Hechos Ecuador

La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero escuchó nuevas propuestas del sector pesquero artesanal e industrial, como parte del estudio previo a la elaboración del informe para segundo debate de las reformas a la Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca.

En efecto, Ramón González, representante del Colectivo Redes y Uniones de Organizaciones Pesqueras Artesanales del Ecuador, cuya actividad se desarrolla en la provincia de Santa Elena, tras recordar que el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), declaró al 2022 como el año de la pesca, recomendó a la comisión fortalecer los mecanismos de asociación de los pequeños productores, hecho que coadyuvará a la sostenibilidad de las actividades pesqueras.

Así mismo, pidió se refuerce la seguridad de los pescadores frente a la constante amenaza de los asaltantes del mar, puesto que el ataque de los piratas a sus compañeros en las faenas de pesca deja pérdidas por el orden de los 80 millones de dólares.

De su lado, Mónica Maldonado, directora Ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros, alertó sobre la urgencia de contar con una reforma legal que garantice el desarrollo de la pesca, como un segmento productivo que genera ingentes recursos para el país, en el rubro de exportaciones.

El titular de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mariano Curicama reiteró que esta reforma no corresponde al actual período legislativo, sino que proviene del ciclo legislativo anterior, pero además, en gran parte, la tarjeta amarilla responde a la falta del Reglamento a esta ley, que no es responsabilidad de la Asamblea, sino del Ejecutivo.

Con 85 votos a favor, 15 en contra y 32 abstenciones, el Pleno censuró y destituyó a la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, este martes 22 de febrero del 2022.

La resolución se tomó con base a una moción del asambleísta Darwin Pereira, de Pachakutik, quién acusó a Arregui de incumplir funciones por ocho causales, principalmente, relacionadas al control a la banca.

Con esta decisión, Arregui no podrá volver a ejercer cargos públicos por dos años. Ella también encabezada la Función de Transparencia y Control Social.

Para esta decisión fueron decisivos los votos de las bancadas de Unes, de la Izquierda Democrática y de Pachakutik, aunque hubo asambleístas que como Ricardo Vanegas que señalaron que Arregui supo desvirtuar las acusaciones ante el Pleno, por lo que se abstuvieron.

El PSC se abstuvo. En el oficialismo hubo votos en contra y abstenciones. Dos legisladores votaron en blanco. La resolución alcanzó 15 votos más de los que necesitaba para ser aprobadas.

Pereira puso a los asambleístas en una disyuntiva: entre quienes estaban a favor de los clientes de la banca y quienes defienden a las instituciones financieras.

“Nosotros no podemos venir aquí a sancionar a alguien a la que no se ha demostrado que ha incumplido en sus funciones”, dijo Vanegas.

Para la interpelación, Pereira tuvo el apoyo de Alexandra Arce, de Unes. El correísmo también señaló que Arregui no entregó información sobre el caso Pandora Papers.

El procedimiento se dio pese a que el informe de la Comisión de Fiscalización recomendó el archivo de esta causa por falta de sustento.

En su defensa, Arregui aseguró que, en los últimos dos años, desde que asumió el cargo, se aplicaron multas por más de USD 1 millón a los bancos.

Antes de despedirse pidió a los asambleístas “que su decisión se base en estos argumentos de fondo y que no se convierta este supuesto juicio político en un episodio más de pugna de poderes“.

Fiscalía procesó a una persona detenida por su presunta participación en un asesinato registrado en el Bloque 2 de Bastión Popular, en Guayaquil: la víctima perdió la vida luego de que un cartucho de dinamita explotara en su cabeza.

Según la denuncia de la madre del occiso, él se encontraba bebiendo con dos personas cerca a su domicilio y a las 05:30, aproximadamente, escuchó una fuerte explosión por lo que salió a ver lo que sucedía. Mientras tanto, una de sus hermanas –que vive a dos cuadras del lugar– avisó a la familia sobre la muerte de Andrehus Yasnari V. D., indicando que un individuo en una moto había salido en precipitada carrera del lugar de los hechos junto a un automotor, luego de la detonación.

Un testigo identificó al ocupante de la motocicleta e informó las características físicas y del vehículo a personal de la Dirección de Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), de la Policía Nacional.

Enseguida, en coordinación con Fiscalía, allanaron el domicilio del presunto victimario, ubicado en el Bloque dos de Bastión Popular. Allí se encontró la indumentaria y el automotor con las características señaladas.

Además, se encontraron un teléfono celular y cinco soportes cilíndricos (dos cartuchos envueltos en papel parafinado y tres cartuchos con envoltura plástica roja. Este último, explosivo secundario de alto poder). Con esa evidencia, Bryan Rafael R. S. fue detenido, trasladado a la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo y puesto a órdenes de las autoridades judiciales.

En la audiencia de flagrancia, desarrollada la madrugada de este lunes 21 de febrero, el fiscal Yéferson Caicedo Valencia presentó como elementos de convicción: el parte informativo y de aprehensión, la denuncia de la madre de la víctima, el material explosivo y el celular encontrado en la vivienda del procesado, que fueron ingresados en cadena de custodia de la Policía Judicial.

El juez de Garantías Penales Marco Torres acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Bryan Rafael R. S.

La instrucción fiscal durará treinta días.

Información jurídica

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 140, numerales 5 y 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado conoció el avance del plan de seguimiento y evaluación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que fue propuesto por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca.

Cabe destacar que la comisión conformó una subcomisión integrada por los legisladores Sofía Espín, Dina Farinango, Jhajaira Urresta, Johanna Moreira y Fausto Jarrín, quienes forman parte del equipo de trabajo que ejecuta el plan de seguimiento.

Andrés Moyón, funcionario de la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, recordó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé el procedimiento de evaluación, para que el Legislativo pueda realizar, de ser necesario, procesos de fiscalización y control político y promover reformas legales para asegurar una mejor aplicación de la ley.

Manifestó que en este marco tienen previsto realizar nueve visitas al territorio, revisar 10 artículos y una disposición general de la ley, con énfasis en mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes, para verificar la aplicación de la normativa. También determinarán las autoridades que comparecerán en la mesa técnica y la realización de mesas itinerantes.

Además, el funcionario explicó que el trabajo se desarrolla en cinco ejes: prevención, erradicación, atención, protección y reparación a las víctimas y que en ese ámbito se preocupan en la búsqueda de información relevante, estudios, informes y propuestas que aporten a la detección, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Recordó que, de acuerdo con el cronograma, que inició la segunda semana de febrero, el trabajo concluirá la última semana de julio con la aprobación del informe no vinculante que determinará si la ley ha cumplido con sus fines y ha sido de ayuda para la prevención y eliminación de la violencia de género.

En otro orden, el presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo anunció que el miércoles próximo escucharán el cuarto reporte de avance del trabajo que realizan las subcomisiones en materia penal y no penal, encargadas de revisar y analizar los diferentes proyectos de ley rezagados, luego de avocar conocimiento de varias propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal y al Código de la Democracia, entre otras.

En el marco de la fiscalización y seguimiento por el hundimiento de viviendas en Zaruma a causa de la minería ilegal, la Comisión de Biodiversidad sesionó este viernes en el Teatro Sucre, de la provincia de El Oro, a fin de escuchar a mineros artesanales, moradores, representantes de la sociedad civil, organizaciones sociales y autoridades del cantón.

Rodrigo Figueroa, representante de la Asociación de Casas Patrimoniales, lamentó que el Estado no haya atendido con anticipación las alertas que desde el cantón realizaron. Solicitó a la comisión que sea el nexo con el Gobierno para la asignación de recursos económicos para recuperar los bienes patrimoniales que se han perdido en Zaruma producto de la minería ilegal.

Dilmo Gia Cuenca, concejal y miembro de la Comisión de Asuntos Mineros del GAD de Zaruma, solicitó que se realice una auditoría integral de todas las concesiones mineras, especialmente a la Cocha, que a su criterio tiene más de 600 hectáreas. De igual forma sostuvo que es importante conocer el número de sociedades mineras con contrato de operación que existen dentro de cada una de las concesiones. Finalmente sugirió que se ejecute un seguimiento de las denuncias por minería ilegal presentadas en la Fiscalía.

El presidente de Defensa del Agua y la Vida, Freddy Motoche y Bolívar Bravo, presidente de la Asamblea Local Ciudadana, mencionaron que están trabajando en un documento que contiene observaciones a la Ley de Aguas, en el que solicitan la prohibición de ejecutar minería metálica en las fuentes hídricas de las zonas frágiles.

Según los testimonios de los representantes de las organizaciones sociales de Portovelo y Zaruma, existen hundimientos en diferentes zonas de los cantones. Piden que se entreguen los avances del levantamiento topográfico de las labores mineras subterráneas y una constante comunicación para lograr tranquilidad entre los zarumeños.

La vicepresidenta de la comisión, Consuelo Vega, se solidarizó con los pobladores de Zaruma. Informó que en la mañana realizaron una verificación de los túneles mineros y evidenciaron la grave situación que afecta a miles de familias. Por su lado, el legislador Cristóbal Lloret hizo un llamado a las autoridades para que se asigne a la brevedad posible el presupuesto para la reconstrucción del cantón afectado.

El presidente de la mesa legislativa, Washington Varela agradeció la participación de las organizaciones sociales y autoridades y resaltó que desde la Comisión están aplicando mano dura contra la corrupción, especialmente en el área ambiental.

El proyecto propone disminuir en un 25 % el total de la remuneración que reciben los exmandatarios. Además, se ampliarían las causales para terminar este beneficio.

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto que reforma a la Ley del Servicio Público sobre el Régimen de Pensiones Vitalicias de Expresidentes y Exvicepresidentes de la República, por el cual se busca regular la asignación, pago y beneficiarios de la pensión vitalicia para los exmandatarios que hayan sido elegidos de manera democrática.

La propuesta unifica doce proyectos que reforman la Ley de Servicio, que fueron presentados por varios asambleístas entre diciembre del 2018 hasta julio del 2021.

Como ponente del informe, Rina Campain, presidenta de la Comisión del Derecho al Trabajo y Seguridad Social, subrayó que la propuesta busca un equilibrio jurídico y práctico a esta problemática. “Los cambios procuran reducir el goce del 75 % del total de la remuneración recibida por los exmandatarios al 50 % y se amplía a cinco las causales para la terminación del beneficio”, expresó.

La mayoría de los legisladores coincidieron en la eliminación de abusos. Además, que se debe regular y fijar limitaciones para el goce de este beneficio.

Los legisladores de Pachakutik, Mario Ruiz, Bruno Segovia, Darwin Pereira, Manuel Medina y Peter Calo, consideran que las pensiones vitalicias deben eliminarse. Aseguraron que más de 81 mil dólares se gastan al mes en pensiones vitalicias, mientras no hay plata para atender a los maestros o invertir en medicina.

La parlamentaria Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, señaló que no se puede afectar a exmandatarios probos y que han terminado su período constitucional; solo a aquellos que no concluyeron su período o fueron sentenciados.

Luis Almeida, del Partido Social Cristiano, no está de acuerdo que se ponga muchas restricciones. Dijo que las pensiones deben ser solo para los exmandatarios que hayan sido elegidos por el pueblo.

La Comisión del Derecho al Trabajo procesará cada una de las observaciones y continuará con el proceso respectivo, previo la elaboración del informe para segundo debate.

El Pleno de la Asamblea Nacional debatió el proyecto de resolución propuesto por el legislador, Ángel Maita, a través del cual se buscaba exigir la no intromisión de las distintas funciones del Estado en las atribuciones constitucionales y legales para llevar a cabo los concursos de designación de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En su propuesta se pretendía exhortar a todas las autoridades del Estado a contribuir en la construcción de instituciones públicas sólidas, mediante la garantía de independencia en los procesos de designación de autoridades.

El proyecto de resolución no contó con el respaldo de la mayoría de la Legislatura, por lo cual no reunió el mínimo de votos necesario (70) para su aprobación.

En el marco de la fiscalización y seguimiento al hundimiento de viviendas a causa de la minería ilegal en el casco urbano del cantón Zaruma, producido el 15 de diciembre de 2021, la Comisión de Biodiversidad sesionará en el Teatro Sucre, del referido cantón, provincia de El Oro, a las 17h00. En la agenda de trabajo está previsto recorrer la zona 0 del socavón y recibir en comisión general a autoridades, representantes de la sociedad civil y organizaciones sociales.

Estarán presentes, Jhansy López, alcalde de Zaruma; Paulina López, alcaldesa de Portovelo; Clemente Bravo, prefecto de la provincia de El Oro; Cristian Torres, director del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias; Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables; Jaime Cepeda, director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables.

También, Dilmo Gia Cuenca, miembro de la Comisión de Asuntos Mineros del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zaruma; Rodrigo Figueroa Ordóñez, representante de la Asociación de Casas Patrimoniales; José Ochoa, presidente del Comité Comunitario; María Yaguache, presidenta de la Cooperativa de Vivienda Porto-Bello; Manuel Carrión, asesor jurídico del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos.

Igualmente, acudirán Simón Castro Loayza, representante de mineros artesanales; Roque Cevallos, damnificado por el hundimiento de 2 de sus propiedades el 15 de diciembre de 2021; Bolívar Bravo, presidente de la Asamblea Local Ciudadana; Freddy Motoche, presidente de Defensa del Agua y la Vida; Byron Cuenca, representante del Colectivo de la Biodiversidad; Franco Fernández, coordinador nacional de derechos humanos; el ciudadano Edgar Oscullo; Geólogo Jorge Espinosa, exveeduría ciudadana; Marco Gálvez, presidente de la Asociación “Vendería un Zaruma para Todos”; Vladimir Álvarez, presidente del Colegio de Ingeniero Ambientales de El Oro, entre otros.

Con 75 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que dispuso a la Defensoría del Pueblo la presentación del proyecto de ley en mención, esta propuesta normativa fue analizada en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, sobre la base de criterios técnicos, científicos y de diversas organizaciones de derechos humanos, grupos feministas y de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Este día, la Asamblea ha dado una nueva muestra de la responsabilidad y transparencia cumpliendo la labor delegada por sus mandantes. Hoy, el Pleno del Legislativo tomó una decisión mayoritaria después de un amplio debate participativo, laico y democrático, sobre un proyecto de ley de gran importancia para el presente y para el futuro de las niñas, adolescentes y mujeres del país", expresó la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca.

El cuerpo normativo tiene por objeto garantizar, proteger y regular el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes a la interrupción voluntaria de su embarazo en casos de violación, garantizando sin discriminación su dignidad, autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La ponente Johanna Moreira comentó que luego de un debate exhaustivo hoy la normativa se ajusta a la realidad del pueblo ecuatoriano y de las víctimas de violencia sexual. "Tenemos un texto final que nos acerca a tener las voluntades del Pleno, esta es una Ley que garantiza el respeto a los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes", resaltó.

Respecto de los plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto prevé las 12 semanas de gestación como límite máximo. Excepcionalmente, considerando características especiales y que merecen atención prioritaria por parte del Estado, al tratarse de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad de pueblos y nacionalidades, este procedimiento se podrá realizar hasta las 18 semanas de gestación. Debido a la condición especial de discapacidad mental víctimas de violación, se observarán y cumplirán las mejores prácticas médicas.

Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por el profesional de la salud luego de los exámenes correspondientes, y en caso de encontrarse dentro de las semanas autorizadas por esta ley, se procederá a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por la violación.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL),  con el voto unánime de los seis integrantes presentes calificó a trámite tres solicitudes de juicio político,  por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley en contra de los integrantes del Consejo Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de la expresidenta y los miembros del Consejo de la Judicatura. 

En el primer punto el CAL calificó la solicitud de enjuiciamiento en contra de los 7 consejeros del CPCCS,  presentada por los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo,  la cual se fundamenta en la designación de César Córdova como Defensor del Pueblo encargado; la destitución del vocal del Consejo de la Judicatura,  Fausto Murillo; y,  por el nombramiento de Pablo Iglesias Paladines como Superintendente de Ordenamiento Territorial. 

Así mismo,  admitió a trámite la solicitud de juicio político de los proponentes Ángel Maita Zapata y Mireya Pazmiño Arregui en contra de Hernán Ulloa,  María Fernanda Rivadeneira,  Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo,  miembros del CPCCS,  por haber modificado el reglamento para elegir al nuevo Contralor General del Estado aprobado por el organismo en agosto pasado. 

Finalmente,  el CAL calificó la solicitud de juicio político presentada por Viviana Veloz Ramírez y Fausto Jarrín Terán,  contra María del Carmen Maldonado,  expresidenta,  y Fausto Murillo Fierro,  Ruth Barreno Velín y Juan José Morillo Velasco,  vocales del Consejo de la Judicatura. 

La Secretaria General de la Asamblea Nacional remitirá en un plazo máximo de tres días,  la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento,  al Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el trámite,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.