Hechos Ecuador

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en cumplimiento de lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional, recibió a Fausto Murillo, presidente (e) del Consejo de la Judicatura, para que aclare y amplíe el contenido del informe labores de la institución a la que representa y responda los cuestionamientos de los asambleístas.

Fausto Murillo afirmó que la gestión se basa en la capacitación, integración, diálogo, seguimiento y control de la política abierta, tomando en cuenta la necesidad de transparentar el trabajo de la Función Judicial mediante el uso de tecnologías de la información.

Además, propiciar espacios y mecanismos de colaboración, alianzas y deberes para el trabajo colaborativo con distintos actores sociales en la implementación y evaluación del control social de los procesos y política de justicia abierta.

Indicó que son 39 unidades judiciales especializadas que cuentan con 110 jueces y juezas, que se encuentran ubicadas en las cabeceras cantonales en las que se requiere contar con servicio especializado.

La asambleísta Nathalie Viteri preguntó cuántas acciones de protección han sido interpuestas en los concursos para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional llevados a cabo por el Consejo de la Judicatura.

Así mismo, el legislador Ricardo Ulcuango sostuvo que el artículo 161 de la Constitución garantiza a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador ejercer sus funciones de administración de justicia bajo el parámetro tradicional y ancestral.

En otro orden, la mesa legislativa avocó conocimiento de la disposición del Consejo de Administración Legislativa se sustanciar las acciones ante el incumplimiento en la entrega de información por parte de la Dirección del Hospital Marco Vinicio Iza, requerida por el asambleísta Augusto Guamán Rivera.

En este sentido, Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión, expresó que la directora de un hospital está sujeta al mando de la Ministra de Salud Pública. Sin embargo, se llevará adelante el proceso previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando una autoridad no entrega la información requerida por los legisladores.

La Comisión del Derecho a la Salud visitará los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin de verificar el abastecimiento de medicamentos para atender enfermedades raras, huérfanas y catastróficas.

Estas visitas se las realiza en el marco de la disposición del Consejo de Administración Legislativa de investigar la actuación de los servidores públicos responsables de la adquisición de medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, así como la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos en el Sistema Nacional de Salud.

El recorrido iniciará este lunes 7 de enero de 2022, a las 10H00 en el Hospital Eugenio Espejo y a las 14H00 la Maternidad Isidro Ayora. La jornada continuará el martes 8 de febrero a las 10H00 con la visita el al Hospital de Niños Baca Ortiz y a las 14H00 el Hospital de Calderón.

El miércoles 9 de febrero, a las 10H00, visitarán el Hospital Carlos Andrade Marín del IESS y a las 14H00 el Hospital del IESS Sur.

Este domingo, 06 de febrero, la Comisión de Fiscalización y Control Político, con 5 votos a favor, aprobó el informe sobre el juicio político en contra de Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, en el cual se recomienda al Pleno de la Asamblea archive el referido proceso, considerando que sobre la base de los aportes y las comparecencias dentro de la actuación de pruebas, así́ como las pruebas documentales no se ha demostrado el incumplimiento de funciones.

En el informe, que cuenta con los aportes de los asambleístas Ana Belén Cordero, María Soledad Diab, Pedro Velasco, Marco Troya y Fernando Villavicencio se desprende que, en ninguna de las causales alegadas por el interpelante, el asambleísta Darwin Pereira, se evidencia que la economista Ruth Arregui Solano ha incurrido en incumplimiento de funciones constitucionales y legales como Superintendente de Bancos, por lo que recomienda el archivo de la presente solicitud de juicio político.

Fernando Villavicencio, presidente de la comisión, mencionó que al igual que otros juicios políticos trabajaron de forma orgánica y solicitaron a todos los despachos de legisladores, que en los tiempos requeridos y a fin de construir un informe en unidad de criterios, se entregue estos aportes.

Tras la lectura de las conclusiones y recomendaciones los asambleístas expusieron sus puntos de vista sobre el tema. La Comisión remitirá el informe a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea sometido a consideración del Pleno.

Comparecencia

En otro orden, a pedido del asambleísta Pedro Velasco, la Comisión decidió solicitar la comparecencia de los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional, quienes expondrán sus argumentos sobre supuestos manejos irregulares en la administración de los recursos de esta cooperativa.

Desde el miércoles 02 de febrero de 2022 entró en vigencia una nueva actualización del Lineamiento de Ingreso al Ecuador Continental e Insular por vía aérea. El documento fue emitido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/OtrosDocumentosNormativos

En este se indica que toda persona que ingrese al Ecuador continental por vía aérea internacional deberá presentar de manera obligatoria la Declaración de Salud del Viajero de forma digital al embarcar a la aerolínea.

La declaración se encuentra en https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/. Si no está disponible la plataforma se debe presentar el formulario físico. Cabe mencionar que los viajeros que llenen el formulario digital ya no requieren presentarlo en el punto de entrada al Ministerio de Salud.

Asimismo, todo pasajero que ingrese al país, mayor de 16 años, deberá presentar de manera obligatoria el carné de vacunación COVID-19, con al menos 14 días de vigencia después de completar el esquema. Además, el resultado negativo de una prueba de antígeno o el resultado negativo de prueba cualitativa RT-PCR en tiempo real realizada hasta 72 horas previo al embarque al Ecuador. Lo mismo para niños entre 2 y 16 años. Los tripulantes están exentos de estos requisitos.

Los pasajeros ecuatorianos declarados como INADMITIDOS en otros países y

Si el pasajero que en el vuelo o al momento del arribo al Ecuador presenta síntomas

Adicional, el lineamiento detalla las disposiciones de Ingreso al Ecuador insular (provincia de Galápagos) por frontera aérea. Informa que turistas extranjeros, turistas y/o residentes en Galápagos que ingresen al país, mayores de 16 años, deberán presentar de manera obligatoria el carné de vacunación con al menos 14 días de vigencia después de completar el esquema.

También, el resultado negativo de una prueba de antígeno o prueba RT-PCR en tiempo real realizada hasta 72 horas previo al embarque al Ecuador Insular. De la misma manera para niños entre 2 y 16 años. Los tripulantes están exentos de estos requisitos.

Para el ingreso de turistas nacionales o extranjeros se solicitará la tarjeta de control de tránsito emitido por el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos. Se elimina el salvoconducto gestionado por un operador turístico o por un alojamiento regulado por el Ministerio de Turismo.

Aclaratorias para el ingreso al Ecuador Continental e Insular:

Las únicas pruebas autorizadas para el ingreso al país son la prueba cualitativa RT-PCR en tiempo real o la prueba de antígeno para COVID-19. Por ningún motivo se aceptarán pruebas rápidas de anticuerpos (IGG e IGM).

Toda persona diagnosticada con COVID-19 y que luego de un mes siga obteniendo un resultado positivo en la prueba RT-PCR, deberá presentar certificado médico emitido en el país de origen que avale su estado de salud de no estar en fase de contagio para el ingreso al Ecuador, siempre y cuando, tenga ausencia de síntomas.

Dentro del proceso por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, la Fiscalía General del Estado vinculó a los ciudadanos Hugo Adolfo Ch. B., gerente comercial; Seiji N., exgerente de producción; y, Paúl Israel B. G., exgerente de recursos humanos, además de la persona jurídica Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador, a la causa investigada.

La jueza Susana Sotomayor dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica cada quince días ante la autoridad, la colocación del dispositivo de vigilancia electrónico para las tres personas naturales y la extensión de 30 días de la instrucción fiscal.

Además, reiteró la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles que se encuentren a nombre de la empresa Furukawa para garantizar posibles reparaciones integrales. Asimismo, confirmó las medidas de protección a favor de las víctimas, como la prohibición de concurrir a lugares donde se encuentren las víctimas, evitar de acercarse a las mismas y realizar actos de persecución e intimidación, ya sea por ellos o terceros, incluidos funcionarios de la empresa.

Hasta el momento, seis personas naturales y una jurídica son procesados en esta causa.

Entre los más importantes elementos de convicción presentados durante la audiencia, se encuentra el informe presentado por la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía General del Estado, cuyo contenido señala que en la empresa Furukawa se encontraron “[…] condiciones de vida, vivienda y trabajo indignos, precarios e inhumanos, lo que habrían configurado una forma de servidumbre de la gleba, forma contemporánea de esclavitud […]”.

Se incluyeron los informes de otras instituciones en donde –además de las inadecuadas condiciones laborales– se registraron presuntas violaciones a los derechos de acceso a la educación y salud, casos de personas no inscritas en el Registro Civil o contratos de arrendamiento que realizaba la empresa con los trabajadores para evadir sus responsabilidades laborales.

También se presentaron, las verificaciones, por parte de las empresas correspondientes, de la inexistencia de servicios básicos como agua, alcantarillado o luz eléctrica. Además, las versiones de las víctimas y directivos de la empresa.

Los ciudadanos vinculados sería los responsables del diseño y la implementación del sistema de arrendamiento de tierras, contratos que afectaban a los derechos laborales de los trabajadores y que brindaba beneficios extras a la empresa: “Modelo de producción” que obligaba a que la cosecha de abacá sea vendido, de manera exclusiva, a la empresa Furukawa.

El Consejo Nacional Electoral, este 5 de febrero de 2022, aprobó el inicio del proceso electoral para las Elecciones Seccionales y Elección de Consejeras y Consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023, cumpliendo así con la Disposición General Octava de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.

En este contexto, para dar cumplimiento a las fases de este proceso electoral, las autoridades del CNE en los próximos días aprobarán el Plan Operativo, Calendario y Presupuesto Electoral.

En estos comicios, que se realizarán en febrero de 2023, se elegirán a prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, miembros de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el período 2023-2027.

La posesión de las autoridades electas se realizará el 14 de mayo de 2023, según lo establece la Constitución y la ley.

Manabí necesita justicia y equidad territorial, subrayó el prefecto de esta jurisdicción, Leonardo Orlando, en su comparecencia ante la Comisión de Soberanía Alimentaria, que preside el legislador Mariano Curicama, como parte de su informe sobre los avances en la reconstrucción y mantenimiento del sistema de riego Carrizal-Chone, ubicado en el cantón Bolívar, provincia de Manabí.

Orlando indicó que se han iniciado los procesos precontractuales para la segunda fase del proyecto de reconstrucción, por un monto de 3,2 millones de dólares, para atender la necesidad de riego de, aproximadamente, 700 mil hectáreas. Sin embargo, dijo, “necesitamos el auxilio del Estado para que nuestros hermanos agricultores puedan ser atendidos de manera oportuna”.

Explicó que los fondos que reciben los gobiernos autónomos descentralizados por la competencia de riego son exiguos y para que sean transferidos por el Gobierno Central se requiere cumplir una “entrincada tramitología” que desalienta a las autoridades. Por ello, solicitó que la Asamblea busque los mecanismos legales para garantizar que los gobiernos locales reciban sus transferencias de manera automática.

Igualmente, la mesa recibió a representantes de los comuneros de la zona de influencia del sistema Carrizal-Chone, quienes demandaron celeridad en la reconstrucción de este importante proyecto. Recordaron que este sistema colapsó como consecuencia del terremoto de abril de 2016 y, hasta el momento, no se han cumplido las obras para su rehabilitación.

Desde el sector de los productores cacaoteros se mencionó que, pese a las dificultades logísticas y económicas propias de la emergencia sanitaria por la pandemia, las autoridades han estado haciendo las mejoras necesarias para mantener operativo el sistema de riego y sus beneficios son palpables.

La Comisión de Soberanía Alimentaria no descartó la posibilidad de agendar una visita al sitio para constatar la realidad que viven los comuneros y productores agrícolas de la zona de influencia del sistema Carrizal-Chone.

El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el segundo debate del proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, con el cual se viabiliza la sentencia de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“En el Pleno de la Asamblea hemos cumplido con crear un espacio participativo, democrático y laico en el que todas y todos los asambleístas representaron de manera responsable, con voz y con su voto, a todos sus mandantes", señaló la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca.

Los asambleístas analizaron el informe de mayoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que fue sustentado ante el Pleno por Johanna Moreira, quien subrayó que la mesa ha buscado defender los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, a quienes se las ha criminalizado y obligado a una maternidad forzada. “Hemos formulado un proyecto con criterios y argumentos técnicos y científicos, con el fin de entregar una herramienta efectiva a la sociedad”, añadió.

Desde las distintas bancadas hubo diversas opiniones en torno a este cuerpo legal, indicaron que el tema del aborto es un asunto de respeto de los derechos humanos y el principal de ellos, que es el derecho a la vida, puesto que no se puede sentenciar a muerte al niño no nacido. Así mismo, se esgrimieron argumentos orientados a la necesidad de reformar el artículo 45 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción.

Quienes defendieron la necesidad de establecer una temporalidad acorde con el desarrollo de la gestación, subrayaron que existe evidencia científica por la cual se demuestra que mientras más tarde se practica un aborto, existe mayor riego para la salud de la madre. También, consideraron que la norma no se refiere al agresor, a quien, si se debe aplicar una sanción mucho más fuerte, a fin de evitar la impunidad. Expresaron como alternativa, el acompañamiento especializado para preparar a la madre hacia un proceso de adopción.

Otros demandan una decisión firme para garantizar el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación a la interrupción del embarazo, sin que sean sometidas a una revictimización. Según este grupo no hay otra opción que aprobar la ley en los términos previstos en la sentencia de la Corte Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento.

Tras más de 40 intervenciones, la ponente del informe, asambleísta Johanna Moreira, solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, conceda el plazo de ocho días para que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recoja los planteamientos formulados en el segundo debate y se elabore el texto definitivo.

La Titular de la Legislatura cerró el segundo debate y, al tenor de lo dispuesto en el artículo 61, numeral 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, suspendió la sesión y concedió el plazo de ocho días para que la Comisión elabore el texto final que será sometido a votación en el Pleno.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió -en comisión general,  este 25 de enero- a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para revisar la propuesta de Calendario Electoral de las Elecciones Seccionales de 2023 y la elección de Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS),  en cumplimiento al Art.  84 del Código de la Democracia. 

En esta reunión,  la Función Electoral analizó la propuesta de calendario electoral,  que determina como fecha preliminar para el día de las votaciones de los comicios 2023, el 5 de febrero de 2023, la cual no tuvo objeciones por parte de las autoridades. 

También se presentó el calendario para el proceso de verificación de requisitos,  que es una etapa previa a la inscripción de candidaturas para el CPCCS.  Este proceso iniciaría con la elaboración y aprobación de la convocatoria a veeduría ciudadana,  prevista de forma tentativa para el 28 abril de 2022.

Al respecto,  la presidenta del CNE,  Diana Atamaint,  destacó los aportes de las autoridades.  Además,  señaló que las áreas técnicas adoptarán las observaciones y recomendaciones efectuadas en la sesión. 

Asimismo,  el titular del Tribunal Contencioso Electoral (TCE),  Arturo Cabrera,  reiteró el permanente compromiso del Tribunal para coordinar todas las actividades del cronograma.  "Por parte del TCE,  siempre estaremos dispuestos a brindar nuestro contingente",  manifestó. 

En esta sesión extraordinaria ambas instituciones abordaron las actividades de las etapas preelectoral,  electoral y postelectoral para los próximos comicios.  De acuerdo con la Constitución y la ley,  la posesión de las nuevas autoridades locales y de los consejeros del CPCCS se realizará el 14 de mayo de 2023.

Este martes,  01 de febrero,  la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social analizará tres informes para primer debate.  A partir de las 14h30, las iniciativas legislativas relacionadas con el régimen de Relaciones Laborales en Plataformas Digitales; a las 15h30, las propuestas concernientes al régimen de Equidad Salarial entre Mujeres y Hombres; y,  a las 16h30, el proyecto de Código Orgánico de Trabajo. 

Para el tratamiento del primer tema,  se unifican cinco proyectos: para regular la relación laboral de los trabajadores con las empresas de plataformas digitales; reforma al Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social para el reconocimiento de la relación laboral de los trabajadores de empresas que operan a través de plataformas digitales; de fortalecimiento del trabajo autónomo y semiautónomo para su ingreso en la economía formal; de Defensa y Fomento del Comercio Autónomo; y,  el proyecto de Ley de Fomento del Comercio y Defensa del Trabajo Autónomo. 

Estas iniciativas,  de forma general,  están orientadas a regular la actividad de las plataformas digitales.  La asambleísta Johanna Moreira propone garantizar los derechos laborales,  la seguridad social y terminar con la precarización laboral; además que se pueda constituir y formar asociaciones. 

El proyecto de Ley para el reconocimiento de la relación laboral de los trabajadores que operan a través de plataformas digitales de la asambleísta Johanna Ortiz pretende crear espacios laborales dignos,  justos y con una remuneración acorde a la normativa vigente y,  sobre todo,  abrir el debate social para buscar mejores opciones para los ecuatorianos. 

Mientras para el informe para primer debate de las iniciativas legislativas relacionadas con el régimen de Equidad Salarial entre Mujeres y Hombres se unifican los proyectos de Ley: para la equidad salarial entre mujeres y hombres; y,  las reformas al Código de Trabajo y a la Ley del Servicio Público respecto de la equidad salarial por el derecho a ganar lo mismo y el despido ineficaz. 

Por último,  a las 16h30, los legisladores profundizarán el estudio del informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico de Trabajo de iniciativa de los asambleístas Salvador Quishpe,  Cristian Yucailla,  Peter Calo,  José Chimbo,  Joel Abad y Patricia Sánchez.