Hechos Ecuador

Ante la Comisión del Derecho a la Salud,  presidida por el legislador Marcos Molina,  comparecieron Carlos Riofrío,  contralor general del Estado y Juan Pablo Flores,  director ejecutivo de la Agencia de Regulación,  Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa),  para informar las acciones de control sobre los registros sanitarios y la adquisición de medicamentos.  También estuvieron presentes Ricardo Buri,  representante de pacientes con VIH; y,  Carmen Masabanda,  del grupo de personas con enfermedades catastróficas y alta complejidad. 

El Contralor General del Estado expuso los procesos de auditoría a la adquisición de medicina por parte del Ministerio de Salud.  Señaló que la Contraloría realizó 146 exámenes especiales a nivel nacional,  en los que tienen observaciones por vinculaciones entre las empresas oferentes de medicamentos y documentación fraudulenta. 

Por su parte,  Juan Pablo Flores,  director de Arcsa expresó que se ha entregado 948 registros sanitarios para medicamentos para atender enfermedades raras,  huérfanas,  catastróficas,  de los cuales 858 son de síntesis y 90 biológicos. 

El presidente de la comisión,  Marcos Molina mencionó que han recibido quejas por falta de agilidad y transparencia por parte de Arcsa y que algunos proveedores de medicamentos han interpuesto un recurso de amparo constitucional,  porque les han retirado el Registro Sanitario. 

Ricardo Buri,  representante de pacientes con VIH expuso que si bien en el Ministerio de Salud han recibido la medicación,  no sucede lo mismo con el IESS,  a la vez enfatizó que pacientes con VIH y otras enfermedades graves como cáncer no reciben el tratamiento. 

“Existen compañeros que han perdido la batalla por falta de medicinas y atención”,  afirmó Carmen Masabanda,  paciente con enfermedad catastrófica,  de la ciudad de Tena,  al denunciar que en la Amazonía no existen hospitales de tercer nivel. 

Al finalizar,  el legislador Marcos Molina aseguró que desde la Asamblea continuarán trabajando en la construcción de leyes en beneficio de personas con enfermedades catastróficas y de alta complejidad,  a la vez agradeció los aportes brindados por los comparecientes. 

Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, el juez nacional Felipe Córdova llamó a juicio a Pablo C., excontralor (s); su hermano Esteban C., Luis A., hermano del exsecretario general de la Presidencia; Pablo F., exgerente de Petroecuador; y, nueve personas más por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, en calidad de autores.

Durante ocho días, las partes procesales presentaron sus argumentos en la Corte Nacional de Justicia.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, sustentó su dictamen en los elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal, etapa procesal en la que se determinó que los procesados formaron un grupo organizado, por medio de un acuerdo entre funcionarios de gobierno de alto nivel y varios colaboradores –funcionarios públicos y privados–, y planificaron obtener beneficios económicos, a través del desvanecimiento de glosas.

Fiscalía acusó a Pablo F., exgerente de Petroecuador, y Pablo C., excontralor, como líderes de la organización delincuencial, mientras que Luis A. B., hermano del ex Secretario General de la Presidencia de la República; Esteban C., hermano del ex Contralor; Silvia L., Ángelo R., Andrés L., Marco F., Roy C., Álvaro de G., Pedro S., Martha B., cónyuge del empresario Roberto B. –quien fue detenido y condenado en Estados Unidos por participar en una red de corrupción en Petroecuador–; y, Daniel O., exgerente de Refinación de EP Petroecuador, habrían cumplido actividades de colaboradores dentro de dicha estructura.

Al finalizar la diligencia, el juez Felipe Córdova ratificó las medidas cautelares de carácter real y personal que pesan sobre todos los procesados, excepto para Andrés L., a quien se le cambió la ciudad –de Quito a Guayaquil– para que cumpla con la presentación periódica.

Información jurídica

El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena privativa de libertad de siete a diez años de prisión para los líderes y el inciso segundo del mismo artículo, que contempla una pena que va de cinco a siete años de prisión para los colaboradores.

En atención a la resolución del Consejo de Administración Legislativa,  (CAL),  la Comisión del Derecho a la Salud recibió a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) quienes informaron sobre la situación financiera del Fondo de Salud,  la prestación de los servicios de salud en las diferentes dependencias de la institución,  planificación presupuestaria para este año,  así como,  las acciones a emprender para solucionar la deuda pendiente que mantienen con los prestadores externos de primer y segundo nivel y prestadores especializados. 

Nelson García Tapia,  director General del IESS,  acompañado del presidente del Consejo Directivo,  Francisco Cepeda,  detalló la base legal que sustenta la cobertura de salud.  Aseguró que la cobertura pertinente a los afiliados ha generado el uso de los fondos de salud,  ocasionando una deuda que se ha ido acumulando a través de los años. 

De su lado,  Luis Clavijo Romero,  vocal del Consejo Directivo del IESS en representación de los asegurados,  explicó que en el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2021, se observa que el Fondo de Salud tuvo ingreso anual de 1.685 millones de dólares frente a un egreso anual de 2.046 millones,  lo que genera un déficit operativo de 361 millones de dólares,  que han sido cubiertos en base a la desinversión que han realizado de los fondos que tienen en el Biess por 408 millones de dólares,  por lo que se terminó el año 2021 con un saldo final de 82 millones de dólares en el fondo. 

El gasto anual en atenciones médicas de jubilados,  incluyendo pacientes con enfermedades catastróficas ha sumado 435 millones de dólares.  Informó que la deuda que tiene el Estado con el IESS por atención médica a jubilados,  enfermedades catastróficas,  jefas de hogar y personas con discapacidad asciende a 4.526 millones de dólares. 

Nelson García se refirió a las acciones a emprender para atender la deuda con prestadores externos.  Dijo que los valores pendientes vienen desde el año 2011 hasta 2021 que llega a 336 millones de dólares.  No obstante,  sostuvo que la deuda a prestadores externos se encuentra en gestión de auditoria y pertinencia médica. 

Servicios,  medicamentos y presupuesto

Sobre la situación de los diferentes centros de prestación de servicios de salud,  el nivel de abastecimiento de medicamentos,  la programación presupuestaria 2022, el incumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario y las acciones a emprender para solucionar la deuda con los prestadores externos,  la ministra de Salud Pública,  Ximena Garzón,  aseguró que al momento ejecutan un plan de contingencia para garantizar una atención integral a los pacientes Covid-19, que lo impulsan con la participación de todos los subsistemas de salud. 

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana,  en la sesión de este lunes,  inició el estudio del informe anual de labores presentado por el presidente de la Función de Transparencia y Control Social,  Danilo Silva y escuchó las observaciones de especialistas al proyecto Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 

El asambleísta Juan Fernando Flores,  presidente de la Comisión,  tras explicar el procedimiento para la revisión del informe de la Función de Transparencia,  solicitó a los legisladores que presenten sus observaciones y sugerencias. 

En el marco del análisis del proyecto de Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes,  la investigadora Verónica Feicán Carrasco,  mencionó que es necesario prever las medidas y acciones para reducir la vulnerabilidad y riesgos a los que están sometidos. 

La académica María Merizalde,  entre las observaciones al proyecto,  sugirió observar la diferencia entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.  También afirmó que es necesario regirse a los lineamientos de organismos internacionales para la prevención de este tipo de delitos,  por ejemplo las recomendaciones realizadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y ACNUR. 

A criterio de Juan Schafry Bejarano,  experto en investigación,  es importante que las normas sean claras para su aplicación.  Afirmó que desde el punto de vista penal hay que poner atención en los delitos que están contemplados en el Código Orgánico Integral Penal,  entre ellos,  la delincuencia organizada transnacional. 

El legislador Juan Fernando Flores agradeció los aportes brindados por los especialistas,  mismos que servirán para la construcción del articulado del proyecto Ley Contra la Trata Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 

Las cifras fueron presentadas por el INEC,  con una muestra recogida hasta diciembre del 2021.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo,  Desempleo y Subempleo (Enemdu),  correspondientes al mes de diciembre 2021.

Aquí se muestra que,  a nivel nacional,  la tasa de desempleo fue del 4,1%.  Mientras tanto,  el empleo bruto se ubicó en 60,8% en el área urbana.  Para diciembre de 2021, la tasa de desempleo fue del 5,3% en el área urbana y alcanzó el 1,8% en el área rural. 

Además,  se registró 38 horas promedio de trabajo a la semana para los hombres,  mientras que 31 horas a la semana para las mujeres.  Las cifras también muestran que el 50,6 % de personas con empleo se encontraban en el sector informal de la economía. 

Con respecto al año 2020, se observa que la tasa de empleo adecuado en Ecuador tuvo una variación significativa,  por ejemplo,  en el sector urbano en diciembre del 2020 los empleos adecuados estaban en 1′993.494, y al finalizar 2021 estaban en 2′340.774.

En tanto que los desempleados pasaron de ser 396.504, en diciembre de 2020, a 356.725 en diciembre de 2021.

Según la magistrada,  el recurso no procede porque se presentó fuera de tiempo. 

Diana D’Ambrocio,  jueza de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Latacunga,  negó el recurso de apelación que presentó la defensa del exvicepresidente de la República,  Jorge Glas,  sobre la solicitud de unificación de penas.  Este procedimiento fue planteado el 07 de enero del 2022 y la magistrada lo rechazó,  debido a que,  según su criterio,  aún existe un caso en su contra que no tiene sentencia ejecutoriada. 

Edison Loaiza,  abogado de Glas,  explicó que permanecieron a la espera de la notificación del proceso por escrito,  para presentar la apelación,  pero la jueza D’Ambrocio nunca emitió el documento. 

Por su parte,  la magistrada señala en su providencia que “la audiencia oral,  pública y contradictoria de pena única en la presente causa,  se llevó a efecto el 07 de enero de 2022, en la que se emitió pronunciamiento oral,  con el cual quedaron notificadas las partes,  por lo que considerando el marco jurídico,  el recurso de apelación debía presentarse dentro del plazo previsto en la ley para el efecto,  contado a partir de la resolución oral del auto definitivo dictado por esta juzgadora”. 

Posterior a esto,  advirtió que el escrito de apelación fue ingresado el 20 de enero pasado,  a las 14:18.

Cabe recordar que,  el 19 de noviembre del 2021 se dio la primera audiencia para unificar las penas de Jorge Glas,  pero fue rechazada por el mismo motivo. 

Hace 15 años la Revolución Ciudadana vino a cambiar las relaciones de poder. A las élites como la banca o los medios de comunicación, no les gustó, agregó.

Pamela Aguirre, asambleísta de UNES, destacó que pese al anuncio del presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre la necesidad de pacificar el país, aquello no se ve en la práctica pues aún se sigue culpando a la Revolución Ciudadana de las cosas que pasan, pese a que ya está casi cinco años fuera del Gobierno.

“Dice que se acabó la persecución pero ahí mismo nos acusa de haber empobrecido el país, de estar involucrados por el narcotráfico, se nos culpa de todo lo que pasa en el país”.

Resaltó que Lasso asumió la directriz del país conociendo las circunstancias en las que estaba, tomando en cuenta que fue Lenín Moreno quien gobernó por cuatro años.

“El Ecuador que recibió Moreno fue distinto al que dejó (…) La Revolución Ciudadana heredó apagones, ellos hidroeléctricas”.

Lamentó que esos odios políticos estén trasladados en todas las funciones del Estado de ahí que destacó la necesidad de respetar la democracia y a quienes piensan distinto, lo cual, en la Asamblea por ejemplo, se traducía en entregar un espacio entre sus principales autoridades.

Se refirió también a los procesos de amnistía que analiza el Legislativo y aseveró que debe existir un respeto a los Derechos Humanos, lo contrario, dijo, tendría un costo político alto pues se desconocería el derecho fundamental de la gente a la protesta pacífica en defensa de la naturaleza o temas sociales.

“Lo único que pedimos es democracia y respeto a los Derechos Humanos”

Insistió que a la par de hablar sobre pacificación a los dos minutos se ataquen a opositores, como al mismo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), por ello, mencionó, no tener muchas esperanzas en que se cumpla la palabra del mandatario.

Manifestó que a la Revolución Ciudadana no se le perdona haber cambiado las relaciones de poder, ya que a las élites como la banca y los medios de comunicación no se les permitió tomar el control: “Lo primero que hicimos es que la ciudadanía sienta que la Patria era suya, que tenían el derecho a vivir con dignidad y obra pública”.

Mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 327, el presidente Guillermo Lasso, anunció la eliminación total del impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para la importación de combustibles, incluidos los biocobustibles y el gas natural. Con la reducción del ISD de 4,75% a 0% para esta actividad, únicamente se elimina un posible ingreso para el fisco a cambio de incrementar el margen de ganancia para la empresa privada, sin que esto signifique ningún beneficio para el consumidor final, debido a los precios congelados para los derivados del petróleo como el diésel; las gasolinas extra y ecopaís y el gas de uso doméstico.

Tomando en cuenta que la política del Gobierno Nacional busca que el sector privado sea quien importe todos los combustibles que el mercado interno demanda, cuando esto se concrete y comparando con un escenario similar de importaciones al 2021 (enero-noviembre), el Estado no percibirá por concepto de ISD, un estimado de USD 181,78 millones, tal como podemos constatar en el siguiente cuadro:

Esta medida, sumada a la libre importación de combustibles para empresas privadas y al congelamiento con el incremento del 90% en el precio del diésel y del 45% para las gasolinas extra y ecopaís, evidencian el lucrativo negocio que significa para los grupos de poder la entrega de la importación y comercialización de los combustibles en el país.

Los trabajadores de la energía ya habíamos denunciado que la intención tanto de los gobiernos de Moreno como el de Lasso, nunca fue eliminar un supuesto subsidio a los combustibles y de esta manera aliviar la caja fiscal, sino que, por el contrario, el único fin que buscaban era hacer más lucrativo el negocio de la importación y comercialización de combustibles para el sector privado.

Además de los obvios privilegios en cuanto a impuestos, los privados que importen combustibles no deberán realizar inversiones o correr con ningún riesgo, pues se beneficiarán de la infraestructura ya instalada de Petroecuador, únicamente a cambio de una tarifa por su renta.

Confirmamos de esta manera que no existe inversión extranjera o por parte de privados nacionales, sino un aprovechamiento de la inversión del Estado para un negocio privado, a costa del bolsillo de toda la población y la depreciación, costos de mantenimiento y responsabilidad ambiental por la operación de la infraestructura petrolera por parte de la estatal Petroecuador.

La Comisión de Gobiernos Autónomos sesionará este viernes en doble jornada. La primera sesión se realizará a partir de las 09h30, para conocer los informes de labores presentados por los presidentes del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint y del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera.

De igual forma recibirá al legislador Peter Calo, a fin de que explique su proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

La segunda jornada será a partir de las 10h30, en la que comparecerá la Directora Técnica de Gestión Institucional, en representación de la Secretaria Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, con la finalidad de continuar el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de Predios que se encuentren en circunscripción de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo.

Así mismo, los comisionados escucharán las observaciones del equipo técnico de la mesa legislativa en relación al proyecto de Ley para la provisión de servicios de telecomunicaciones, principalmente en los sectores rurales del país.

Para tratar esta normativa, la Comisión ha escuchado criterios de representables del Consejo de Comunidades Rurales y Urbanas del Azuay; Subsecretaría de Telecomunicaciones; Ministerio de Telecomunicaciones; Asociación de Prestadores de Servicio de Internet; Federación Nacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos; y, otros expertos en el tema de telecomunicaciones.

Con 119 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ratificación de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que establece la prevención de la desaparición de especies, el mantenimiento de las relaciones ecológicas y el uso racional de los recursos. El área de la Convención abarca 35,710,006 kilómetros cuadrados, 10% de la superficie de los océanos de la tierra. Además, regula la pesca de las especies del océano Austral.

“El cuidado de nuestro planeta y la defensa de la naturaleza es responsabilidad de todos los países; por eso hoy con la aprobación de esta ratificación, Ecuador también es parte del compromiso internacional de proteger la Antártida y prevenir la desaparición de sus especies”, señaló la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca.

El legislador Fernando Cedeño, ponente del informe, destacó que la Convención permite la utilización de esta zona del planeta únicamente para fines pacíficos. Ecuador tiene presencia en esta zona y es parte de los países que actúan con voz y voto en torno a las decisiones que se adopten en esta materia.

Además, resaltó que entre sus beneficios está la pesca sostenible del bacalao, donde la vinculación del Ecuador a este instrumento internacional representará un enorme potencial de desarrollo sostenible por la pesca y la comercialización del bacalao antártico y otras especies de gran relevancia económica.

Previamente, en comisión general se recibió a varios especialista en el tema, el académico Jorge Constain Chang, aseguró que la adhesión a esta Convención ratificará el compromiso de Ecuador de salvaguardar las pesquerías y permitirá el acceso a la actividad pesquera en el área protegida. María Cristina Cely, directora de One Health Ecuador, recordó que la Antártica es un amplio espacio con gran importancia para el desarrollo de los pueblos. Mientras, el docente universitario Miguel Gualoto Oñate, dijo que Ecuador debería presentar una propuesta propia para participar de las iniciativas encaminadas a la conservación de los recursos antárticos y la lucha contra el cambio climático.

El debate contó con la participación de varios asambleístas, quienes recalcaron la importancia del ecosistema antártico para los intereses económicos del Ecuador, como el caso de Puerto López y Manabí, que recibe anualmente 17 millones de dólares por turismo relacionado con la presencia de las ballenas jorobadas.