resolución que dispone al Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificar dos proyectos que plantean la derogatoria del Decreto-Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, que define la nueva tabla de impuestos de 2022.

El planteamiento lo hizo el legislador de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) Pabel Muñoz, quien dijo que se presentaron en noviembre y diciembre de 2021 dos proyectos con el fin de derogar el “paquetazo tributario del presidente Guillermo Lasso”.

Antes de dar paso a la votación de la moción del legislador Muñoz, la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, anunció que el próximo viernes 28 de enero esos dos proyectos serán tramitados por el CAL y que ese organismo actúa siempre de manera legal y respetando el principio de prelación.

Por su parte, Muñoz indicó que con la vigencia de las reformas tributarias, los sectores de clase media y las pequeñas empresas están horrorizados al hacer cálculos de lo que les tocará pagar mensualmente por concepto del impuesto a la renta en el año 2022.

Explicó que con esa ley se modificó la tarifa del impuesto a la renta, la forma de cálculo del impuesto a la renta, y se achicaron las escalas del impuesto; por lo tanto, la gente terminó en una escala más alta y paga más. Y lo más duro, añadió, eliminó las deducciones del impuesto a la renta.

Lo que corresponde, dijo el legislador de Pichincha, es trabajar desde la Asamblea Nacional en una solución y para ello es necesario tramitar los dos proyectos de ley presentados el 30 de noviembre por parte de los legisladores Bertha Sánchez, Ángel Maita y Salvador Quishpe de Pachakutik, y el presentado el 7 de diciembre de 2021 por Viviana Veloz (UNES), que plantea el mismo objetivo.

No existe base legal para que esos proyectos presentados sean negados en su trámite en la legislatura, advirtió el asambleísta Pabel Muñoz.

Indicó que hay un precedente legislativo sobre derogar un decreto ley, justamente el 24 de enero de 2019, por iniciativa de los entonces asambleístas de CREO Fabricio Villamar y Homero Castanier, presentaron un proyecto de derogación del decreto-ley sobre el impuesto verde, que fue tramitado y posteriormente derogado.

El artículo 140 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificar o derogar todo proyecto de ley calificado urgente en materia económica que haya sido promulgado y publicado en el Registro Oficial, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.

La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social avanzó en el tratamiento del proyecto de reformas a varias Leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social en el Ecuador, previo a la elaboración del informe para primer debate. El subgerente de Inversiones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), Mauricio Zurita, expuso sus observaciones.

El proyecto de Ley que forma parte de la Agenda Minga por la Seguridad Social plantea un manejo responsable y profesional en la inversión enfocada en sistemas de pensiones o seguridad social, a través de la contratación de asesoría externa.

La titular del organismo parlamentario, Rina Campain, afirmó que la Comisión ha trabajado de manera participativa en la construcción del informe para primer debate de este proyecto que ha incluido los aportes de expertos en seguridad social, así como de información de las entidades involucradas.

Diego Cedeño, asesor parlamentario expuso el borrador del informe, las acciones y los recursos que sirvieron para la realización del documento.

El representante del Biess, Mauricio Zurita, dijo que desde la administración, de manera general, consideran que cualquier proyecto que tenga que ver con la Seguridad Social debe ser tratado de manera integral y en ese sentido las reformas deben ir enfocadas a la integralidad que maneje todo el espectro de la Seguridad Social y no solo las inversiones. No obstante aplaudió que se incluya en el proyecto el tema de la transparencia.

La presidenta de la comisión, Rina Campain, anunció que convocará a una nueva reunión para el viernes 28 de enero a las 15h00, en la que será sometido a votación el informe.