Hechos Ecuador

En la sesión ordinaria No. 8, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la solicitud de reforma del Régimen Orgánico del Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva i Soberana, ahora denominado Movimiento Verde, Ético, Revolucionario, Democrático (MOVER), por cuanto la organización política cumplió con los requisitos de la ley electoral para efectuar estas modificaciones, aprobadas en su convención nacional.

Asimismo, el cuerpo colegiado acogió la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en la que se acepta parcialmente la petición de corrección presentada por Carlos Espinoza Cordero, respecto a su solicitud de recalificación de méritos en el concurso para la designación de los integrantes del Consejo de Educación Superior (CES) y Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).

Además, el Pleno del CNE resolvió negar la entrega de los formularios para la recolección de firmas para la Iniciativa Popular Normativa para reformar la Ley de Seguridad Social y la Ley del Banco del IESS, por incumplir con uno de los requisitos establecidos en la normativa.

Con 103 votos afirmativos, el Pleno del Legislativo encargó a la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control para que realice una investigación exhaustiva de la actual realidad y de todos los precedentes económicos y jurídicos del Banco del Pacífico, así como sus auténticas perspectivas financieras y que, a la mayor brevedad, entregue un informe completo y documentado a la Asamblea Nacional.

La moción, presentada por el legislador Joel Abad determina que el referido informe será materia de análisis en el Pleno, sobre el cual se puedan adoptar las mejores y más pertinentes resoluciones, con el fin de ejercer la obligación constitucional de fiscalizar y ejercer control político, así como defender los intereses nacionales y populares.

Esta resolución se adoptó tras la comparecencia del presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Iván Andrade Apunte, quien subrayó que el Banco del Pacífico es una entidad privada, sólida, fortalecida y solvente. “El 92.6 % del capital del Banco corresponde a los depósitos de los ecuatorianos, es un banco privado, cuyo dueño es la CFN. “Nosotros estamos fortaleciendo esta entidad bancaria, a través de varios mecanismos y para ello estamos manejándolo con prudencia”, añadió.

Explicó que el proceso de venta será solo con la participación de oferentes internacionales y no se permitirá que en esas empresas intervengan como accionistas, ni directa ni indirectamente, personas naturales o jurídicas ecuatorianas. El siguiente paso será la actualización de la valoración del banco, que concluirá este mes, añadió.

Según el presidente del directorio de la CFN el banco cerró el 2021 con un patrimonio de 819 millones de dólares, mantiene 15.747 puntos de atención al cliente, pues sigue siendo el banco que atiende efectivamente a todos sus clientes, en todos los rincones del país.

Posteriormente se desarrolló el debate en el cual participaron nueve asambleístas. Entre los principales criterios expuestos por los legisladores hubo afirmaciones en el sentido que, este pedido de información no responde a los intereses de los depositantes, sino a motivaciones eminentemente políticas. Así mismo, preguntaron cuál es la urgencia de vender un banco que es rentable para el país y que cuenta con la confianza de más de dos millones de clientes.

Además, comentaron que si supuestamente es un banco que está bien, el cierre de agencias y oficinas en distintas ciudades del país genera inquietud en la cartera de clientes, quienes se ven obligados a llevar sus cuentas al “banco de al lado”. A la vez, se formularon llamados a desarrollar un proceso de venta claro, transparente y, sobre todo, técnico, que garantice los intereses de los depositantes.

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La Comisión de Fiscalización y Control Político sesionará este viernes, 11 de febrero, a partir de las 09h00, con el propósito de avocar conocimiento y calificar la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Ronny Aleaga Santos, en contra de Carlos Riofrío González, contralor general del Estado subrogante, por incumplimiento de funciones determinadas en la Constitución y la Ley.

Según la solicitud de enjuiciamiento, el Contralor habría incurrido en incumplimiento de funciones, al inobservar lo previsto en el artículo 31 numeral 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, respecto del ejercicio de las competencias, así como el mandato del artículo 18.1, en torno a la formulación de informes previos a la contratación de obras públicas.

Además señala que con fecha 19 de agosto de 2021, se reformó la Ley de la Contraloría a través de un acuerdo institucional, sin respetar la jerarquía de la norma, hecho que a criterio del interpelante representa incumplimiento de funciones, configurándose de esta manera otra causal de juicio político.

La solicitud de juicio político, además del apoyo de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), a la que pertenece Ronny Aleaga, cuenta con el respaldo de legisladores del Movimiento Pachakutik y del Partido Social Cristiano.

Trámite

De conformidad con lo establecido en el artículo 81, incisos primero y segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario la archivará.

Una vez calificado el trámite, la Comisión notificará al funcionario sobre el inicio de este, acompañado de la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que, en el plazo de quince días, presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes. En el mismo acto notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que, dentro del plazo de quince días que se encuentra transcurriendo, presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.

Este miércoles 9 de febrero de 2022, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional continuó las visitas en los hospitales públicos de la ciudad de Quito, para verificar el desabastecimiento de medicamentos.

A las 10H00, los legisladores estuvieron en el Hospital Carlos Andrade Marín y a las 14H00 se trasladaron al Hospital del Iess del sur de Quito, donde constataron el nivel de abastecimiento de medicinas en estas casas de salud. También, recorrieron las instalaciones para verificar los servicios hospitalarios y conversaron con pacientes.

Los recorridos a los hospitales del sistema público de salud se realiza en el marco de la investigación que fue dispuesta por el Consejo de Administración Legislativa, para que se investigue la actuación de los servidores públicos inmersos en la compra de medicamentos necesarios para el tratamiento de personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, así como la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos en el Sistema Nacional de Salud.

El presidente de la Comisión, Marcos Molina recalcó que este es un trabajo en conjunto de los 9 asambleísta miembros de la mesa legislativa, quienes paralelamente inspeccionan las casas de salud en sus respectivas provincias y cuyo resultado se evidenciará en un informe que pondrán a consideración de la ciudadanía.

En el Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló la audiencia de juzgamiento contra Guido A., exgerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps); Astrid A., exdirectora del departamento de Seguridad e Higiene; Mateo A., exgerente de Ambiente de Epmaps; y Sandra O., representante de la empresa Silverti.

El fiscal a cargo del caso, Mario Muñoz, presentó su alegato de apertura, donde señaló que mediante prueba testimonial, pericial y documental, Fiscalía probará la responsabilidad de los procesados en el delito investigado.

En este primer día de audiencia, Fiscalía presentó ante el Tribunal más de diez testigos, entre peritos, agentes investigadores del caso, policías que participaron de los allanamientos de junio del 2020, diligencias que fueron ejecutadas por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, conformada por la Fiscalía General del Estado para investigar actos de corrupción en el contexto de la pandemia por Covid_19.

Fiscalía inició la investigación de este caso luego de conocer que el proceso precontractual y contractual para la adquisición de insumos de bioseguridad, entre la empresa Silverti y la Epmaps, por un valor de 167.920 dólares, habrían existido irregularidades.

La diligencia se reinstalará mañana, jueves 10 de febrero a las 8:30, para que Fiscalía continúe con la presentación de su prueba.

Información jurídica

El delito de peculado se encuentra tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con una pena privativa de libertad de entre diez y trece años.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado escuchó los comentarios de los juristas Juan Francisco Guerrero y Juan Pablo Aguilar en torno al proyecto de Ley Orgánica de Repetición,  en el marco de la construcción del informe para primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. 

Juan Francisco Guerrero,  tras destacar la apertura de la comisión para escuchar los criterios de expertos para considerar aspectos que pueden mejorar el proyecto,  recordó que el derecho de repetición tiene una base constitucional desde 1988, pero que no se ha regulado de manera adecuada,  por lo que es grato que se haya tomado la decisión de tratar este proyecto de ley para recuperar lo pagado por el Estado como consecuencia de la mala actuación de los servidores públicos. 

Resaltó que este proyecto permitirá establecer un límite claro a la arbitrariedad y al poder,  pues los servidores públicos al saber que sus actuaciones pueden tener consecuencias jurídicas en su patrimonio van a pensar y reflexionar antes de actuar de manera arbitraria. 

Explicó que en el ordenamiento jurídico vigente la norma que desarrolla el derecho de repetición es la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional desde el año 2009, pero que tiene una limitación,  pues solo contempla su aplicación cuando el Estado es condenado en procesos de garantías constitucionales o en materia de derechos humanos. 

También afirmó que frente a ello el proyecto que debate la comisión tiene un avance significativo,  pues amplía el ámbito a las sentencias que pueden dictarse en la justicia ordinaria,  como el Tribunal Contencioso Administrativo y los laudos arbitrales,  a la vez que sugirió incluir un régimen sancionatorio cuando no se inicia el proceso de repetición. 

De su lado,  el jurista Juan Pablo Aguilar comentó que se trata de un proyecto útil y necesario porque en la práctica no se ha ejercido el derecho de repetición,  a la vez que expresó su preocupación porque el tema es abordado en varias normas sueltas que mas bien han hecho imposible su aplicación. 

Tras indicar que se debe incluir los laudos nacionales para aplicar la repetición,  expresó que la Contraloría General del Estado tiene la posibilidad de ejercer una especie de repetición,  a través de la aplicación de responsabilidades. 

Además,  sugirió que el tema no sea tratado como una ley especial,  sino a través de una reforma al Código Orgánico General de Procesos (COGEP) e introducir las reglas específicas sobre repetición,  que no pueden ser distintas a las generales que ya constan en la Constitución,  y derogar todas aquellas normas sueltas que sobre el tema existen en otras leyes. 

El Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional se reunió este miércoles 9 de febrero del 2022 para analizar la situación epidemiológica y la semaforización por el covid-19 en el Ecuador. 

Las entidades convocadas para estos anuncios son el COE Nacional,  el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

Estos son los nuevos aforos:

En actividades esenciales el aforo pasó del 85 al 100% en el caso del semáforo verde; del 60 al 75% en el caso del semáforo amarillo; y del 30 al 50% en el caso del semáforo en rojo. 

En el transporte público se mantiene la modalidad de todos los pasajeros sentados en los tres colores del semáforo epidemiológico. 

En restaurantes,  cines,  teatros,  gimnasios,  balnearios,  entre otros se pasó del 85 al 100% en aforo de interiores y en exteriores se mantiene el aforo del 100% para el semáforo verde; del 60 al 75% de aforo en interiores y se mantiene el 85% de aforo en exteriores en el semáforo amarillo.  En el semáforo rojo se pasó del 30 al 50% de aforo en exteriores y del 50 al 75% en exteriores. 

Para bares,  karaokes,  discotecas y similares en semáforo verde se mantiene el aforo del 85%; en semáforo amarillo se pasó del 50 al 60% en interiores y del 60 al 75% en exteriores; y en semáforo rojo se mantiene el 30% de aforo. 

Para actividades al aire libre como playas,  parques,  espacios públicos,  entre otros,  se mantiene el aforo del 100% en semáforo verde.  En amarillo y rojo también se mantiene el aforo del 75 y 50% respectivamente.  Para los tres casos los eventos quedan sujetos a autorización del COE Nacional. 

Feriado de Carnaval

La ministra de Salud,  Ximena Garzón,  manifestó que el país vive una tendencia a la baja tanto en contagios como en fallecimientos por covid-19.

Sobre las variantes en el país,  la Ministra aseguró que en Ecuador solo hay un 2% de casos de Delta y un 98% de casos de Ómicron.  En dos semanas,  dijo,  calcula que habrá un 100% de Ómicron en el país.  Ya no hay otras variantes como Alfa o Gamma. 

Sobre el próximo feriado que se avecina en el país por Carnaval dijo que este será “mucho más seguro” pues la variante Ómicron desplazará a la Delta,  misma que aseveró ya no tendrá presencia en Ecuador. 

“Si queremos tener un Carnaval seguro tenemos que vacunarnos,  tenemos las condiciones como para tener un buen feriado”,  dijo la titular de Salud. 

Requisitos de ingreso a Ecuador

Juan Zapata,  director del COE Nacional,  anunció que desde el viernes 11 de febrero ya no se necesita presentar una prueba PCR y/o de antígenos para ingresar a Ecuador y Galápagos.  Se pedirá el certificado de vacunación con código QR o “en casos excepcionales” el carné de vacunación contra el covid-19.

Vacunación en niños de 3 a 5 años

La ministra de Salud confirmó que desde el 15 de febrero se empezará a vacunar contra el covid-19 a los infantes de entre 3 y 5 años de edad. 

Legisladores cuestionan supuestas irregularidades en el proceso para la elección del contralor. 

Asambleístas d Pachakutik,  UNES y el Partido Social Cristiano (PSC) intentan que el pleno del Parlamento someta a juicio político a cuatromiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por supuestas irregularidades en el proceso para la elección del contralor general del Estado definitivo. 

El grupo de legisladores presentó la solicitud para iniciar el trámite en contra de María Fernanda Rivadeneira,  Ibeth Estupiñán,  Francisco Bravo y Hernán Ulloa. 

Los asambleístas Mireya Pazmiño y Salvador Maita impulsan este proceso,  que debe ser calificado inicialmente por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). 

Según Pazmiño,  la iniciativa cuenta con el respaldo de al menos 80 de sus colegas.  Ella cuestiona que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pretendan modificar el reglamento para nominar al contralor. 

Asimismo,  expuso en sus redes sociales que "circulan audios de conversaciones entre una consejera y una postulante donde manifiesta su respaldo".  "Esto es antiético y vergonzoso",  aseveró. 

Para Estupiñán,  esta acción es una intención para amedrentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  "Los partidos políticos no respetan la independencia y autonomía del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social",  precisó. 

Mientras que Ulloa asevera que en el actual reglamento para designar al contralor se le da una potestad especial a la presidenta del Consejo,  Sofía Almeida,  que pone en dudas el proceso. 

Evitar el desperdicio de los alimentos perecibles o no perecibles que aún son aptos para el consumo humano y a través de la donación mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria es lo que busca la Asamblea con el proyecto de Ley para Prevenir y Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre de las Personas en situación de Vulnerabilidad que hoy fue tratado en segundo debate por el Pleno del Legislativo,  sobre la base del informe preparado por la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte. 

"Es increíble que aún con las riquezas del campo ecuatoriano,  seamos el segundo país de la región con el mayor índice de desnutrición crónica infantil.  Por eso,  como parte de la minga por la salud que lideramos desde la Asamblea Nacional,  priorizamos este proyecto de ley que busca reducir y prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos,  beneficiando a las personas que sufren de vulnerabilidad alimentaria,  principalmente a nuestros niños,  niñas y jóvenes",  expresó la presidenta del Parlamento,  Guadalupe Llori Abarca. 

En su intervención,  Marcos Molina,  presidente de la mesa legislativa,  subrayó que la ley busca que las grandes empresas de alimentos sean solidarias y que este acto de donación no sea una alternativa sino una responsabilidad ética,  que ayude a quienes más lo necesitan. 

Respaldo al proyecto

Previo al debate,  se recibió en comisión general a Rubén Salazar,  de la Corporación La Favorita; Juan Pablo Grijalva,  El Ordeño S. A; Andrés Seminario,  del Movimiento Sobre la Mesa y Consultora Actúa Verde; Ricardo Martínez,  experto en manejo de marcas con enfoque sostenible; y,  Santiago Granda,  director de la Escuela de Arte Culinario de Guayaquil,  quienes dijeron que la normativa es buena y tiene un espíritu positivo. 

Pidieron considerar conceptos como el valor comercial,  lo que es la donación y quienes son personas vulnerables; revisar aspectos logísticos como qué pasa con el proceso de donación,  donde se genera la pérdida y el desperdicio de alimentos,  y establecer acciones puntuales para el aprovechamiento de los alimentos. 

Solidaridad y responsabilidad social

“Combatir el hambre debe unirnos”,  dijo la asambleísta Dallyana Passailaigue,  proponente del proyecto,  tras señalar que la ley popularmente conocida como “Pancita Llena” busca que la solidaridad y responsabilidad social de productores,  procesadores,  distribuidores,  comercializadores e importadores de productos alimenticios sea una práctica permanente en Ecuador.  “Es una ley que visibiliza la dinámica de la donación de alimentos y hoy en pospandemia se convierte en urgente,  porque está dirigida aquellos que menos tienen”,  puntualizó. 

De los 10 asambleístas que participaron en el debate,  destacaron que se trata de una ley positiva que permite actuar para evitar el desperdicio de alimentos,  que fue elaborada pensando en superar las brechas de desigualdad alimenticia; establece incentivos para donantes; convenios y prohibición de la venta de donaciones y promueve ferias alimentarias. 

La presidenta de la Asamblea Nacional,  Guadalupe LLori en cumplimiento del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y acogiendo el pedido del legislador Marcos Molina,  presidente de la Comisión de Salud,  suspendió el tratamiento del tema,  a fin de procesar y sistematizar las recomendaciones formuladas en el Pleno para la posterior aprobación del texto final. 

Establecer un régimen jurídico para fomentar, regular, promover, asegurar y fortalecer la producción láctea, es uno de los objetivos del proyecto de Ley para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del precio de la Leche y sus Derivados, que se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

"Con este proyecto de ley buscamos mejorar la salud y la alimentación de todo el país; apoyando a los productores nacionales de leche, especialmente a los pequeños campesinos y ganaderos, con normas que les permitan competir de manera justa, vendiendo sus productos a un precio adecuado y sin los graves perjuicios del contrabando de la leche o de su suero", expuso la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca.

El cuerpo normativo forma parte de la Agenda Parlamentaria 2021 – 2022 en la Minga por la economía, el desarrollo productivo, empleo, derechos laborales y seguridad social, que busca promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación.

El debate de realiza sobre la base del informe preparado por la Comisión de Soberanía Alimentaria, que previamente escuchó los aportes de instituciones públicas y privadas, de representantes de la sociedad civil, así como de varios expertos y especialmente de la ciudadanía en general que pertenecen al sector ganadero productor de leche.